Chihuahua, Chih.

Las recientes críticas a los libros de texto de la SEP no deberían centrarse en los contenidos, sino en la forma en la que se desarrollaron los materiales

De acuerdo a la ley, el gobierno debe garantizar que los materiales contribuyan a los fines de la educación.

Desde seis décadas atrás la elaboración de los libros de texto ha producido siempre un conflicto político. Así ocurrió a partir de los que se hicieron por primera vez —con el carácter de gratuitos y únicos— en la época de López Mateos (por Torres Bodet y Martín Luis Guzmán), los de Echeverría y los de Salinas. 

Cada uno de estos conflictos por diferentes razones y con diferentes actores. Algunos de estos últimos con papeles intercambiables según el momento. Así, por ejemplo, el SNTE de la maestra Gordillo echó abajo los de Salinas, elaborados bajo la responsabilidad de Manuel Bartlett; ahora, el mismo SNTE, con Alfonso Cepeda a la cabeza, se erige como defensor de los textos que ya se han empezado a distribuir.

El conflicto que ahora está en marcha es mayúsculo. 

Involucra a un poco más de 25 millones de educandos, a las respectivas familias, a lo partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil y, sobre todo, a disposiciones legales que debieron seguirse en la elaboración de los textos, pero que no se acatan por las autoridades responsables. 

En una sociedad polarizada políticamente, como en la que se vive en este momento, el juicio sobre la idoneidad y contenido de los libros oscila entre pésimos y magníficos. Apelar al justo medio, a un “híbrido” como sería la moda, resulta utópico, imposible.

El problema esencial que subyace en el actual conflicto es primeramente de forma, no de contenido. Se yerra en el análisis por parte de quienes enaltecen o reprueban dichos textos. Examinar por especialistas sólo las 9 mil páginas de los libros de primaria (faltarían los de secundaria), en las 14 sesiones vespertinas propuestas por el presidente de la República, no sólo no aportaría solución alguna, sino que, lo más probable, sería que se incrementasen los enconos entre los diferentes actores del conflicto.

Lo que está en juego primordialmente es la forma —Reyes Heroles que reaparece— que, en situaciones como ésta, es también fondo, contenido. 

La elaboración de un libro de texto es la parte final de un proceso técnico que, dentro de una política educativa nacional, constituye parte del Estado de derecho de la nación. El proceso técnico se sujeta a una secuencia más o menos definida, de mayor a menor, en cualquier manual de pedagogía: modelo educativo-currículum-plan de estudio-programa de estudio-libro. Aunque no existen procesos técnicos puros en este ámbito —ya que el componente ideológico, en distinto grado, siempre estará presente— saltar etapas o fases tendrá siempre sus costos en el aprendizaje de los educandos.

El artículo 3º constitucional consagra la rectoría del Estado, otorgando al Ejecutivo Federal la facultad de determinar “los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación básica …”. 

Esa rectoría no implica una determinación absoluta, está sujeta a reglas que la convierten en un camino de doble vía: de derechos, atribuciones y facultades, por una parte; pero también de obligaciones y responsabilidades, por otra. 

Así, por ejemplo de esto último, el propio artículo 3º indica que: “El Estado garantizará que los materiales didácticos sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación”. Consecuencia: ¿Cómo podrían ser idóneos si en su carácter de materiales didácticos no fueron sometidos al indispensable proceso técnico?. 

Parte fundamental de ese proceso está previsto en el artículo 3º. Se refiere a que en la determinación de los planes y programas de estudio se “considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y a diversos actores sociales involucrados en la educación…”

Lo previsto en el artículo 3º está reflejado en la Ley General de Educación con aspectos que refuerzan la idea del proceso técnico. 

Un ejemplo de ello sería el artículo 22 al indicar que: “los libros de texto que se utilicen para cumplir con los planes y programas de estudio…”. 

El conflicto actual en la esfera jurídica está planteado por gobiernos estatales (Chihuahua, Guanajuato, Jalisco), actores sociales (padres de familia) y ciudadanos. Eso incluye, desde controversias y acciones constitucionales, hasta amparos solicitando la suspensión de la distribución de materiales o la reelaboración de los mismos. 

Como ya se ha anunciado por el Frente Amplio por México, esas acciones se incrementarán y, probablemente, lleguen hasta la Suprema Corte de Justicia.

Para complicar la situación, el conflicto se extiende dentro de la esfera oficial. 

Mientras la SEP emitió, un año atrás, el Acuerdo (14/08/22) por el que se establece el Plan de Estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria, el presidente de la República reconoce que “todavía falta tiempo para la presentación de los planes de estudio” (mañanera del 1º de agosto de 2023).

*Miembro fundador de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana, Ex-Rector de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana