Chihuahua, Chih.
El anuncio fue tajante, cruel.
Ante la supuesta denuncia de numerosas corruptelas en el programa de estancias infantiles (cosa no reportada, ni por la Auditoría Superior de la Federación, ni por la Secretaría de la Función Pública, y contra la cual el gobierno de la 4T no levantó denuncia alguna), igual que lo hizo en numerosos programas gubernamentales, en lugar de investigar, sancionar y establecer correctivos, dió el machetazo a rajatabla, sin importar las consecuencias elevadamente lesivas para cientos de miles de personas.
López Obrador determinó la finalización de ese programa:
«Se va a proteger a todos los niños de las estancias infantiles, nada más que de esta forma: Se les va a entregar el apoyo directo a los padres y madres, no a las estancias infantiles, y que ellos, con lo que les corresponde, puedan entregar esos recursos a quienes administran las estancias infantiles, o que utilicen los recursos de la manera que ellos decidan porque hay irregularidades en el manejo de las estancias infantiles”, afirmó López Obrador». (Nota de Samantha Nolasco, El Economista, 8/2/19).
Determinó la desaparición de decenas de miles de estancias infantiles, que le daban servicio a las madres trabajadoras del sector informal de la economía -es decir, las no inscritas a ninguna institución de seguridad social- y, por tanto, pertenecientes a los sectores más pobres de la población y habitantes de las zonas más depauperadas de los centros urbanos.
Cientos de miles de niños, en el país, de un día para otro, se quedaron sin ‘guardería’.
Seis años después, la presidenta Sheinbaum, en su última visita a Juárez, ratificó lo anunciado por el director General del IMSS, Zoé Robledo, en enero de este año.
Anunció la construcción de los Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), que estarán a cargo del IMSS y el gobierno municipal de Juárez aportará los recursos para atender a los hijos de padres y madres de familia que no tienen este servicio a través del IMSS.
Ciudad Juárez será la primera ciudad en contar con estos centros, que sustituirán al esquema actual de guarderías subrogadas. (Nota de Orlando Chávez, El Diario, 6/10/25).
Sorprendió aquel anuncio de López Obrador, pues el esquema con el que funcionaban las estancias infantiles, creadas en el sexenio de Felipe Calderón, era semejante al de las guarderías subrogadas que ahora pretende desaparecer Sheinbaum.
Básicamente era la entrega de una cantidad al empresario propietario de la estancia, por cada niño inscrito, la diferencia estribaba en que las ‘subrogadas’ del IMSS le daban servicio a los hijos de trabajadoras inscritas a ese instituto y los de las estancias eran del sector informal.
Así ahora, los CECI están proyectados para atender a los hijos de los derechohabientes del IMSS, pero en el caso de Juárez, será el DIF Municipal quien aportará lo correspondiente para cubrir a los menores que no cuentan con la prestación por el IMSS. (Ibídem).
En enero, Robledo anunció la construcción de 12 Centros de Cuidado Infantil para 2025, «… la construcción de los CECI iniciará el 30 de abril y se espera su conclusión antes del 11 de octubre, Día Internacional de la Niña».
Po’s ya pasó ese día.
Durante la conferencia “La Mañanera del Pueblo”, Robledo presentó este modelo, que reemplaza el esquema de subrogación de guarderías por «espacios diseñados para promover el desarrollo de habilidades de niñas y niños de entre 43 días de nacidos y hasta cuatro años de edad.». (Comunicado del IMSS, enero 2025).
Eligieron Juárez para iniciar ese programa, por la elevada concentración de mujeres trabajadoras en la industria manufacturera: «120 mil 571 empleadas en 323 empresas, lo que representa una población de 18 mil 622 niñas y niños menores de cuatro años que podrían beneficiarse del servicio. Actualmente, el IMSS cuenta con 24 guarderías en el municipio, con capacidad para 5,291 niños». (Ibídem).
Lo anunciado por Robledo constaría de tres esquemas, primero, el de la prestación directa en 5 centros construidos y operados por el IMSS en predios donados por el gobierno municipal, ubicados cerca de las zonas residenciales de los trabajadores; segundo, el de la corresponsabilidad con la industria con cinco centros gestionados por empresas «bajo criterios y supervisión del IMSS, permitiendo que los trabajadores de la maquila dejen a sus hijos cerca de sus lugares de trabajo» y, tercero, un esquema mixto consistente en dos centros desarrollados en conjunto con el DIF, permitiendo que mujeres no derechohabientes también accedan a este servicio.
Se plantearon metas muy altas.
Dijeron que al ‘establecer comunidades de cuidado’, se promovía la reconstrucción del tejido social, en seguimiento de la consigna de la presidenta, que se planteó la construcción de «una república fraterna de cuidados para niñas, niños y mujeres, integrándolas plenamente al mundo laboral».
Si para la población ‘asegurada’ no hay capacidad para dar cobertura al total de los hijos de las derechohabientes, en el caso de las ‘informales’ la carencia se catapulta porque, además, el programa del IMSS solo da cobertura a los infantes de los 45 días y hasta los 4 años de edad.
Los infantes de 4 años en delante quedan en el aire.
Más. De acuerdo con las últimas estadísticas, el número de trabajadores informales ya llegó al 55% del total de la planta laboral mexicana.
Quiere decir que la población infantil de trabajadores ‘informales’ debe estar en rangos semejantes y para ellos los presupuestos asignados en materia de estancias infantiles no han crecido del mismo modo.
Desaparecido el programa de Calderón y lanzadas las mamás al “mercado” de las estancias, con sus 800 pesos mensuales ¿Qué estancias pueden contratar?
Fueron lanzadas a ese mercado, que en la práctica desapareció y arrojaron a los infantes al cuidado de abuelas y vecinas y el Estado, que representaba López Obrador, se desentendió de sus obligaciones con esta población.
De ese modo, organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos municipal y estatal han intentado cubrir esa carencia.
No son suficientes.
El gobierno de Javier Corral creó, por ejemplo, en 2017, un programa de cobertura estatal, de cuidado y atención para niñas y niños de edades entre los cuatro y doce años con una aportación de 10 millones 300 mil pesos para equipar 25 centros de Juárez y abrir más espacios, para atender a 4 mil menores en la entidad.
El modelo de Estancias infantiles para madres trabajadoras, creado en el gobierno de Felipe Calderón, en 2007, estaba dirigido a población no derechohabiente, especialmente a trabajadoras del sector informal de la economía y lo coordinaba Sedesol.
Tenía como requisitos para la afiliación un ingreso igual o menor a seis salarios mínimos y no ser derechohabiente de instituciones de seguridad social.
Calderón optó por concesionar esos servicios, para que el Estado no cubriera el total de los gastos (porque entonces debería ser gratuito) de las guarderías y otorgarle a los propietarios de las estancias una cantidad al inscribirse y pagos mensuales por cada infante que atendieran.
A su vez, las beneficiarias recibían un apoyo de hasta 700 pesos mensuales para complementar el pago por el cuidado de sus hijos.
El costo de este servicio -finalmente otorgado por el Estado- era significativamente menor, por niño inscrito, en comparación con los servicios de guardería en instituciones de seguridad social.
Además, y no era poco, el Estado no adquiría ninguna obligación patronal con el personal de las estancias.
En la administración de Enrique Peña Nieto se mantuvo y la cobertura se mantuvo en alrededor de medio millón de niñas y niños inscritos en la mayor parte del sexenio y un gasto de alrededor -en el período 2012 a 2017- de 3 mil 800 millones de pesos anuales.
Con esas cantidades fue recibido por el gobierno de López Obrador.
Pero esa política profundizó la brecha entre la población cuyos padres laboraban en el sector formal de la economía y los del sector informal.
Las estancias de Sedesol incorporaron a más niños y niñas que las guarderías para derechohabientes de las instituciones de seguridad social, pero en éstas el presupuesto asignado fue más elevado.
Hay razones de peso para impulsar un programa como el anunciado, al que le deben agregar una mayor cobertura al sector de trabajadoras ‘informales’ pues la magnitud es inmensa.
La industria maquiladora en Juárez absorbe alrededor del 46% de la Población Económicamente Activa femenina, una parte importante de la cual es la ‘jefa de familia’:
En el año 2000 61 mil 900 hogares juarenses tenían ‘jefatura’ femenina; en 2005 se incrementaron a 77 mil 800 y en 2010 se identificaron 85 mil hogares en esa misma situación (INEGI, 2012).
Además, de acuerdo con datos de la misma dependencia, durante un periodo de 17 años nacieron en Juárez, en promedio, 28 mil 171 niños al año.
Y, como se ha dicho reiteradamente, se amplió la cobertura laboral para las mujeres, pero ni la administración pública local, ni el sector empresarial se hicieron cargo de las responsabilidades que debieron asumir al contratar tanta madre trabajadora y, por añadidura, con tan bajos salarios.
En el año 2010 se estimaba que solamente seis de cada cien menores juarenses de cuatro años, eran atendidos en guarderías y en ese año el IMSS contaba sólo con 4 guarderías ordinarias administradas por el IMSS con capacidad instalada para atender a aproximadamente 900 infantes.
El IMSS tenía 27 centros de cuidado infantil en Ciudad Juárez, que solo atienden a menores de los 45 días hasta los 4 años de edad. Atienden a 6 mil 784 niños. Desde 2017, ofrecen el primer año de kínder. (Centros de Bienestar Infantil en Ciudad Juárez. De una acción social a una política pública, CULCyT//Enero-Abril, 2013).
Así que el anuncio de la presidenta no puede ser un anuncio que luego olvide, es un problema que, para nuestra desgracia, si no es atendido, tendremos suficiente tiempo para dolernos de ello, no importa si, en la práctica, hace lo contrario a lo que hizo el tabasqueño.
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