Chihuahua, Chih.
La frase, seca, contundente, provino del presidente municipal del antiguo Paso del Norte, Cruz Pérez Cuéllar, «Los retenes militares no sirven de nada y sólo molestan a los ciudadanos». (Nota de Araly Castañón/El Diario de Juárez, 14/10/25).
Muchos años atrás, otro alcalde juarense -Héctor ‘Teto’ Murguía-, en abril de 2011, sostuvo un altercado con elementos de la Policía Federal, cuando lo detuvieron a él y a sus escoltas en un retén y le apuntaron un arma en la cabeza.
En enero de ese mismo año, cuando Juárez sufría la peor ola homicida de su historia, un integrante de su escolta fue asesinado por otro policía federal, justamente al momento en que a la ola homicida se sumaba la peor racha de secuestros y extorsiones, que la vox populi achacaba a los polifederales y que terminó por provocar la salida de prácticamente todos los elementos de seguridad federales.
En el incidente de ahora, Pérez Cuéllar aseveró que los retenes, además de no servir, «sólo molestan a los ciudadanos», razón por la que le envió una carta al comandante de la Guarnición Militar en Ciudad Juárez, Mauricio Cansino Báez, para que se reconsideren. (Ibídem).
Las expresiones del alcalde reflejan, en pequeña escala, algunas de las consecuencias del acelerado grado de militarización de la vida pública del país.
Tal reflexión tiene como sustento que la primera autoridad civil de Juárez ignora las razones por la que la ‘mejor frontera de México’ tiene «dos retenes instalados en la entrada de la ciudad, por la carretera Panamericana, y otro en el Valle de Juárez». (Ibídem).
Pues es que así son las conductas militares.
Al jefe de la guarnición, sus jefes (los militares) le dan una orden, que deberá cumplir irrestrictamente y con la orientación que la 4T le dió a la participación de las fuerzas armadas en la seguridad púbica, los mandos militares no se sienten con la obligación de informar de esas actividades a las autoridades civiles de la localidad.
«Yo no estoy de acuerdo con estos dos retenes, bueno con ningún retén, en estos cuatro años no hemos promovido los retenes». (Ibídem).
Porque, dijo, los delincuentes evaden los retenes, cosa que cualquier ciudadano sabe, porque, además, y esa es nuestra realidad, las bandas delincuenciales tienen una extensa red de informantes en las zonas en las que están asentadas, y que, por añadidura, poseen un conocimiento preciso de la zona, con lo cual, rutinas como la ahora mencionada, han mostrado palmariamente su inutilidad para enfrentar la ola delincuencial presente en el país.
Razones para la participación de las fuerzas militares en el combate a la delincuencia -sobre todo a la ‘organizada’, responsable de la mayor parte de los casos en la frontera- sobran, especialmente frente a los siniestros números de homicidios cometidos en Juárez en lo que va del año.
Pero, se insiste como desde hace muchos años, esa participación debería ser bajo la conducción de las autoridades civiles y bajo los patrones y políticas de seguridad pública civiles.
Y vaya que preocupa.
Se dirá que son números, pero éstos solo reflejan pálidamente la tragedia que va extendiéndose, no de a poco, sino al contrario, en la mancha urbana juarense.
En lo que va del año, hasta el 9 de octubre (con información de Teófilo Alvarado, Norte Digital, 10/10/25), han asesinado en Juárez a 776, cifra soportada, también, por Ficosec.
Es una inmensa tragedia, que a veces pareciera que la normalizamos pero que revela, no sólo el pasado inmediato, el de los días en que asesinaron a un padre, tío, hermano, nieto, primo, amigo, compañero, sino también el futuro, porque los asesinados tienen un factor común: La inmensa mayoría son jóvenes menores a los 35 años.
Llevados al mundo de las estadísticas, significa que en Juárez asesinaron, en este año, a 63 personas por cada 100 mil habitantes.
Es una salvajada.
Comparémonos, no con Francia, España o Yucatán, países y estado que rondan los 2 ó 3 por cada 100 mil hab. al año.
No, con Coahuila y Durango, nuestros vecinos, que padecieron oleadas sangrientas de proporciones semejantes a la nuestra y ahora gozan de cifras de menos de 4 homicidios por cada 100 mil.
Y sin la participación de los militares, sólo la mínima.
¿Qué cosa hicieron bien, que nosotros no?
¿Habrán hecho uso correcto de las herramientas de la inteligencia policial, hoy tan robustas -por el desarrollo de la tecnología- y tan asequibles?
¿Por qué, en lugar de que mandemos a nuestros jefes policiacos a Colombia, Nueva York, Israel o Londres, a que ‘estudien’ las políticas de seguridad pública de esos lugares, los mandamos a Saltillo, Durango, Torreón o Mérida?
¿Cuándo se darán cuenta, los que ahora gobiernan en el país, que deberán hacerse cosas muy distintas a lo que ahora se hace?
Para que no den pie a relatos como el del reportero del diario español: «La presencia de militares en Ciudad Juárez es evidente en toda la ciudad. El esqueleto de lo que se conoce como la Torre Centinela, el futuro centro de mando del enorme programa de vigilancia del Estado de Chihuahua, se alza sobre el centro de Ciudad Juárez. Las camionetas blancas de la Guardia Nacional, con ametralladoras montadas detrás de la cabina y soldados enmascarados apretujados en la caja, pueden verse recorriendo la ciudad. También patrullan camiones completamente negros del Ejército mexicano…». (Nota de Jason Buch, El País, 15/10/25).
Triste realidad.
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