Chihuahua, Chih.

La oleada de violencia, recrudecida en la entidad desde fines del 2015, agravada en la segunda mitad del 2016 y con cifras constantes a lo largo del 2017, ha escalado en el presente año a un nuevo estadio.

Concomitante a las cifras que colocaban a Chihuahua en el primer lugar nacional en el narcomenudeo, el perfil socioeconómico de las víctimas fatales, y el de sus victimarios (a juzgar por las vestimentas, vehículos usados y actividades conocidas de las víctimas) que correspondían a personas de bajos niveles económicos, residentes de las colonias más marginadas, o más pobres, sobre todo, de las dos principales urbes chihuahuenses ha cambiado.

El número de víctimas, con otro perfil socioeconómico crece con los días y abogados, agentes del ministerio público, políticos partidistas, candidatos, empresarios, profesionales de la medicina, etc., son, hoy, también, víctimas fatales de la ola de violencia, que incluye el mantenimiento -y algunos in crescendo- del robo de vehículos, a mano armada y sin este agravante; robos a negocios y domicilios y la aparición de presumibles secuestros de empresarios.

Ante ello, el asesinato del dirigente de Coparmex-Parral, Uriel Loya, y el del Director del Colegio Latinoamericano Bilingüe de la ciudad de Chihuahua, Carlos Cano Chávez, así como la desaparición del empresario menonita, Peter Stoesz en las cercanías de Cuauhtémoc se convirtieron en los hechos que han concitado un mayor reclamo a la administración estatal encabezada por Javier Corral.

No es para menos, que el empresariado nacional le reclame el grado de inseguridad existente en la entidad, es algo que les pesa más a los gobernantes, y no sólo a los de Chihuahua, por desgracia, pues los casos de reclamos de la desatención a los asesinatos de otras personas de otros perfiles y a la de la desaparición de hombres y mujeres, ha llegado a niveles inconmensurables, que incluye el reclamo, cada vez más generalizado, del muy diferenciado trato y respuesta de la autoridad frente a los asesinatos, desapariciones y secuestros:

Cayeron el mismo día. Sus muertes son igualmente lamentables. Para la autoridad estatal, no. En tanto que ante la ejecución de Uriel Ulberto Loya Deister, presidente de Coparmex en Parral, la Fiscalía General del Estado envió un comunicado en el que condenaba el homicidio, del mismo modo que el gobernador Javier Corral; ante el asesinato de un hombre frente a las puertas de su vivienda en el fraccionamiento Villa Colonial, en el sur de Juárez, nada.

Para el empresario, la puesta en marcha de un operativo especial para dar con los responsables, para el juarense, silencio absoluto.

De ahí que luego de la reunión extraordinaria de seguridad urgente realizada por las autoridades en Parral, tras el asesinato del líder de Coparmex, la señora Blanca Isela Ramos, esposa del fallecido abogado Víctor Guerrero Terrazas, acudió para solicitar al fiscal general del Estado resultados en la investigación del homicidio de su pareja.

Pero solo ante este homicidio la autoridad se dignó aparecer en el escenario de innumerables episodios criminales, ninguno de esos graves episodios habían concitado tanta preocupación del grupo gobernante, que llevó a la aparición de Javier Corral en el velorio de Uriel Loya.

Sólo para que nos prodigara una más de sus perlas:

Ante la pregunta de un reportero: “¿No piensa que la seguridad se le ha salido de las manos al gobierno estatal? atentados a policías, secuestros…”).

“¡Secuestros no tenemos!”, contestó tajante el Gobernador.

El reportero agregó, “bueno, privaciones de libertad sin resolver, y ahora el asesinato de un joven líder empresarial y luchador social…’. El Jefe del Ejecutivo cambió su tono de voz y contestó: ‘lo que no debemos hacer, es hacer de estos temas motivos de medro político, no hay que usar estos asuntos para el golpeteo político, este es un tema que nos corresponde a todos, es un tema que involucra a todos y, también a los medios de comunicación los involucra en la responsabilidad de contribuir a generar mejores condiciones”. (Nota de César Hernández, El Sol de Parral, 25/IX/18).

¿Quién busca aplicarle al gobierno de Chihuahua “golpeteo político”? Lo que hay son justos reclamos a la autoridad responsable de la seguridad pública en el estado.

No más, pero no menos.

Ojalá hiciera un alto en el camino el gobernante chihuahuense, se colocara en el lugar de los miles de chihuahuenses, víctimas directas o indirectas de la violencia reciente, y escudriñara qué pensarían de verlo publicitando, a “todo gas”, la “tercera carrera de la liberación”.

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