Chihuahua, Chih.

La izquierda latinoamericana, en general, incluida ahora la mexicana, que ha llegado al poder, padece de un gran problema: No sabe que hacer en los regímenes en los que priva la democracia liberal.

Por supuesto no se plantea incapacidad para abordar la abultada agenda social, en ese aspecto califican con algo más que la medianía, pero en lo que se refiere a la construcción de un modelo democrático, diferente al vigente, pero al fin y al cabo continuador del actual, tropiezan, trastabillan con muchos aspectos de lo realizado, en el caso nuestro, por los sectores, no sólo de la izquierda, sino de otros estamentos democráticos.

En su agenda inmediata deberán plantearse las respuestas a preguntas como éstas: 

¿Todas las instituciones creadas a partir del desarrollo de nuevas formas de la democracia son “neoliberales”?

¿Deben mantenerse las instituciones existentes hasta antes de su arribo al poder? ¿Deberán reformarlas? ¿O sustituir, por los emanados de propias filas, a quienes las integran?

Más. ¿Todas las instituciones fueron negativas, o servidoras de las respectivas “mafias del poder”?

¿Qué hacer, por ejemplo, con los organismos electorales? ¿Cómo actuar frente a ellos? ¿Desaparecerlos? ¿Nombrar a personas cercanas a los nuevos gobernantes para que se hagan cargo de ellos?

Cuestiones como las anteriores se han catapultado a la discusión nacional, sobre todo a partir del escabroso proceso de la designación de Rosario Piedra Ibarra como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), además de los evidentes incumplimientos legales para acceder a tal posición (No votó por ella la mayoría calificada, además de formar parte del Consejo Nacional de su partido, órgano de dirección de Morena).

Todos son cuestionamientos extremadamente inquietantes y se derivan, sí de las conductas y posturas de los nuevos gobernantes en México, pero también de dos de los iconos de la izquierda latinoamericana: Lula y Evo Morales.

En el caso de los dos últimos, además del sinfín de factores contribuyentes a su caída, defenestración o persecución, en los que, por supuesto, jugaron un papel determinante las cúpulas empresariales y la injerencia norteamericana, hay un factor poco tomado en cuenta: El arribo de millones de personas a un nuevo estadio económico, como resultado de los éxitos de sus gobiernos.

El ascenso de esos millones a las capas medias, que trae aparejado una nueva forma de percibir los fenómenos político-sociales.

Es paradójico: 

En Brasil, más de 30 millones de pobres pasaron a las capas medias en el gobierno de Lula. Muchos de ellos no acompañaron, en los procesos electorales subsiguientes, a los candidatos del Partido de los Trabajadores (PT), el partido fundado por Lula. 

Además de los múltiples errores cometidos por los sucesores, acrecentados por un salvaje acoso de la derecha brasileña, llevaron a un enorme vuelco electoral de la mayoría de los ciudadanos. 

Le otorgaron el triunfo a la extrema derecha.

¿Por otra parte, cómo explicar el aumento del electorado que votó por la oposición al gobierno de Evo Morales, no obstante los indudables logros del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), más allá, o precisamente por eso, de los factores externos y de la radicalización del sector empresarial más derechista?

A pesar de todo, creció la oposición, incluso en sectores y organizaciones que le eran afines. 

Pudo quedarse con el poder, si hubiese obtenido las mayorías necesarias, en el referéndum del 2016 (que preguntó al electorado si el presidente y el vicepresidente se podían reelegir dos veces de manera consecutiva en el cual el “No”, obtuvo el 51.83% de la votación) y en las elecciones de octubre pasado, en las que deberá anotarse que emergió ganador, pero al “caerse” el sistema electrónico del proceso electoral, surgieron las dudas, justas, y acrecentadas por sus adversarios, sobre la certeza acerca de si obtuvo una ventaja de más de 10 puntos sobre el segundo lugar,  su suerte estaba echada.

A su vez, el gobierno de la 4T enfrenta, además del muy difícil entorno en materia de seguridad pública y de la crisis económica, la manera en que deberá abordar aspectos como los planteados arriba, que nos han explotado -literalmente- con motivo de la designación de Rosario Piedra Ibarra.

Ante las justificadas dudas desatadas acerca de la legalidad sobre su designación, las sobre reacciones de la oposición, en particular del PAN y las renuncias de cinco consejeros de la CNDH, deberemos sumarle las posturas emitidas por el presidente López Obrador, que condensan las respuestas a las interrogantes iniciales de estas reflexiones.

Sólo sirvieron para la simulación, ha dicho insistentemente. “… vean los antecedentes, se disfrazaban de sociedad civil cuando en realidad estaban participando abierta o encubiertamente a favor del régimen”, destacó.

Y descalificó todo el trabajo realizado por la CNDH.

Tiene parte de la razón, nada más. Ese organismo, es más que evidente, incumplió con su razón de ser, en muchísimos casos, pero también emitió recomendaciones (porque legalmente no podía hacer más) y valoraciones extremadamente ácidas para los gobiernos anteriores.

Lo denunciamos durante años, los gobernantes emanados del PRI, PAN y PRD hicieron todo por copar este organismo y otros que buscaban ser contrapesos al inmenso poder autoritario del presidencialismo de los gobiernos priistas creados con la intención de restarle espacios al poder.

La CNDH no es el resultado de los afanes de los neoliberales, sino de los miles de mexicanos que en la búsqueda de sus familiares desaparecidos, en la de la justicia, procurando el castigo a las autoridades abusivas y asesinas.

De allá venimos, por eso dolió hasta el alma la respuesta del presidente López Obrador, cuando dijo no conocer a Alberto Athié, consejero de la CNDH que renunció a causa del viciado proceso de designación de Rosario Piedra y que realizó una ejemplar lucha en contra de la pederastia clerical, encabezada por el Padre Maciel,  y las corruptelas y complicidades de la más alta jerarquía católica para protegerlo.

Durante décadas se buscó que quienes ascendieran a esos organismos “autónomos” no tuvieran nexos con el poder, por ello se insistía, tercamente, en la necesidad de que no hubiesen sido dirigentes de los partidos, ni de que poseyeran lazos afectivos y/o políticos con el gobernante y que, además de ser independientes, lo parecieran.

El gobernador Corral es el vivo ejemplo de lo que deplora López Obrador. 

En los discursos parlamentarios y/o gubernamentales y en los foros académicos, el gobernante chihuahuense es un entusiasta impulsor de los derechos de “tercera generación” -en pro de los derechos humanos, de la libertad de expresión, de la transparencia, de la regulación de la publicidad gubernamental, de la plena división de poderes, del respeto a los organismos autónomos, etc.- pero en los hechos es exactamente al revés. 

Compite seriamente con todos sus antecesores (por igual, priistas y panistas), a los cuales, en muchísimos aspectos, ha superado, en lo que es uno de los ejemplos más emblemáticos de la clase política, caracterizada esencialmente por el hecho de que sus dichos no concuerdan con sus acciones.

Parte de esos problemas empieza a mostrar la 4T. 

Un ejemplo de ello, doloroso en extremo para algunos de los más leales activistas de Morena, es el que una de las críticas más sustentadas en contra del gobernador Corral, del entonces candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, fue la de que en Chihuahua, bajo el gobierno del panista, no había cambiado nada, salvo el color de las casetas, todas son azules, dijo.

Ahora, en el gobierno de la 4T, todo es color guinda, el color del partido gobernante, Morena.

A la llegada de AMLO se pensó que ocurriría un proceso contrario al precedente. No es así en muchos casos, de ahí lo criticable de la designación en la CNDH, pero también en la de la ministra de la SCJN, Yasmín Esquivel Mossa, propuesta por el presidente López Obrador, con evidentes lazos con el mandatario pues se trata de la esposa del constructor más cercano al presidente, José María Rioboó.

Pero igual ocurrió en el caso del senador Armando Guadiana, rico empresario de la industria carbonífera de Coahuila, nombrado presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores y que es propietario de “dos empresas dedicadas a la exploración de hidrocarburos y otras cuatro (que) gozan de acuerdos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), con los que se amparan 40 solicitudes de extracción de gas de carbón para su venta a la CFE”. (Proceso 2197, 8/XII/18).

La izquierda está obligada a comportarse de manera radicalmente distinta a la de quienes gobernaron el país. 

No hacerlo será el principio de su catástrofe electoral y la posposición de la concreción de los sueños de la izquierda.