El reporte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre el caso Iguala es una condena al corrupto sistema de justicia mexicano y revela la falta de voluntad del Gobierno para reformarlo, denunció The New York Times.

En un editorial que publica hoy y que adelantó anoche en su web, titulado "Rehúye México la verdad", repasa los hallazgos de los expertos de la OEA en torno a la desaparición de los 43 alumnos de Ayotzinapa.

A continuación el texto íntegro:

Adam McCauley

"En diciembre de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto de México viajó al estado de Guerrero, donde meses antes, 43 estudiantes universitarios que se dirigían a una protesta en la Ciudad de México habían desaparecido en circunstancias turbias y se presume que han sido masacrados.



"Vamos a superar esta fase y dar un paso adelante", dijo Peña Nieto quien se equivocó al pensar que podría dársele vuelta a la página y que podría olvidarse la atrocidad de la violación a los derechos humanos que indignó a la nación cuando el gobierno no tenía respuestas sobre quién cometió el crimen y por qué.

Semanas antes, cediendo a las protestas callejeras y la condena internacional, el Sr. Peña Nieto había acordado permitir que un equipo de expertos internacionales designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos investigara la desaparición de los estudiantes en colaboración con el gobierno. Como expertos entrevistaron a testigos y se analizaron las pruebas forenses, descubrieron información sobre los secuestros de los estudiantes realizada el 26 de septiembre de 2014 y entró en conflicto con la versión de los hechos que el gobierno de México emitió en enero de 2015, como la ‘verdad histórica’.

Esa versión, a cargo de Jesús Murillo Karam, el fiscal general, sostenía que los estudiantes habían sido incinerados en un vertedero de basura después de haber sido secuestrados por agentes de policía municipales que trabajaron en concierto con el cartel de la droga Guerreros Unidos. Sin embargo, en septiembre pasado, los expertos internacionales publicaron un informe diciendo que los testigos informaron haber visto policías federales y personal militar en el lugar del secuestro. Su investigación también descartó la generación de un incendio lo suficientemente grande como para quemar 43 cuerpos en el basurero.

En lugar de reconocer la importancia de estos hallazgos, el gobierno mexicano impidió que el grupo entrevistase y tuviera acceso a los testigos clave. Al ocurrir que aparecieran serias críticas a dos de los investigadores - Claudia Paz y Paz, el ex fiscal general de Guatemala, y Angela Buitrago, ex fiscal de Colombia - aparecidas en la prensa mexicana, el equipo razonablemente los interpretó como una campaña de difamación llevada a cabo con la aprobación de un gobierno cuya credibilidad habían socavado.

El segundo y último informe del equipo, el cual fue lanzado el domingo no arrojó dictámenes concluyentes para determinar qué sucedió con los estudiantes. Pero es imposible no interpretarlo como una acusación del sistema de justicia notoriamente corrupto y, a menudo brutal de México. El informe, por ejemplo, señala que la versión del gobierno de los eventos se basa en las declaraciones de los testigos que fueron torturados. Que el principal pecado cometido por los investigadores mexicanos fue no explorar las pistas y por negarse a modificar las conclusiones anteriores de cara a las nuevas pruebas. La conducta del gobierno alimentó la especulación generalizada de que las autoridades federales desempeñaron un papel en el crimen y luego trataron de cubrir sus huellas.

Los expertos explicaron sus hallazgos durante una conferencia de prensa el domingo en la Ciudad de México antes de salir del país. Su mandato de investigar expiró y el gobierno ha dicho que no lo renovará.

Los familiares de las víctimas presentes coreaban ‘No se vayan! No se vayan!’ y ningún funcionario mexicano se molestó en aparecer para despedir al grupo de investigadores. Eso dice mucho acerca de la falta del gobierno de voluntad política para reformar las instituciones judiciales y su insensibilidad para con sus ciudadanos.