Chihuahua, Chih.

La historia consignará los costos que ha dejado a su paso esa máquina de destrucción autodenominada 4T.

Muchos han quedado hundidos, en el sentido de ser irremediables.

Es el caso de la incuria del pasado gobierno en el Covid y su criminal "política" de "Abrazos, no balazos". Sacrificaron cientos de miles de vidas.

Tampoco la selva del Sureste, los árboles y las especies arrasadas se recuperarán jamás.

Otros costos se siguen acumulando: los pagos del aeropuerto que no se hizo; el que se hizo, pero no funciona; el tren que no transporta, la refinería que no refina; eso sin contar con los subsidios gigantescos a Pemex y la CFE, ni los costos de oportunidad en que han incurrido diversas áreas.

Hay otros costos vigentes: en educación, salud, seguridad, cultura, infraestructura, etc. En algunos casos, parece haber conciencia sobre la necesidad de detener la hemorragia. Pero hay una irreparable: la llamada "reforma" judicial.

¿Era necesaria una reforma de la justicia? Desde luego sí, desde las fiscalías y policías hasta los juzgados y las cárceles. Pero reformar no es destruir. Y lo que se ha hecho es destruir.

Por un lado, se destruirá la tradición jurídica de México, nacida hace doscientos años con la primera Constitución Federal. Institucionalmente, México fue construido -no se olvide nunca esa palabra- por personas que, como Juárez, hicieron su vida alrededor de las leyes, dedicados a la práctica del Derecho: el estudio, la investigación, la edición, la cátedra, los tribunales, la abogacía, la judicatura.

Las tradiciones vertebran una nación tanto o más que sus obras materiales y esa tradición ha quedado sepultada.

Lo mismo ocurre con la división de poderes.

Es cierto que no existió en tiempos de Porfirio Díaz ni del PRI, pero aun en esas etapas prevaleció un cierto respeto a las formas.

Por lo demás, frente a los desmanes del Poder Ejecutivo y el Legislativo, el Poder Judicial tuvo un desempeño menos indigno.

A partir de 1994, la división comenzó a ser efectiva, y llegó a serlo hasta que el régimen actual decidió anularla.

La "reforma" destruye la vida profesional y aun el patrimonio de cientos de jueces y sus familias. Destruye también el Consejo de la Judicatura, sustituyéndolo con un Tribunal de Disciplina Judicial y un Órgano de Administración Judicial que -salvo una votación por los pocos buenos perfiles, que no se vislumbra- serán tan o más obsecuentes con el Ejecutivo como fue el Judicial antes de la reforma -esa sí real e histórica- de Zedillo.

Lo más grave es el costo que pagarán las generaciones futuras.

Con todas las imperfecciones y arbitrariedades que se quiera -y eran muchas-, en el imaginario del mexicano, al menos como aspiración, la ley era la ley, no la palabra del rey. Solo así se explica la antigua vocación de abogado. A partir de ahora, la ley será lo que es para el régimen: una palabra hueca.

Las fraudulentas elecciones ejecutivas y legislativas del siglo XX nunca llegaron al grotesco carnaval que culminará en junio.

Quizá se cuelen juzgadores preparados y probos, pero serán más los casos patéticos, inverosímiles, indignantes. El daño, sin embargo, no se sentirá de inmediato. Como un veneno sutil, penetrará lentamente en la sociedad afectando todo tipo de litigios, sembrando miedo, incertidumbre y desconcierto, desalentando de raíz la iniciativa y la inversión, hasta lograr su propósito: la prostitución política de la ley.

Estamos enterrando algo muy preciado de nuestra historia, una noción de justicia distinta a la dádiva estatal, un margen de protección frente a las arbitrariedades del poder, una salvaguarda de las libertades y las garantías individuales.

La memoria de nuestros juristas (Otero, Rejón, Zarco, Vallarta, Sierra, Rabasa) ha sido pisoteada. En su natal Jilotepec, el juez de pueblo Andrés Molina Enríquez (autor de Los grandes problemas nacionales) se avergonzaría de la afrenta a su profesión. Alberto Vásquez del Mercado, ministro que en 1931 se enfrentó a Calles, sentiría grima de los cuatro ministros activos -no mancho esta página con sus nombres- que, con su dimisión, mentira, demagogia y traición, han deshonrado a la Corte.

Daniel Cosío Villegas solía evocar a los ministros de la República Restaurada, Ramírez, Altamirano, Iglesias:

"Eran fiera, altanera, soberbia, insensata, irracionalmente independientes".

¿Qué juez, qué magistrado, qué ministro, investido tras el espurio proceso que se avecina, podrá soñar siquiera con las prendas morales de aquellos mexicanos eminentes?

*Publicado por Reforma el 13 de abril de 2025