Chihuahua, Chih.
La administración de la Cuarta Transformación emitió el Decreto que prohíbe gradualmente el uso de glifosato y la aplicación del maíz transgénico para consumo humano, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2020 y hasta el 31 de enero de 2024; luego de un proceso peculiar de lucha política entre el Grupo Intersecretarial de Salud, Alimentación, Medioambiente y Competitividad (Gisamac) que apoya a la agroecología y su antípoda la corriente pro glifosato que es la estrategia del anzuelo, el sedal y la plomada (término acuñado por Ernest Feder en 1982), situación que obliga conocer el nivel de la instrumentación del Decreto.
En este contexto en abril de 2020 el presidente López Obrador en reunión con su gabinete instruyó la elaboración de dicho Decreto; donde el presidente desistió del uso de “la política de extremo pragmatismo”, y donde se dio polémica y pluralidad e identificándose también los que están a favor de la agroecología; sobre esta corriente que apoya el Gisamac la cual está integrada “por secretarías y dependencias, consejos, organismos y asociaciones” y cuya posición se fundamenta en transformar el sistema alimentario en opciones que conlleven al desarrollo económico, el cuidado del ambiente, bienestar social y la autosuficiencia y la soberanía alimentaria, es decir que existan medios de vida sustentables.
La estrategia señalada del anzuelo, el sedal y la plomada concierne por otra parte a una definición de un “modelo modernizador agroindustrial” mismo que tiene como componentes las semillas híbridas, transgénicas y agroquímicos tóxicos; la mencionada estrategia tiene como participantes un grupo de alto nivel de las corporaciones transnacionales y nacionales del mercado de plaguicidas agrícolas de la industria química, mismas que han sido afectadas por el Decreto, hecho que ha provocado una caída progresiva en la distribución de sus insumos y donde destacan las corporaciones como Monsanto Comercial, Dow Agrosciences, Agricultura Nacional, Pilarquim y Rainbow Agro Sciences.
El Decreto en cuestión es un desafío contra la señalada estrategia del anzuelo, el sedal y la plomada, que es el grupo mencionado pro glifosato de las empresas transnacionales y domésticas de estos insumos y los funcionarios que han avalado los intereses de dichas empresas; respecto a la estructura esta corresponde a 41 entidades formadas por asociaciones, cámaras empresariales y empresas agroquímicas, siendo algunos adherentes a entidades internacionales y cuya intermediación lo encabeza Alfonso Romo “el barón del dinero” y ex jefe de la Oficina de la Presidencia; Víctor M. Villalobos Arámbula “el hábil y escurridizo” actual ministro de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader); y Julio Scherer Ibarra “el empleador” y ex titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia.
Dichos personajes tienen fuerte raigambre neoliberal, pues de acuerdo a la revista Forbes, Romo en los “años salinistas debutó en las listas de los hombres más ricos del mundo” y además en su currículo ha sido inversionista de semillas transgénicas; del secretario del ramo, existe el supuesto de que defiende los intereses de las transnacionales cuando fue subsecretario de Recursos Naturales en la Semarnat, luego también como subsecretario de Agricultura en la Sagarpa y además se señala como caso emblemático cuando Norman Borlaug “el padre de la revolución verde” le prologó el libro “Los Transgénicos Oportunidades y Amenazas” en el 2007; respecto a Julio Sherer porque apoya al grupo pro glifosato está la hipótesis del conflicto de intereses por su vinculación familiar Sherer-Villalobos y el cual obedece por el matrimonio de los hijos Julio Sherer Pareyon y Jimena Villalobos en 2016.
En suma, los funcionarios públicos aludidos han convenido en sus programas con equiparables objetivos “y metas de fomento con las empresas transgénicas y de plaguicidas de tóxicos”.
Asimismo, a un año de la publicación del Decreto 31 de diciembre próximo, se está haciendo un esfuerzo interinstitucional para cumplir el mismo, por lo que se presenta la orientación programática en un extracto de tres artículos de un total de seis que conforman el mandato.
Artículo Tercero. Para “disminuir el impacto de la sustitución gradual del uso e importación de glifosato en la agricultura comercial”, la Sader y la Semarnat instrumentarán opciones sostenibles y adecuadas al uso de glifosato, ya sea productos de poca toxicidad, con productos biológicos u orgánicos, con prácticas agroecológicas o uso intensivo de mano de obra.
El Conacyt coordinará y apoyará las investigaciones científicas, desarrollos tecnológicos e innovación para apuntalar y plantear a las secretarías mencionadas “alternativas al glifosato”; por lo que esta entidad podrá convocar al sector, instituciones de educación superior y centros de investigación públicos.
Artículo Quinto. Las secretarías mencionadas, más la de Salud y el Conacyt se involucrarán antes del primer semestre del 2023 para propiciar reformas de la estructura jurídica “aplicable” y con ello no emplear el glifosato como ingrediente eficaz agroquímico o el uso del maíz transgénico modificado en el país.
Artículo Sexto. Para apoyar “la seguridad y la soberanía alimentaria” y la decisión particular de conservación al maíz originario, la milpa y el patrimonio biocultural, las comunidades rurales, la riqueza gastronómica y “la salud de las mexicanas y mexicanos”; se utilizará el poder como componente “de bioseguridad” en su competencia y de acuerdo a la norma adaptable, anularán y renunciarán a dar autonomía al ambiente de semillas de maíz genéticamente modificado.
También, en materia de bioseguridad y en “base en criterios de suficiencia de abasto del grano del maíz sin glifosato”, anularán y no dispensarán permisos “para el uso de grano de maíz genéticamente modificado” en los alimentos de los habitantes, “hasta sustituirlo totalmente en la fecha” que no deberá pasar del “31 de enero de 2024”, de acuerdo a las medidas de “autosuficiencia alimentaria” y conforme al lapso de transición señalada.
Conclusión. En una perspectiva sobre la producción, el mercado de los granos básicos y la relación con el Decreto; es pertinente señalar algunos interrogantes sobre los hechos en curso y los que están por venir y respecto de la situación productiva y de mercado de algunos granos básicos.
No se debe perder de vista que a partir de la publicación del Decreto y de acuerdo al cupo de importación de 2021 y lo señalado en “la Recomendación del Conacyt”, se permitió “a junio de 2021 la importación de 5,092.86 toneladas de glifosato”, las cuales equivalen al 10.9 por ciento con respecto al permitido del 2019 del mismo periodo.
Asimismo, antes de septiembre a diciembre de 2020, se negó la importación de 32,954 toneladas de glifosato, con base en el principio precautorio y tomando en cuenta la recomendación 82/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos “sobre plaguicidas altamente peligrosos” y la violación a los derechos humanos a la alimentación, así como “a la reclasificación de esta sustancia como probable carcinogénico en humanos por la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer”.
En esta perspectiva la actual caída en la producción de granos básicos como el maíz, trigo, sorgo y frijol está propiciando un aumento en las importaciones de estos productos en el 2021; por lo que se ha registrado que en los cinco primeros meses del año las compras al exterior en el país fueron del orden de 16.7 millones de toneladas de granos básicos, según datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA). Por tanto, la “compra de estos productos” al exterior va en paralelo con el declive de “la producción nacional”.
Asimismo, el Grupo Consultor señala que de enero a mayo se han consignado una aridez desde “moderada a intensa” en un tercio de la superficie del país, asunto que dejo huella en dos tercios de la superficie nacional y desencadenando un mayor impacto en las regiones agroalimentarias; también se observa que lo que ha provocado “la caída de la producción de granos” y en particular de el “maíz, frijol, sorgo y trigo” es donde se repite el círculo vicioso de que las importaciones tienden a aumentar mes a mes “en un nivel histórico”.
Entonces es evidente que, al no sostener un nivel adecuado de autosuficiencia alimentaria, se recurre a las importaciones, pero con la desventaja que entramos como país en el esquema de “Juan Garabato, el que compra caro y vende barato”.
Dar importancia decisiva al control y reducción de las importaciones es crucial, porque es imperativo contribuir al equilibrio macro económico y además por el consiguiente efecto de arrastre de los objetivos nacionales: la autosuficiencia alimentaria, el desarrollo interno y por consiguiente la independencia económica; mismos que esta la coyuntura son obstaculizados por las importaciones y que en nuestro caso corresponden a la prohibición del glifosato y de los transgénicos del maíz para consumo humano.
En este cuadrante están los recortes de los programas rurales, lo que deriva en una disminución de la producción de granos, y que por la “la austeridad republicana” han reducido en más del 40 por ciento el presupuesto rural y cuyo resultado se traduce en una baja de los precios de garantía y de la productividad. Asimismo, los pequeños productores no han alcanzado incrementos en los rendimientos de las cosechas.