“Después de 30 años sigo llorando. Cuando fui detenida estaba embarazada de 3 meses. Estuve en la comisaria…El carabinero a cargo me amenazaba con que me iba a violar. En una carpa de campaña en el patio obligaron a un dirigente sindical a violarme y manosearme a vistas de 2 carabineros a cargo. Me amenazaron con sacarme las uñas de los pies (no lo hicieron pero a otros compañeros sí). Tuve un simulacro de fusilamiento…Estuve incomunicada en bancas días y noches. Vendada todo el tiempo. Era obligada a observar la tortura de otros y era amenazada con que me violarían de nuevo. En los interrogatorios me desnudaban, me manoseaban y me sentaron en la silla dental y me pusieron corriente en los senos, garganta, vientre y piernas…”

Juanita Aguilera, presidenta de la Comisión Ética contra la Tortura. (Presa política entre 1980 y 1984 en Chile).





¿Un relato de tortura para comenzar la colaboración de esta semana? ¿De Chile? ¿Le parece ajeno? No es un despropósito, le cuento: es para tratarnos de establecer un contexto sobre lo que se viene si se aprueba la ley marcial que desde diciembre del año anterior se viene anticipando desde este espacio y se ha advertido en el centro del país por especialistas. La tortura en Chile en tiempos de la dictadura era legal porque el ejército poseía amplias facultades frente a cualquier hecho o sospecha que considerara una eventual amenaza.



Dando continuidad, recordemos que hay 3 iniciativas (la Ley de Seguridad Interior, Ley Reglamentaria del Artículo 29° y reformas a la Ley contra la Delincuencia Organizada) en el congreso para ampliar las facultades al ejército y la Marina, es decir, otorgarles el tan ansiado marco legal que requieren para formalizar las funciones que realizan. Sin embargo; hay un problema: la constitucionalidad. Digo, porque habría que tomarla en cuenta por ser la república democrática que somos. (Según).



Para 2008, en el artículo 21° de la Constitución se incluyó la norma que tiene como definición que la seguridad pública únicamente se encargaría los órganos civiles. Previo, como norma no oficial y por ser el presidente comandante en jefe de las fuerzas armadas, las filas castrenses se encargaron de COADYUVAR las tareas de seguridad pública con lo que se justificó desde la operación Cóndor, la represión a los movimientos estudiantiles y el monitoreo y acciones contra el narco en el triángulo dorado (la región comprendida entre Durango, Chihuahua y Sinaloa). Posteriormente en 2009, la reforma que habilitó los juicios orales estableció el régimen de excepción de derechos disminuidos y discrecionalidad para que el presidente Calderón pudiera llevar a cabo su guerra contra el narco.



El bemol del asunto es una cláusula que -como cuento de hadas cuando se habla del verdadero amor- establecía “la prohibición del uso de las fuerzas no civiles para tareas de seguridad pública”. Y a razón de ello, ahora se pretende instaurar el marco legal con el concepto de “seguridad interior” porque constitucionalmente el ejército no está facultado para asumir tareas de seguridad pública.



La trampa es -como señala Alejandro Madrazo Lajous- que estas reformas se están promoviendo como la salida del ejército de las calles cuando en realidad los tenemos cumpliendo cada vez mas tareas policiales y ahora con la eventual aprobación, con el sustento de dos conceptos que en lo concreto son verdaderamente peligrosos (así, en tono alarmista) el de Seguridad Interior y lo que se está definiendo uso legítimo de la fuerza. Desglosemos:



Seguridad Interior: Es la condición que proporciona el estado para dar continuidad de las instituciones y desarrollo nacional mediante el cuidado del estado de derecho.

Uso legítimo de la fuerza: Son las técnicas, tácticas, métodos armamentos y protocolos para controlar, repeler o neutralizar cualquier resistencia agresiva, no agresiva o agresiva grave.



De lo anterior surgen varias dudas, ¿requiere el país una ley de seguridad interior cuando lo conducente debiera ser el fortalecimiento de las instituciones? ¿no resulta acotado reducir la seguridad interior a una condición que solo estará ejercida por una sola de sus instituciones, en este caso la castrense? A partir del estado militarizado, ¿cuál es el tramo que recorrer para un gobierno militar si constitucionalmente no existen los contrapesos necesarios y los pocos que existen al momento han sido prácticamente ignorados?



Organizaciones civiles han señalado algo fundamental: el debate se está realizando como si no viniéramos de una guerra que se ha extendido por 10 años. Centralizado o no, en Chihuahua sucede como si tal no existiera o no se estuviera dando a pesar de lo mucho que tenemos para decir o generarnos un posicionamiento al respecto.



Para la reforma constitucional del 2009 presenciamos el acoso sistemático del ejército y policía federal contra la ciudadanía, el aparente “descuido” de las zonas serranas por destacamentar a los efectivos militares en las zonas urbanas -principalmente en Juárez y Chihuahua- generó el avance y conquista de grupos delincuenciales en la sierra provocando desplazamiento de comunidades enteras, la cooptación de las brechas y caminos por quien posee el control de las zonas, la extorsión, secuestros, unido a los múltiples excesos de militares, federales, ministeriales y policías municipales coludidos con la delincuencia organizada, hacen temer seriamente la justificación que las iniciativas de ley que en su concepto de “uso legítimo de la fuerza” ostentan porque sabemos que en efecto y sin falla, el ejército viola derechos humanos.



Y es que la eventual aprobación no solo entraña riesgos referentes a los excesos de las fuerzas armadas en el combate de la delincuencia. El marco jurídico también estaría para protegerlos y evitarles enfrentarse a la rendición de cuentas sobre sus actos; me temo represión, disuasión de actividad política disidente y la anulación de derechos constitucionales y garantías como la libre expresión, libre manifestación de ideas y la libre asociación, al más puro estilo de las políticas gubernamentales implementadas en los tiempos de la guerra sucia.

Como nota adicional y a razón del epígrafe de esta colaboración, debo decir que las mujeres son las más vulnerables en un estado de sitio o militarizado porque la violencia sexual se vive de ambas partes, de delincuentes y soldados, porque el cuerpo de las mujeres es un arma de guerra, un salvoconducto, una concesión permitida para ambos bandos.



Esta es una buena ocasión para que desde la experiencia social y comunitaria recuperemos la construcción de la memoria que hace 10 años nos comenzamos a escribir. Toda persona que me lee, de modo cercano ha padecido los estragos de la guerra, así que bien podríamos participar negándonos a contribuir con nuestro silencio o pasividad a tener un gobierno que en todo sentido trastocaría nuestra libertad, la posibilidad de tener una vida tranquila, plena.



Si usted no sabe como participar o desea saber más, puede consultar la página www.leygoplista.org y firmar la petición.







marielacastroflores.blogspot.mx

@MarieLouSalomé

















“Después de 30 años sigo llorando. Cuando fui detenida estaba embarazada de 3 meses. Estuve en la comisaria…El carabinero a cargo me amenazaba con que me iba a violar. En una carpa de campaña en el patio obligaron a un dirigente sindical a violarme y manosearme a vistas de 2 carabineros a cargo. Me amenazaron con sacarme las uñas de los pies (no lo hicieron pero a otros compañeros sí). Tuve un simulacro de fusilamiento…Estuve incomunicada en bancas días y noches. Vendada todo el tiempo. Era obligada a observar la tortura de otros y era amenazada con que me violarían de nuevo. En los interrogatorios me desnudaban, me manoseaban y me sentaron en la silla dental y me pusieron corriente en los senos, garganta, vientre y piernas…”

Juanita Aguilera, presidenta de la Comisión Ética contra la Tortura. (Presa política entre 1980 y 1984 en Chile).





¿Un relato de tortura para comenzar la colaboración de esta semana? ¿De Chile? ¿Le parece ajeno? No es un despropósito, le cuento: es para tratarnos de establecer un contexto sobre lo que se viene si se aprueba la ley marcial que desde diciembre del año anterior se viene anticipando desde este espacio y se ha advertido en el centro del país por especialistas. La tortura en Chile en tiempos de la dictadura era legal porque el ejército poseía amplias facultades frente a cualquier hecho o sospecha que considerara una eventual amenaza.



Dando continuidad, recordemos que hay 3 iniciativas (la Ley de Seguridad Interior, Ley Reglamentaria del Artículo 29° y reformas a la Ley contra la Delincuencia Organizada) en el congreso para ampliar las facultades al ejército y la Marina, es decir, otorgarles el tan ansiado marco legal que requieren para formalizar las funciones que realizan. Sin embargo; hay un problema: la constitucionalidad. Digo, porque habría que tomarla en cuenta por ser la república democrática que somos. (Según).



Para 2008, en el artículo 21° de la Constitución se incluyó la norma que tiene como definición que la seguridad pública únicamente se encargaría los órganos civiles. Previo, como norma no oficial y por ser el presidente comandante en jefe de las fuerzas armadas, las filas castrenses se encargaron de COADYUVAR las tareas de seguridad pública con lo que se justificó desde la operación Cóndor, la represión a los movimientos estudiantiles y el monitoreo y acciones contra el narco en el triángulo dorado (la región comprendida entre Durango, Chihuahua y Sinaloa). Posteriormente en 2009, la reforma que habilitó los juicios orales estableció el régimen de excepción de derechos disminuidos y discrecionalidad para que el presidente Calderón pudiera llevar a cabo su guerra contra el narco.



El bemol del asunto es una cláusula que -como cuento de hadas cuando se habla del verdadero amor- establecía “la prohibición del uso de las fuerzas no civiles para tareas de seguridad pública”. Y a razón de ello, ahora se pretende instaurar el marco legal con el concepto de “seguridad interior” porque constitucionalmente el ejército no está facultado para asumir tareas de seguridad pública.



La trampa es -como señala Alejandro Madrazo Lajous- que estas reformas se están promoviendo como la salida del ejército de las calles cuando en realidad los tenemos cumpliendo cada vez mas tareas policiales y ahora con la eventual aprobación, con el sustento de dos conceptos que en lo concreto son verdaderamente peligrosos (así, en tono alarmista) el de Seguridad Interior y lo que se está definiendo uso legítimo de la fuerza. Desglosemos:



Seguridad Interior: Es la condición que proporciona el estado para dar continuidad de las instituciones y desarrollo nacional mediante el cuidado del estado de derecho.

Uso legítimo de la fuerza: Son las técnicas, tácticas, métodos armamentos y protocolos para controlar, repeler o neutralizar cualquier resistencia agresiva, no agresiva o agresiva grave.



De lo anterior surgen varias dudas, ¿requiere el país una ley de seguridad interior cuando lo conducente debiera ser el fortalecimiento de las instituciones? ¿no resulta acotado reducir la seguridad interior a una condición que solo estará ejercida por una sola de sus instituciones, en este caso la castrense? A partir del estado militarizado, ¿cuál es el tramo que recorrer para un gobierno militar si constitucionalmente no existen los contrapesos necesarios y los pocos que existen al momento han sido prácticamente ignorados?



Organizaciones civiles han señalado algo fundamental: el debate se está realizando como si no viniéramos de una guerra que se ha extendido por 10 años. Centralizado o no, en Chihuahua sucede como si tal no existiera o no se estuviera dando a pesar de lo mucho que tenemos para decir o generarnos un posicionamiento al respecto.



Para la reforma constitucional del 2009 presenciamos el acoso sistemático del ejército y policía federal contra la ciudadanía, el aparente “descuido” de las zonas serranas por destacamentar a los efectivos militares en las zonas urbanas -principalmente en Juárez y Chihuahua- generó el avance y conquista de grupos delincuenciales en la sierra provocando desplazamiento de comunidades enteras, la cooptación de las brechas y caminos por quien posee el control de las zonas, la extorsión, secuestros, unido a los múltiples excesos de militares, federales, ministeriales y policías municipales coludidos con la delincuencia organizada, hacen temer seriamente la justificación que las iniciativas de ley que en su concepto de “uso legítimo de la fuerza” ostentan porque sabemos que en efecto y sin falla, el ejército viola derechos humanos.



Y es que la eventual aprobación no solo entraña riesgos referentes a los excesos de las fuerzas armadas en el combate de la delincuencia. El marco jurídico también estaría para protegerlos y evitarles enfrentarse a la rendición de cuentas sobre sus actos; me temo represión, disuasión de actividad política disidente y la anulación de derechos constitucionales y garantías como la libre expresión, libre manifestación de ideas y la libre asociación, al más puro estilo de las políticas gubernamentales implementadas en los tiempos de la guerra sucia.

Como nota adicional y a razón del epígrafe de esta colaboración, debo decir que las mujeres son las más vulnerables en un estado de sitio o militarizado porque la violencia sexual se vive de ambas partes, de delincuentes y soldados, porque el cuerpo de las mujeres es un arma de guerra, un salvoconducto, una concesión permitida para ambos bandos.



Esta es una buena ocasión para que desde la experiencia social y comunitaria recuperemos la construcción de la memoria que hace 10 años nos comenzamos a escribir. Toda persona que me lee, de modo cercano ha padecido los estragos de la guerra, así que bien podríamos participar negándonos a contribuir con nuestro silencio o pasividad a tener un gobierno que en todo sentido trastocaría nuestra libertad, la posibilidad de tener una vida tranquila, plena.



Si usted no sabe como participar o desea saber más, puede consultar la página www.leygoplista.org y firmar la petición.







marielacastroflores.blogspot.mx

@MarieLouSalomé