Chihuahua, Chih.

Vaya golpanazo asestado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a la coalición gobernante en Chihuahua, aunque no se sepa a ciencia cierta si el PAN y el PRI van juntos en la elección de los juzgadores locales del 1o de junio próximo.

«La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Congreso del Estado de Chihuahua enviar su lista de aspirantes a magistraturas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), al determinar que existió una violación a sus derechos políticos. Lo anterior debido a que el Congreso local sólo envió al Instituto Estatal Electoral (IEE) la lista de candidatos a jueces, pero no la de magistraturas». (Nota de Argelia Domínguez, El Diario, 2/4/25).

La reforma judicial ordenada por López Obrador establece, rigurosamente, que los partidos políticos no deben participar en esta elección.

Eso dice la ley, otra cosa es la realidad.

Por todas partes han aparecido, en apenas tres días de campaña, las evidencias de la participación enmascarada de las fuerzas políticas. No podía ser de otra manera.

En Chihuahua, el PAN decidió que en esta elección se eligiera al total de los juzgadores estatales, para no verse enfrentado, en 2027, a un verdadero merequetengue pues ese año iríamos a la elección de gobernador del estado, diputados locales, diputados federales, síndicos, presidentes municipales, la mitad de los juzgadores federales (jueces y magistrados) y, además, la mitad de los juzgadores locales.

De ese modo, en junio elegiremos al total de los jueces y magistrados de Chihuahua, para no tener elecciones de juzgadores locales en 2027.

Los tres poderes deberían proponer sus listas de candidatos,  (De jueces y magistrados, es decir, dos listas de candidatos por cada poder), de ese modo, la fuerza gobernante pudo tener control en las listas del Poder Ejecutivo (pues su integración era responsabilidad exclusiva de la gobernadora Maru Campos) y del Poder Judicial, en el cual, por lo menos formalmente, no existe un control semejante, pero sí una sincronía entre sus respectivos titulares.

Pero en el único poder en el que no tendrían el control absoluto era el Legislativo, en el cual la coalición gobernante tiene una más que endeble mayoría, razón que explica la decisión de no enviar la lista de candidatos a magistrados, contra la que se inconformaron diversos actores.

Era un verdadero despropósito lo que hizo la mayoría, integrada por los diputados de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano, del Trabajo, Verde y un diputado de Morena, -de no enviar la lista de candidatos a magistrados-.

Creyeron que no habría inconformidades y ahora, de paso, se prestaron para que les dieran un tremendo sopapo:

«“Es claro que incumplió su deber (el Congreso del Estado) y afectó el derecho político de ser votado de todas las personas que integraron el listado de candidaturas a estas magistraturas del TSJ y del propio Tribunal de Disciplina. Esta circunstancia lesionó de manera grave los derechos de los involucrados, pues con ello se les afectó en lo individual al impedirles postularse a un cargo judicial. Aunado a ello en un plano social, se impidió al electorado elegir de entre una amplia oferta de opciones a las personas que integrarán el TSJ», afirmó la magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Aralí Soto Fragoso». (Ibídem).

Era lógico que en la lista que votara el Congreso aparecieran candidatos incómodos al grupo gobernante y, acaso, sólo digo, con nexos a alguno de los actores de Morena en el estado.

Ahora el IEE deberá sumar a 94 candidatos más a la lista de aspirantes al TSJ de Chihuahua.

La resolución del TEPJF servirá para que la contienda por los puestos del máximo tribunal estatal adquiera ribetes de máxima competencia pues de todos es sabido que sólo llegarán a esos cargos quienes hayan sido, o impulsados, o apoyados por las fuerzas mayoritarias locales, el PAN y Morena, que son las fuerzas ú organismos capaces de ‘movilizar’ a algunos electores, ante la posibilidad cierta de que se presentará un abstencionismo récord.

A esos dos partidos les interesa especialmente la elección de los magistrados del TSJ, por la relevancia de esos cargos y del tribunal, y será el evento en el cual podrán medir fuerzas en la ruta de la disputa por el gobierno del estado.

De ningún modo la elección de junio podrá ser parámetro para la del 2027, pero sí será el evento en el cual estarán midiendo fuerzas y a lo mejor (o a lo peor) una de ellas se hace de la mayoría de los cargos en disputa ahora.

Esta elección y sus resultados serán la más contundente de las pruebas de que la designación de juzgadores por esta vía es una tremenda equivocación.

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Columna de Plata de la Asociación de Periodistas de Cd. Juárez (APCJ): 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023