Chihuahua, Chih.

¿Cuál sería la reacción del gobernador Javier Corral si, ante una extrema situación de emergencia en la entidad y tuviera presunción de la participación de agentes y mandos federales en ella, le solicitara al presidente de la república una urgente reunión para plantearle tema tan delicado, solo a él, y recibiera por respuesta el silencio?

Y que, además, el Procurador General de la República, molesto, le señalara que si tuviese pruebas de sus dichos las presentara ante esa dependencia, como cualquier hijo de vecino.

Lo anterior no es un caso hipotético.

Desde muchas semanas atrás, el alcalde de Cuauhtémoc, Carlos Tena, ha denunciado públicamente -y ha reiterado que lo hizo ante el Comisionado Oscar Aparicio Avendaño y el Fiscal César Alejandro Peniche- que agentes estatales son los responsables del incremento de la ola delictiva en ese municipio, que han participado en muchos de los crímenes y especialmente que lo hicieron en el secuestro y asesinato del policía municipal, Jesús Andrade Chagoya, ocurrido recientemente.

La denuncia de Tena la efectuó en los momentos en que las corporaciones estatales cursan bajo dos fuegos, el de las crecientes denuncias en contra de varios de sus elementos, y la de los continuos y mortíferos ataques que han sufrido a manos de las bandas criminales, además del asesinato de algunos de los comandantes involucrados en la investigación de las presuntas corruptelas existentes en la corporación.

“Desde octubre de 2016 han sido victimados a balazos 67 policías tanto de la AEI como de la CES. Oficialmente se ha indicado que los homicidios son derivados del trabajo realizado por ambas corporaciones estatales y en consecuencia de las afectaciones al crimen organizado. Sin embargo, a la par de estos eventos se abrieron 850 investigaciones internas contra elementos de la CES y de la AEI por delitos que incluyen homicidios, tortura, robo y abuso de autoridad”. (Nota del Staff, Diario de Juárez, 3/XI/18).

Además, “la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene vigentes otras 132 denuncias en la Zona Norte por tortura y robo en su mayoría”. (Ibídem).

Los criminales han señalado reiteradamente la presunta participación del Comisionado Aparicio en la red de corruptelas, acusaciones que, de entrada, podrían desestimarse -no sin efectuar la necesaria investigación sobre ellas- pero las realizadas por el alcalde cuauhtemense, de ninguna manera, es una autoridad constituida y elegida democráticamente, además del hecho de que años atrás, cuando era un ciudadano sin mando legal, las había hecho.

Preocupa el silencio de Palacio ante la queja del alcalde y más el de que la razón pudiera ser el origen partidario del actual alcalde -Morena- y la extrema cercanía del ex alcalde -el panista Humberto Pérez-, derrotado en julio anterior.

Este es de tal confianza del gobernador Corral que recientemente lo nombró Director de Administración de la Secretaría de Hacienda, sin duda el segundo puesto de mayor confianza del gobernador en el manejo de las finanzas estatales. Sustituyó a Guillermo Luján, otro de los funcionarios más allegados a Corral, tanto, que la esposa de Luján era la suplente de Corral en la senaduría.

De la importancia del puesto de Pérez habla el hecho que sus antecesores, en la era de César Duarte, están presos, acusados de haber solapado y participado en las presuntas corruptelas cometidas por el ex gobernador.

Uno pensaría que tales antecedentes no deberían ser referente alguno, ni para la toma de decisiones, ni para que determinaran la conducta del mandatario en relación con la del alcalde de la ciudad más importante de una de las zonas -quizá la mayor- más peligrosas de la entidad y asolada por las bandas criminales a grados no sufridos -aún- por alguna otra región de Chihuahua.

Pero el silencio de Palacio es ominoso.

Y no nada más en este caso, los infanticidios cursan por el mismo silencio. Peor, la inacción gubernamental es infinitamente peor.

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