El chantaje como escafandra



Es probable que en estos momentos este dando los últimos toques a lo necesario requerido para que las fiestas de la temporada le resulten toda un éxito; sin embargo y antes de que se contagie por la alegría navideña, quizá sea pertinente motivar una última reflexión sobre uno de los temas más controversiales y de mayor riesgo en el país en recientes fechas: la promoción de una ley golpista o militar.



En entrega anterior hablé de las supuestas “virtudes” que se le reconocían al general Cienfuegos para echar andar una estrategia de renovación moral que eventualmente le daría a las fuerzas armadas la calidad suficiente para seguir en las calles y peor aún, para seguir cometiendo violaciones a los derechos humanos sin ser requeridos por absolutamente ninguna entidad o autoridad.



La semana pasada se discutió en el Senado la Ley de Seguridad Interior, que no es más que la concreción de lo pedido por el Ejército desde que fueron sacados a las calles en la administración anterior: proveerlos de un marco jurídico que se adecuara a las funciones que hoy ostentan. Dos iniciativas fueron promovidas, una por el coordinador de los diputados federales del PRI; Cesar Camacho Quiroz y otra, por el senador Roberto Gil con la supuesta pretensión de regular las actividades de marinos y soldados en tareas de seguridad pública.



Presidencia se ha apurado a tejer fino y en esto, pareciera que la táctica si ha funcionado. Primero, se diseña e implementa una estrategia muy acorde a lo que Denis Lindon decía en el Political Marketing: “Definir los objetivos y programas del hombre o la institución pública, y difundirlos persuasivamente para influir en el comportamientos de los ciudadanos”, en este caso, se intenta generar empatía con los efectivos desplegados en las calles con una agresiva campaña mediática, específicamente en tele y radio resaltando la “loable” labor que desempeñan. La última tirada de dados fueron las declaraciones del general.



La apuesta es clara y la formula no falla: institución que comunica, institución que funciona. Y para comunicar con eficacia hay que tener credibilidad. Y en ese sentido se ha tratado de posicionar al ejército con herramientas de comunicación política mostrando como trabaja en campañas de vacunación, reforestando o apoyando a la población en desastres naturales y por supuesto, resaltando que lo hace por el bien de la sociedad civil de la que se espera como resultado de esta campaña su comprensión y colaboración.



En teoría todo bien; sin embargo, la profunda crisis humanitaria en materia de derechos humanos iniciada en el Calderonato se ha perpetuado y no parece detenerse, al contrario, se ha agravado. El elemento adicional que hoy se suma es que las fuerzas armadas mismas han protagonizado las tragedias más emblemáticas del país.



Por ejemplo, en 2011 cuando la masacre de San Fernando se perpetró fue frente a la omisión del ejército y la marina que pactaron con los grupos criminales de la zona. Hoy, eventos como los de Tlatlaya y Ayotzinapa no hubieran ocurrido sin su participación directa. Bien podemos entonces cuestionar si en verdad cumplen con el objetivo con el que salieron a la calle. Ahí entra la gravísima consideración de ampliarles el marco jurídico para que sigan patrullando.



La institución armada alega que deben estar protegidos frente a “equivocaciones”, es decir, cuando disparan (y matan) a la población civil, para esto esbozan como argumento el profundo desgaste de la tropa, la baja moral derivada de la mala impresión que tiene la sociedad de ellos, el stress post-traumático que les hereda participar en enfrentamientos de varias horas, la lejanía de sus familias, etc., y sobre todo, que ellos no están educados ni entrenados para estar en contacto con la población civil.



Ampliar sus facultades y atribuciones a través de una ley como la propuesta en el senado (que está detenida pero que puede emerger en cualquier momento1) habilitaría la posibilidad de la suspensión de garantías y normalizaría lo que ya vivimos -por lo que nadie hasta ahora responde- de modo inconstitucional.



Para cerrar este capítulo me queda claro que las declaraciones de Cienfuegos sometidas al contexto actual insertas en la promoción de una ley que es necesaria para sostener un sistema político y económico que según proyecciones el próximo año se recrudecerá harán cumplir la máxima de que a falta de un gobierno eficiente, no hay como un mayor control. La desfachatez del general raya en el exceso y en lo absurdo puesto que no posee ninguna restricción y denota solo una cosa: el inmenso vacío de poder que cursamos en el actual gobierno.



Las y los legisladores deberían estar viendo lo necesario para fortalecer las instituciones civiles, para ir orquestando el regreso del ejército a los cuarteles y motivando discusiones de cómo crear o reconfigurar las policías para que la sociedad civil no quede en total indefensión cuando esto suceda, porque sin contrapesos y dándoles más poder ¿qué falta para que las fuerzas armadas se conviertan en el poder mismo volviéndose gobierno? Por lo pronto en voz del general ya encontraron justificación y como escafandra, protección.



marielacastroflores.blogspot.mx



@MarieLouSalomé



1. Legisladores han previsto un periodo extraordinario de sesiones y votación de la iniciativa para la Ley de Seguridad Interior en enero de 2017.