Chihuahua, Chih.
«La resolución de un Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativo, que favoreció al exgobernador Javier Corral pone en riesgo los procesos penales y administrativos del caso César Duarte y de la estrategia conocida como Justicia para Chihuahua, advirtió el auditor superior del Estado, Héctor Acosta Félix. El funcionario afirmó que el fallo altera el sistema de competencias entre instancias federales y estatales en materia de fiscalización». (Nota de Ismael Carrillo/El Diario, 24/1/26).
Hay ocasiones en las que lo esencial de una nota informativa resume el total del asunto que se pretende informar, la anterior es una de ellas.
¿Hasta dónde ha llegado la pretensión de favorecer -desde las más altas esferas del poder público en México- al ex gobernador Javier Corral, que ha puesto en riesgo la viabilidad de una desconocida -pero abundante- cantidad de procesos penales, en Chihuahua y en el resto del país?
En ese sentido, el abogado Héctor Villasana (defensor del ex gobernador Duarte) informó que están estudiando la resolución acá comentada para «promover el sobreseimiento de la causa en contra del exmandatario César D.J., el cual lo mantiene en prisión preventiva».
El Auditor Acosta lo dijo, hasta elegantemente («La resolución genera una confusión de competencias a nivel nacional»), pero es un verdadero atraco, que permitirá un increíble incremento de los casos de abuso de los recursos públicos.
Todo porque el Tribunal Colegiado consideró que las ‘participaciones federales’, (a pesar de ser de ‘libre disposición’ que deben ser considerados como ‘propios’), no perdían su calidad de ‘federales’, consideración contraria a las leyes pertinentes y a la infinidad de fallos judiciales que así lo consideraron.
El tribunal sostuvo lo contrario en su resolución y por ello ordenó que el caso Corral fuera enviado a la competencia federal.
Lo anterior va en sentido contrario al esquema legal sostenido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y las auditorías estatales, el cual sostiene que las participaciones federales corresponden al ámbito de fiscalización estatal, caso contrario al de las ‘aportaciones federales’.
Pero el rebote de tal resolución -si fuera admitido como válido por otros tribunales federales- se daría, no solo con los expedientes ‘X’, sino contra otros procesos en el país, pues los delitos por los que están siendo procesados distintos ex funcionarios tienen su origen -la mayoría- en una mezcla de recursos económicos que tienen su origen en ingresos ‘propios’ y participaciones federales y también para una buena cantidad de procesos judiciales existentes en contra de ex funcionarios estatales y municipales, los que, si se aprobara el criterio del tribunal Colegiado, deberían pasar a la justicia federal y en muchos casos serían invalidadas las acusaciones.
Más aún, como lo sostuvo ayer el coordinador de los diputados de Morena, Cuauhtémoc Estrada, las participaciones federales, tan son parte de los recursos estatales que, al momento de contratar créditos, las entidades federativas las interponen como garantía de tales empréstitos.
Es de una enorme importancia la resolución del Tribunal «trastoca todo el sistema de fiscalización y control del gasto público en el país» pues, además, decidió que las investigaciones sobre los recursos legales interpuestos referentes a participaciones federales, las deba realizar la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
¿Hasta dónde llegarán en la defensa de Corral, o forma parte de toda una operación que les permitirá resolver, sin sustento alguno en el derecho, quienes sí deban responder por sus actos ante la justicia y, también, quien no?
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