Chihuahua, Chih.

Tras mucha controversia y años de exigencia, al fin se promovió la solicitud de alerta de género que tendrá en su haber muchas otras polémicas y desde ya se puede anticipar, dará nuevas luces sobre lo que el fenómeno de la violencia de género es e implica en nuestro estado tan emblemático en el tema de feminicidio.



De modo sistemático el gobierno estatal se había negado a reconocer la problemática porque al hacerlo, tendría que reconocer su incapacidad e ineficiencia para atender el tema y sobre todo, mostrar abiertamente al resto del país y la comunidad internacional la derrota política del gobierno corralista al que es visto ya, no le importan las mujeres y mucho le abona a la cancelación de sus derechos ejerciendo su poder e influencia en el Congreso estatal con una ultramontana fracción parlamentaria albiazul a la que, incluso el tema de la discriminación no le parece importante, tanto que votó en contra de la iniciativa que permitiría irla erradicando de a poco.



¿Por qué mencionarlo? Porque son estas acciones las que definen un contexto de desigualdad en el que la misoginia se acendra y acrecienta y va generando las condiciones que permiten se asesinen mujeres por razones de género

¿Por qué otra cosa? Porque para la activación de la alerta de género es fundamental la coordinación interinstitucional. No crea usted que sólo las fiscalías, desarrollo social y los institutos de las mujeres son los únicos responsables de que la pandemia se resuelva, más bien, al tener funciones específicas son un magnifico chivo expiatorio para quien también tiene responsabilidad no se haga cargo.



El anuncio de la solicitud para la eventual aprobación de la alerta ha traído consigo el anuncio de la conformación de un grupo interdisciplinario que promueva la investigación y recabe los elementos necesarios para saber si esta procede o no; sin embargo, ¿Sabemos bien lo que tenemos que buscar? El reciente estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México “Violencia contra las Mujeres y Seguridad Ciudadana en México, un acercamiento desde el ámbito municipal para la formulación e implementación de Políticas” arroja datos que al parecer nos indican que todo este tiempo, hemos estado leyendo de modo equivocado la evidencia de seguridad ciudadana en la violencia de género o bien, nos ofrece nueva información y conclusiones que rompen con el tradicional abordaje del tema y por ende, de las formas de hacer política de seguridad para las mujeres.



El trabajo centra sus observaciones y acción en los municipios, o sea, ha dejado de lado a las multicitadas organizaciones de la sociedad civil para ir al centro de las cosas, a las calles, a donde se registran las incidencias para lograr georreferenciación municipal con un cruce de motivo de asesinatos, presupuestos y política de acción estatal y federal que determine el nivel de impacto, sobre todo en las percepciones del problema directamente para obtener estadística y análisis cuantitativos por grupos regionales ya que sólo sabiendo minuciosamente el comportamiento del fenómeno, sólo así, se es capaz de combatirlo.



La propuesta es innovadora y las conclusiones claridosas: tomando en cuenta la segmentación de los asesinatos femeninos uno es determinado “feminicidio” y otros “homicidios de mujeres” el comportamiento de los feminicidios es diferente a lo acontecido en los homicidios de mujeres, la tasa de homicidios de mujeres es casi dos veces la estimada para el feminicidio, o sea, el feminicidio se mantiene constante y no depende del auge o disminución de la violencia en el país, por otro lado, los homicidios de mujeres tienen un comportamiento similar al de los homicidios de hombres. 



Tras el análisis de los cientos de cifras obtenidas en un periodo que va desde el 2001 al 2017, el estudio determina que el feminicidio se mantiene sólo con un ligero incremento (no son susceptibles de ser influidos por las dinámicas regionales de violencia), no así con el homicidio de mujeres que establece entre sus modalidades el ahorcamiento, muerte por arma punzocortante y/o de fuego que está asociado al mayor flujo de armas durante el periodo de la guerra contra el narco.

Esta asignación no es fortuita, quien define el tipo penal que le corresponde a cada mujer asesinada omite deliberadamente clasificar “feminicidio” en las carpetas de investigación para mantener estable la cifra. Eso sugiere que el número es mucho mayor a la que se maneja habitualmente.



Otro dato curioso: el descenso del homicidio de hombres no tiene el mismo comportamiento que en el alza de mujeres, ambos suben de modo armónico, pero cuando baja el masculino no necesariamente baja el femenino.



El otro gran tema son los presupuestos. De los tres grandes programas del gobierno federal para erradicar la violencia contra las mujeres (prevención de la violencia, para la igualdad entre hombres y mujeres y atención integral en salud) han atravesado por serios recortes que se han traducido a falta de personal, rotación por burn-out (quemamiento) que a su vez genera personal sin capacitación.

En Chihuahua, uno de los principales problemas es el suministro tardío de los recursos, han disminuido casi en un 35% y se entregan en el segundo o tercer trimestre del año, como lo está siendo en este momento con el PAIMEF o los recursos asignados para los refugios.



¿Cuáles son las necesidades inmediatas? La focalización de las eventuales víctimas por su situación de riesgo y la focalización en violencia de alto impacto contra las mujeres. Para ello se requiere vinculación de los programas dirigidos a erradicar la violencia contra las mujeres, mediciones de impacto y efectiva coordinación entre instituciones.



Si bien ya existen a lo largo del estado los Centros de Atención a la Violencia contra las Mujeres, no son suficientes ni cuentan con las y los profesionales suficientes para atender la demanda porque los recortes presupuestales les han afectado seriamente, a pesar de ser los únicos que poseen personal altamente capacitado, sensible y que otorga todo tipo de servicios de modo gratuito, no se puede decir lo mismo de los Centros de Justicia que se convierten en viacrucis para quien llega en condición de vulnerabilidad por padecer violencia y en los que ministerios públicos son expertos pero en revictimizar y hacer desistir a las víctimas de sus denuncias; porque la enorme corrupción en el Poder Judicial –ya sistemática- no permite sanear el proceso de acceso y procuración de justicia.

A eso se le suma que, a la Fiscalía Especializada de la Mujer dentro de la Fiscalía General no se le ve como la entidad indispensable que es y su personal cada vez se va adelgazando de modo dramático acumulando cientos de carpetas de investigación creando un rezago que, a pesar de todos los empeños necesarios, es difícil poner al día.



El citado estudio define “la procuración de justicia como nudo principal en la implementación de acciones de prevención y atención de violencia contra las mujeres” y suscribo porque no hay medidas de prevención eficaces en tanto siga prevaleciendo la impunidad y las penas laxas para violadores y feminicidas.



“… es necesario repensar las formas en que los municipios puedan tener una participación activa frente al problema de violencia contra las mujeres y precisamente son los que muestran los escenarios más complejos y precarios para hacerlo, por lo que no pueden continuar en el abandono y la omisión, ya que desde suelen ser la puerta de entrada los servicios institucionales de prevención y atención del problema, y si desde este primer punto de acceso, las mujeres encuentran restricciones, estigmas y tratos revictimizantes, difícilmente continuarán los procesos de búsqueda de ayuda que requieren para enfrentar la violencia de la que son objeto”.