Apenas el domingo anterior escribíamos lo siguiente, a propósito de los retos del gobierno de Javier Corral: “Podrá Javier Corral no efectuar una vasta obra pública, ni efectuar una profunda transformación política, o de las instituciones, pero sí está obligado a ser el más congruente de los gobernantes chihuahuenses, dados los antecedentes de sus posturas…”.

Un día después, los más negros nubarrones sobre la credibilidad del nuevo grupo gobernante se desataron, a propósito de la publicación de un reportaje en el portal entrelineas.com, de la ciudad de Chihuahua, en el que se daba cuenta de la contratación, por el Gobierno del Estado, de los servicios de la empresa Molri para el diseño y colocación de lonas en diversos lugares, así como de la compra de distintos artículos deportivos a usarse en la “Carrera de la Liberación”.

La información tenía como fuente los documentos publicados en la página de transparencia de la Coordinación de Comunicación Social.

Hasta ahí el hecho no parecía tener mayor relevancia, fuera de que los contratos exhibidos (firmados por Manuel Molinar, a nombre de la empresa y cuñado de Riggs, y el Coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Antonio Pinedo) desmentían los dichos del Gobernador Corral en el sentido que ya no habría más contratos de publicidad, sin embargo, al conocerse que los propietarios de la empresa contratada eran el esposo de la hermana del Síndico de la capital, Miguel Riggs Baeza, de una familia con larga raigambre panista, estalló el escándalo, más si a lo anterior se le agregó el hecho de que la empresa nació apenas un mes después del triunfo del panismo en la entidad.

Pero no era lo único cuestionable, el monto de lo contratado (alrededor de 2 millones de pesos) podía rebasar los límites de las contrataciones sin la realización de la licitación; en los documentos exhibidos en el portal establecía que la nueva empresa tenía como objetivo el contratar espacios publicitarios en El Heraldo de Chihuahua y en la primera versión publicada no aparecía la firma del CP Guillermo Luján Peña, Director General de Administración de la Secretaría de Hacienda, luego aparecería firmado.

Interrogados al respecto, el Síndico se declaró ajeno al asunto.

Ayer, en una más que ríspida conferencia de prensa, Pinedo afirmó que desconocía el vínculo familiar de los propietarios de la empresa con el Síndico Riggs y justificó que varias contrataciones, con distintas empresas, para diversos servicios, se hubieron hecho fuera de las regulaciones existentes, debido a la inexistencia de recursos económicos.

Luego, en el afán de descalificar los severos cuestionamientos que se le realizaban por varios de los presentes, en varias ocasiones le gritó al periodista César Cruz, copropietario del portal www.entrelineas.com, que se habían acabado los contratos millonarios, seguramente en referencia a que esa empresa firmó contratos en el sexenio anterior por cantidades superiores a los 7 millones de pesos anuales.

Todo lo anterior ocurría en tanto cientos de manifestantes tomaban, por minutos, el Palacio de Gobierno, primero, y luego el Congreso del Estado, de manera semejante a lo realizado por otros manifestantes en Juárez un día antes, éstos por los cobros de los derechos vehiculares, aquellos por el gasolinazo.

¿Hay hilos conductores en ambos hechos?

Aparentemente, no, pero evidentemente, sí, el gobernador Corral debe efectuar una muy rápida reflexión sobre lo que hace su gobierno y la imagen que está obligado a difundir, la de la plena transparencia y la de la extrema intransigencia con los hechos, así sea tenuemente, presumiblemente corroedores de su credibilidad, para poder asumir, junto a los chihuahuenses el difícil inicio de año.

La imagen de lo sucedido es muy difícilmente aceptable: La hermana de uno de los mejores amigos del gobernante, y su esposo, crean una empresa poco después del triunfo del mandatario, la que resulta favorecida por un contrato, por montos que rondan la ilegalidad y con varias presuntas irregularidades.

En otros tiempos se podía aceptar, no ahora.

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