Chihuahua, Chih.
Ayer, el comisionado por la presidenta Claudia Sheinbaum, para “recoger las posturas y propuestas de la sociedad mexicana para la reforma electoral”, Pablo Gómez, cerró la discusión.
Al oponerse a las dos más importantes posturas de los actuales integrantes del INE -la autonomía y los recursos económicos necesarios para hacer su trabajo- en la práctica mostró cuáles serán los derroteros del oficialismo en esta materia.
Dijo más el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (que, entre otros casos, en nada ayudó a la resolución del fraude cometido por ARAS en contra de miles de chihuahuenses), que ninguna reforma electoral se había aprobado por consenso.
Pues puede que no por consenso, pero sí con la aprobación de la mayoría de las fuerzas de oposición -en cada momento- y la de los gobernantes.
Y no dijo otra cosa, fundamental, que en todos los casos lo esencial de las reformas fue propuesto por las fuerzas de oposición, entre las cuales siempre estuvo la de la izquierda y que en todos los casos Pablo Gómez jugó un importante papel, en los últimos 35 años.
Ahora parece haber olvidado todo lo anterior.
Parte central de las propuestas de la izquierda, desde principios de la década de los 70’s del siglo pasado, es que los órganos electorales fueran autónomos, que se definía porque ellos resolvieran sobre el monto de los recursos a gastar (y que siempre estuvieron sujetos a la fiscalización de los órganos competentes de la Cámara de Diputados) y sobre su quehacer en la materia.
Aquel que en todos los foros defendía, desgañitándose, esa autonomía, ahora dice que «Siempre me he opuesto (sic) a usar la palabra autonomía, porque autonomía quiere decir su propio gobierno y su propia ley. Por ejemplo, a las universidades la Constitución les da la capacidad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. Los órganos administrativos no son eso... pero deben tener plena independencia en sus resoluciones, deben ser imparciales, deben observar la legalidad y la certeza». (Nota de Érika Hernández/Agencia Reforma, 13/1/26).
Con lo anterior, ya sabemos que lo primero a modificar por la 4T será el artículo 41 de la Constitución (algo que los consejeros del INE le pidieron expresamente no se modificara) que establece: «El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios».
Los consejeros cometieron, sin duda, un error, al proponer que el presupuesto del INE debiera vincularse al crecimiento del PIB, pero que develó, sin querer, una de las preocupaciones de quienes gobiernan, pues Pablo Gómez les reviró -¿Y si decrece el PIB? ¿Le quitamos dinero al Instituto?.
De pasada, reveló -lo que no es una novedad- que «el objetivo (del gobierno) es bajar el gasto electoral».
Pues será para el gobierno, o mejor dicho, para el partido en el gobierno, que ha violado flagrantemente la legislación electoral y ha abusado, tanto de los recursos públicos, como los privados.
Solo deberíamos recordar lo efectuado por las ‘corcholatas’ en el período previo a las precampañas presidenciales, ya no se diga en la presidencial.
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