El gobierno de Javier Corral está urgido de efectuar una profunda reconsideración de su actuación; debe dar, ya, un golpe de timón y replantear, en muchos aspectos lo que hasta ahora ha realizado.

No hablamos de la obra pública, ni de la reingeniería institucional, esas, como es natural, deberán mostrarse al paso de los meses; no, se trata de la relación con sus gobernados, en la que en muchos aspectos ha sufrido un preocupante y acelerado deterioro.

Dejemos de lado los escándalos de las contrataciones con la empresa Molri y el desdén gubernamental con el que se han tratado las evidentes irregularidades encontradas en los poco menos de 30 millones de pesos ejercidos en diversos gastos.

Desde los primeros días de este año, Chihuahua ha sido escenario -igual que en el resto del país- de una gran cantidad de manifestaciones motivadas por el gasolinazo, pero también por el incremento en los cobros vehiculares realizados por el gobierno (derechos vehiculares, tarjeta de circulación, elevación del costo si se hace fuera de los 3 primeros meses del año).

La participación popular ha sido variopinta y los grados de irritación han sido crecientes, los que se incrementaron a raíz de los desalojos violentos y la detención de un grupo de manifestantes de diversas casetas de peaje. A su vez, las manifestaciones en las oficinas de recaudación de rentas han aumentado, particularmente las acaecidas en Madera y Juárez han sido las más ríspidas, sin que sean las únicas.

¿Cuál es la razón por la elevada irritación por los cobros vehiculares?

Frente a las manifestaciones, la Fiscalía estatal tiene abiertas cinco carpetas de investigación en contra de manifestantes que han tomado las casetas de peaje, dio a conocer César Augusto Peniche Espejel y el gobernador Javier Corral Jurado dijo que pidió a los diputados apoyo para la interlocución con los manifestantes. Corral anunció que por la pérdida de más de 60 millones de pesos por la toma de casetas, habrá recortes, ya que el 50 por ciento de esos recursos están comprometidos hasta el 2044 por la anterior administración”. (Nota de Patricia Mayorga, El Diario | Sábado 04 Febrero 2017)

La amenaza en contra de los manifestantes es extremadamente severa.

Y a menos que tengan evidencias plenas, como fotografías, videos validados, testimonios, etc, en contra de los detenidos de que ellos, directamente, evitaban que los usuarios pagaran, para lo cual deberán contar, obligatoriamente, con las declaraciones de los usuarios a los que se les impidió pagar, no estarán en condiciones de demostrar fehacientemente la culpabilidad de los señalados.

Más todavía. En varias ocasiones, y no solo del gobernador Corral, los funcionarios estatales han expresado que con la impedimenta a la recaudación del peaje carretero se está causando un grave daño a las finanzas estatales.

Tales declaraciones dejan de lado que prácticamente el total del peaje carretero se destina al pago de la deuda del fideicomiso carretero, que en caso de disminución del flujo vehicular no se verían afectados los ingresos del gobierno estatal, porque la deuda carretera tiene como garantía, solamente, los ingresos del peaje.

Hay, en el fondo -y la mayor parte de los casos, ni tan en el fondo, sino muy en la superficie- una buena cantidad de razones que explican la elevada irritabilidad social, de la cual son muy representativos quienes participan en las manifestaciones y en las cuales, muchos ya participan con una mayor irritación, aderezada porque en algunos de los asuntos que les dieron origen subyace la esperanza de encontrar en el nuevo gobernante una nueva actitud, distinta a la del predecesor y crece en una buena parte de ellos la convicción de que se equivocaron, en el mejor de los casos, o de que fueron traicionados.

Por otro lado, si el parque vehicular del estado es de un millón y medio -en números redondos-, suponiendo que todos los propietarios pagaran los derechos vehiculares, significaría que Hacienda recaudaría 450 millones de pesos extras, en relación a lo recaudado un año atrás, en el gobierno de Duarte.

Esa cantidad es la que el gobierno de Corral informó haber ahorrado en los primeros tres meses de su gestión.

Y es que cruzar los datos, acerca de la gente a la que gobiernan, les podría dar un panorama, real, de las condiciones socioeconómicas de la mayoría de los chihuahuenses, algunos de los cuales protestan en las calles y otros, los menos, reaccionan más violentamente ante medidas, en el escritorio, tan sencillas.

Se olvidan de la realidad.

Ahí van algunos datos que, cruzándolos, podrían explicar algo de lo que hoy está sucediendo en las calles y carreteras de Chihuahua: 62 de cada 100 trabajadores formales en el estado de Chihuahua obtienen ingresos de hasta 2 salarios mínimos mensualizados; en términos gruesos poco más del 50% de ellos labora en la industria maquiladora, 15 de cada 100 en el comercio y 13% en el sector de servicios a las empresas.

Pero resulta que solamente el 16-17% de los habitantes de la capital utiliza el transporte urbano (en una ciudad con 900 mil habitantes, circulan 400 mil vehículos), porcentaje superado en Juárez en la que el parque vehicular ronda los 600 mil, de lo que se deduce que una buena proporción de los asalariados utiliza el vehículo particular para sus desplazamientos en las dos principales urbes de la entidad.

¿Y quiénes son? Pues la mayoría son aquellos, precisamente, los de hasta dos salarios y si se quiere abarcar más, sumemos a quienes perciben hasta 5 salarios mínimos mensualizados (algo así como el 15% del total), esto es, alrededor de 12 mil pesos al mes y que utilizan para sus traslados vehículos con antigüedades de 4-5 años o mayores.

Ahí radica la diferencia, en el escritorio un aumento de 300 pesos, más 150 de la tarjeta de circulación no representa, aparentemente, un gasto mayor, pero significa, en la absoluta mayoría de los casos, un insoportable incremento del gasto familiar. Agréguele un aumento de casi el 20% de la gasolina.

Si a eso le añadimos el factor subjetivo, extremadamente valioso, de que apenas unos meses atrás la mayoría de los chihuahuenses despotricaba en contra del gobernador Duarte, por las fotomultas, por la deuda, por los derroches gubernamentales y porque se había alzado un vasto movimiento popular en contra del replaqueo, en un momento, y en contra del aumento a los derechos vehiculares, y en la ciudad de Chihuahua en contra de las fotomultas, nos explicaremos, entonces, la vastedad y profundidad de la molestia ciudadana con el nuevo gobierno.

Por supuesto que una parte de la ciudadanía reaccionaría -y reaccionó- con una enorme molestia, de la cual no se han percatado suficientemente en Palacio.

Incrementar los impuestos y cobros gubernamentales por el uso de vehículos es, en Chihuahua, un grave atentado a la economía familiar de la mayoría de sus habitantes, debieran saberlo los integrantes del nuevo grupo gobernante.

Y si tales medidas recaudatorias generaron molestias, la actitud de la policía estatal y sus mandos en los últimos días han creado todo un clima de malestar, reproche e irritación pues las detenciones, en lugar de que fueran distintas a las realizadas por ese mismo cuerpo policíaco en el gobierno anterior, fueron semejantes, por lo violentas y atrabiliarias.

Es de no comprenderse la operación política del gobierno del amanecer. Primero detienen, encarcelan, critican la violencia de los manifestantes, amenazan con más detenciones y bastó que la representación de los diputados locales les pidiera la liberación de los detenidos para que así sucediera y todavía se dijera desde Palacio que ¡se agradecía la colaboración del Congreso del Estado!

¿Porqué no lo hicieron sin que se necesitaran acciones como esa?

Para el común de la gente no resultaba difícil englobar el asunto del gasolinazo con el del incremento de los cobros vehiculares, al fin y al cabo el responsable, de los dos asuntos, es el “gobierno”. Uno prometió que no aumentaría el precio de la gasolina y que bajaría el de la electricidad; el otro dijo que no habría más acciones recaudatorias, finalmente fue lo contrario.

¿Cómo asombrarnos, entonces, de la rispidez de las manifestaciones en las casetas y las oficinas de recaudación de rentas en distintos puntos de la entidad?

Además, cómo no valorar -en las elaboraciones de los manifestantes- la radicalidad de algunas acciones, si con las primeras efectuadas, el gobernador Corral convocó a aquella reunión que tantas esperanzas despertó y lo llevó, junto con otros, a exigirle al Presidente Peña Nieto una reconsideración sobre el gasolinazo y a que, con el conjunto de reacciones en todo el país, se detuviera el nuevo incremento, anunciado para el 4 de febrero.

¿Por qué no dar marcha atrás en los aumentos de los cobros vehiculares? ¿Por qué no dar un golpe de timón en favor de la gente y demostrarle que la mayoría que los llevó al gobierno no se equivocó? ¿Por qué no darle a los chihuahuenses una muestra de la sensibilidad gubernamental y de que el compromiso hacia los “que menos tienen y menos pueden” es real?