Apaciguados los primeros conflictos del gobierno de Javier Corral, el monstruo de la violencia irrumpió abruptamente y catapultó el número de homicidios en medio de una serie de interrogantes y cuestionamientos acerca de las razones que precipitaron tan espantoso fenómeno.

Y lógicamente, el temor, fundado o no, empieza a hacer presa de la sociedad. En una de las regiones más castigadas por el control ejercido por las bandas criminales sobre el territorio, el de una parte del noroeste, empezó a circular un aviso preventivo en las redes sociales: “Me dijeron que va estar tremendo en Soto Máynez, Independencia, El Pacífico, El Terrero, El Molino y Namiquipa, con secuestro y balaceras y junta de ejército del Carlos Arturo (El 80). Me avisaron para no salir tarde o de noche, no andar autos en la calle sin licencia o placas. Envía esto a todos tus contactos, es un aviso importante. Yo ya lo envié, por si las dudas hay que prevenir ese tipo de cosas”.

Es de tal magnitud que el número de ejecuciones (y sólo de este tipo de crímenes) casi llega a las 2 centenas en el mes de octubre, lo que lo ubicará como el mes más violento, hasta el viernes 28, desde junio de 2012, cuando se presentó el mismo número, 190, de homicidios en la entidad. Si ocurrieran más decesos por esta causa en los últimos dos días del mes, entonces se ubicaría como el mas violento desde abril del 2012 cuando ocurrieron 224, o mayo de ese mismo año, con 199. (Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SNSP).

Y el 2016 sería el año más violento desde 2013, cuando se presentaron 1,443 asesinatos, por encima de los 1,086 de 2014 y los 945 de 2015, ya que hasta el viernes habían ocurrido 1,055 homicidios.

La curva ascendente no sólo es una percepción de la población. De enero a septiembre del 2015 ocurrieron 753 asesinatos. En el mismo período del presente año, se presentaron 859, un incremento del 14%; pero si el período analizado es de enero a octubre, las cifras corresponde a lo que hoy se informa: De enero a octubre del año anterior ocurrieron 823 homicidios y en el mismo período de 2016, 1,055, un crecimiento del 28.1%, el más alto desde los años del repunte homicida 2008-2012.

El incremento se apreciará mejor si se toma en cuenta que en el período enero-mayo de 2015 se presentaron 414 homicidios y en 2016 la cifra fue prácticamente la misma, 416.

Según la Secretaría de Gobernación, a fines de julio, la lista de ciudades con más altos índices de asesinatos eran: Acapulco, con 554 homicidios, Tijuana, con 460, luego, en tercer lugar, Culiacán con 222 y muy cerca de ésta, Ciudad Juárez con 210. Chihuahua se ubicó en el lugar 11o. con 107 homicidios.

Sirva para ubicar el problema el hecho de que el Inegi reveló que en 2015 se registraron 20 mil 525 homicidios en México. Es decir, una proporción de 17 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, tasa que es igual a la registrada en 2014. Sin embargo, el SNSP reportó que para ese año sólo se habían presentado 17,034.

Así, si el año culminara con 1,100 ejecuciones en el estado, entonces la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes se ubicaría en alrededor de 31-32, muy por encima de la nacional en 2015, que fue de 17, tasa que crecerá en el presente año a aproximadamente el 17.3.

Ahí está retratado, con las más frías estadísticas, el colosal problema del gobierno de Javier Corral, superior, incluso, al de las finanzas del gobierno estatal, pues en éste puede tener opciones, pero en el del enfrentamiento a las bandas del crimen organizado está sujeto a una gran cantidad de variantes, casi ninguna al alcance de la mano de la administración estatal, a menos, claro está, que decida enfrentarlo con otros instrumentos, diferentes a los usados en el pasado, esto es, el más completo combate a la impunidad y la colusión, así como el de la aplicación de las más modernas técnicas de investigación, así como el de enderezarlas al núcleo de cualquier actividad criminal: El desmantelamiento de las fuentes de financiamiento y de las empresas usadas en el lavado del dinero.

No llegan a cinco los casos en los que se haya aplicado la ley de extinción del dominio en Chihuahua y a pesar de que en nuestras tierras se dió la detención del supuesto líder del Cártel de Juárez, Vicente Carrillo, y que se encuentra preso en un penal de Chihuahua el presunto líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán, no hay, muchos meses después de sus capturas, ni listas de empresas decomisadas, o de bancos o instituciones sujetas a investigación por el lavado de dinero, de las inmensas fortunas que trasiegan, ya sea por la venta-distribución-traslado de la droga, o por la venta de armas y de las sustancias precursoras de la elaboración de los estupefacientes, así como del resto de las 20 actividades criminales que realizan tales grupos criminales.

Otro reto para la actual administración estatal, en relación con la ola homicida, es el de presentar los casos de tal manera que logren acreditar fehacientemente ante los jueces la responsabilidad de los presuntos culpables.

No se crea que fueron pocos los casos en los que la liberación de los acusados se dio debido a la debilidad de los argumentos y evidencias presentadas en su contra.

Durante una buena parte del sexenio anterior se presumió del elevado porcentaje que estaban obteniendo de sentencias de culpabilidad en contra de los detenidos. A pesar de ello, las cifras de homicidios nunca regresaron a los niveles de los años previos (2005, 550; 2006, 593; 2007, 617 y el terror, 2008, 2,030).

El pasado violento regresó y todo fue igual: ejecuciones múltiples, ataques en la vía pública, irrupción de grupos armados en viviendas y negocios y hasta un decapitado. En 24 horas sumaron aquí y en Chihuahua 25 asesinatos. (Nota de Staff, El Diario, 29/X/16).

Tan sólo en Juárez “la cifra pasó de 55 en septiembre a 84 en 28 días de octubre, lo que significa un alza de 53 por ciento y del 163 por ciento respecto a enero, cuando se registraron sólo 32 homicidios. Esto sin contar los homicidios en el Valle. En la ciudad de Chihuahua se repitió el patrón, de 39 asesinatos en septiembre se pasó a 67 en 28 días de octubre, que son 72% más, comparado con enero hay un aumento del 319 por ciento”. (Ibídem).

De acuerdo con el recuento realizado por el periódico “la cifra de homicidios en lo que va del año asciende a mil 198, de los que 437 se cometieron sólo en Ciudad Juárez, según las estadísticas”, cifra que está por encima de la informada por el SNSP que los ubicaba en 1,055, un enorme diferendo de 143 personas ultimadas.

El fiscal general, César Augusto Peniche Espejel aseguró que no regresaríamos a los niveles de violencia del año 2010, pero ya estamos muy cerca de los de 2012.

La sangría es inmensamente dolorosa, la ola homicida alcanzará cifras de espanto en una década pues de 2007 a la fecha, “Juárez alcanzará los 12 mil asesinatos en una década. Actualmente registra 11 mil 917 homicidios dolosos desde el primero de enero de 2007”. (Ibídem).

Peniche dijo que la violencia en las últimas semanas está relacionada con la pugna entre tres bandas que rivalizan por el control del mercado del cristal, algo que un sicario entrevistado por el Universal anunció.

Esa droga, afirmó, “Es más económica y de más rápida adicción, lo que representa una mayor utilidad a los vendedores porque es más fácil colocarla y se acomoda a cualquier estrato social”. (Ibídem).

Es de tal magnitud lo que está ocurriendo que el muy influyente periódico, quizá el de mayor peso en las élites económicas del mundo, The Economist, intituló un reportaje así: “Tiembla Juárez de nuevo”.

Advirtió que “en gran parte del país, los fundamentos del Estado de derecho, una fuerza policial eficaz y una capacidad para procesar crímenes siguen desaparecidos”.

¿Qué tanto influyó en esta oleada creciente la incoordinación entre los mandos de Jorge González Nicolás y César Peniche, o la tardanza de los nombramientos de los fiscales de las zonas de la entidad y hasta el nombramiento “provisional” de Javier Benavides?

Son cosas que, por lo menos en el diferendo entre el gobernador Javier Corral, y el alcalde, Armando Cabada, deberán superarse de inmediato, pues el crimen organizado ha demostrado que tales momentos los aprovecha extraordinariamente; son muchos los resortes necesarios para mantener intacto el negocio de la muerte y siempre será provechosa que, ante la coyuntura, obtengan otros y mejores beneficios, como el de acceder a mandos policiacos, a otros integrantes de las esferas gubernamentales, de todo tipo, del Poder Judicial, del Legislativo, del personal de aduanas, y hasta en el seno de la sociedad incrementando el número de personas que se involucran en la actividad.

Por eso abre grietas de esperanzas el anuncio de Corral en el sentido de que al regresar los operativos coordinados con los federales, no implican que el Ejército Mexicano regrese a patrullar las calles y que habrá, dijo, “operativos policiacos bien dirigidos, para ir por los criminales, detenerlos, procesarlos y así, desmantelar a esos grupos de competencia delictiva” y que Cabada declarara que “con la Policía Federal hay una coordinación permanente, también con la del Estado está empezándose a dar”. (Nota de O. Chávez/A. Castañón, El Diario, 29/X/16).

¿Será?

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