Chihuahua, Chih.
Aunque sea prácticamente imposible hacer a un lado las circunstancias que rodearon la detención del ex fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, hagámoslas a un lado para reflexionar sobre la inmensa desmesura del régimen al achacarle la comisión del delito de traición a la patria.
¿De veras, como lo sostuvo la FGR la actuación de Jáuregui (cualquiera que haya sido, la que él argumenta y la que el fiscal le achaca) iba en contra de la soberanía del país?
Los artículos del Código Penal referentes a la comisión de ese delito son reiterativos, para acusarlo de esa conducta deberá demostrarse que lo hará «con la finalidad de someterla (a la nación mexicana) a una persona, grupo o gobierno extranjero», o que tomen parte «en actos de hostilidad en contra de la nación mediante acciones bélicas a las órdenes de un Estado extranjero, o cooperar con este de una forma que pueda perjudicar a México…».
¿Cómo se puede sostener que ordenar, diseñar o ejecutar un operativo para el desmantelamiento de un narcolaboratorio pueda encuadrar en la intención de someter a la nación mexicana a los EEUU?
¿Acaso el gabinete de seguridad del gobierno mexicano no efectúa, diariamente, esas acciones para combatir al narcotráfico, en estrecha cooperación con las agencias norteamericanas de seguridad?
¿Se les podría catalogar como ‘traidores a la patria’?
¿Y porqué la FGR, tan ‘autónoma’ que dicen es, no le ha fincado cargos a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila, quien ha aceptado públicamente haberle propuesto a agentes norteamericanos entregarles información sensible de las mesas de seguridad de ese estado?
En lugar de ello, la mismísima presidenta de la república la ha exculpado.
¿Porqué?
Porque pertenece a Morena.
Así como ahora sostiene que Guadalupe Taddei no era de Morena y que las corruptelas descubiertas en la presidencia de ésta en el INE ¡Iniciaron en 1999!
¿Y entonces, porqué con Jáuregui sí?
La explicación la tenemos a la vista: Después de la detención de César Jauregui el panismo de Chihuahua se sumió en una de sus peores crisis, quizá la más severa de la historia moderna de este ochentero partido.
La es porque la molestia, la desazón y el enojo cunden en la base del principal enclave del blanquiazul en Chihuahua, a grado tal que si la dirigencia nacional no encuentra una fórmula que agrade a la mayoría de los panistas, hasta el triunfo en la capital del estado, para el PAN, está en riesgo, algo que difícilmente llegaron a soñar los más optimistas morenistas chihuahuenses.
Pero lo que pudiera ser, hasta lo que superficialmente podríamos ubicar como un «daño colateral» del proceso electoral, es todo lo contrario, es la mejor evidencia de que el régimen avanza a pasos acelerados a la conversión de un gobierno autoritario.
Las evidencias de ello brotan por todos lados.
La ‘apasionada’ relación empresarial-amorosa entre la ex presidenta del INE y su principal proveedor —José Alfredo Hernández Casillas— y la ardorosa argumentación presidencial para deslindar a su partido de cualquier liga con las corruptelas y la defenestrada funcionaria electoral revelan algo más que las corruptelas ahora develadas por todos.
¿De veras no se puso en riesgo la limpieza de la elección si algunos de los materiales más sensibles —credenciales de elector, padrón de electores, nombramiento de funcionarios del INE en los estados y de los organismos electorales locales (los IEE’s)— fueron elaborados (en el caso de los materiales) y los funcionarios designados con el acuerdo Taddei y de Hernández Pasillas?
Debe destacarse de esta oleada exculpadora a Alfonso Ramírez Cuéllar —vicecoordinador de los diputados federales de Morena— quien ha sido el único que ha planteado lo que la legislación establece: Que la FGR detenga a Taddei (porque es de oficio), le inicie una investigación y la ponga a disposición de un juez.
Esa postura es la contraria a la de la presidenta quien insiste una y otra vez que primero se haga la auditoría y luego, si hay irregularidades, actúe la FGR.
¿Y cuándo actuará ésta en contra de Taddei y sus cómplices?
La presidenta repite la fórmula que con Rocha Moya, con Marina del Pilar, el Almirante Ojeda, los hijos de Andrés López Obrador, etc.
Hagan lo que hagan, independientemente de los señalamientos, si son de la 4T, recibirán la defensa irreductible de la presidenta Claudia Sheinbaum.
¡Ah, pero si es un exfiscal de la oposición, con una larga trayectoria en el panismo, que tiene visos de haber, presuntamente, cometido una falta y que en el operativo de El Pinal, si acaso se hubiese perpetrado una, sería administrativa —o penal, pero de escasa importancia— cárguenle todo el peso, no de la ley, sino de los jueces del acordeón del bienestar y el de la fiscalía ‘autónoma’!
Y si además ‘nos sirve para desmadejar al PAN’, ¡Adelante!
Porque esto último es lo que ciertamente ha ocurrido; no es una especulación, tanto en las reuniones, organizadas por cualquiera de los liderazgos panistas o en los comentarios, tanto en redes, como los sostenidos por los grupos sociales, casi en cualquier círculo el desánimo —de los simpatizantes del PAN— es más que evidente.
Y si este estado de ánimo electoral continúa hasta las fechas electorales del próximo año podría arrojar una nueva realidad política en el estado, en el que no sólo la gubernatura podría ser ganada por Morena, sino hasta la alcaldía de Chihuahua y, con seguridad, la mayoría en el Congreso del Estado.
‘¡Y si además mantenemos en la cárcel a Jáuregui hasta el final del sexenio de la presidenta, golpe redondo!’
No es difícil concluir que la detención de Jáuregui va más allá del entorno local.
En un país, con una incipiente democracia, que el partido gobernante, por las buenas y por las malas, se haga del Poder Judicial y de los organismos electorales, habrá desaparecido los contrapesos que le impedían concentrar el poder.
Ninguno obstáculo tendrá para tener el control de jueces y procesos electorales.
Las detenciones del ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, y del ex fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, son altamente ilustrativas de la manipulación del Poder Judicial para golpear a opositores, sí, por el hecho de serlo, pero también por el efecto mediático buscado permanentemente por la 4T.
En el caso de Ruffo, por la absoluta inexistencia de evidencias que muestren su participación en el negocio del huachicol y en el de Jáuregui por la increíble desmesura de fincarle el cargo de traición a la patria, sin tener a la mano elemento alguno para fincarle el cargo que los gobiernos autoritarios usan preferentemente en contra de sus opositores.
El fiscal de la causa llegó al extremo de acusar a Jáuregui de ¡Haber puesto en riesgo la seguridad nacional!
¡¿Válgame, po’s a qué cártel pertenecía el narcolaboratorio?!!
Conforme pasan los días el régimen acumula exageraciones.
Ahora, en la versión de Jáuregui, llegaron al extremo de clasificar como información reservada la respuesta del gobierno norteamericano al de Sheinbaum, cuando ésta le pidió información sobre el operativo y la participación directa de los agentes norteamericanos en el operativo de El Pinal.
¿Esta sería la razón por la que la presidenta cambió su versión y dejó de acusar a Maru, para afirmar que los agentes de EEUU ‘sólo’ habían ubicado el narcolaboratorio?
¿Y entonces porqué perseguir a Jáuregui?
Si todo lo anterior es cierto, entonces nos encontraremos, como ocurre en prácticamente todos los niveles de gobierno, con uno puesto al servicio de su partido, Morena.
A cada momento ocurre eso en las mañaneras.
El extremo se presenta en Chihuahua con la delegada de los programas del bienestar, Mayra Chávez, la que lo mismo comenta las fechas de la dispersión de los recursos que defiende a los dirigentes de Morena en sus conferencias de prensa, convocadas en su carácter de funcionaria federal y no como miembro de ese partido.
«Mayra Chávez Jiménez, delegada de Bienestar en Chihuahua, aseguró que, por desesperación y por entregar al exfiscal general César Jáuregui Moreno, el Estado acusa a Ariadna Montiel de presuntos vínculos con el crimen organizado… Montiel Reyes es una “mujer íntegra y honesta”». (Nota de Alejandro Velázquez Ramos, El Diario, 26 Octubre 2026 09:36 hs).
¿Estamos frente al nacimiento del nuevo Partido de Estado en México en el que los asuntos del partido y del gobierno, para sus miembros, es lo mismo?
¡Cuán lejos se encuentran de Cuauhtémoc Cárdenas quien, en aquellos memorables días de 1988, lanzó el reclamó de toda una nación: «Ya no puede haber un presidente que sea el país»!
Esa frase resumía su concepción de que el titular del Ejecutivo no debía subordinar a las instituciones, ni identificarse como dueño absoluto del Estado Mexicano.
Verdadero ariete del proceso que iniciaría la transición democrática en el país, no alcanzó a observar su culminación y puso distancia de la supuesta transformación enarbolada por López Obrador.
Y con mucha razón.
Pongamos solo uno de sus argumentos, el de que se opuso tajantemente al uso de las fuerzas armadas en la seguridad pública.
El tiempo le ha dado la razón.
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