Luis Javier Valero Flores

La designación del Auditor Superior del Estado (ASE) -después de dos elecciones- aún sin resolver ha mostrado, a plenitud, la profundidad de la crisis política por la que atravesamos; no es solamente la transición de un gobierno emanado del PRI a uno del PAN, no, los tentáculos del poder ejercido por César Duarte, y las deficiencias propias de quienes integran al nuevo grupo gobernante, ha llevado a una situación verdaderamente preocupante a la sociedad chihuahuense.

Puede, por supuesto, desestimarse tal enfoque, pero los hechos, tercos, ahí están.

El hecho de que la ASE no tenga un responsable que los legisladores aún no consideren como el titular y aún sigan denominando como “interino” a Armando Valenzuela, después de la destitución del coordinador de la bancada panista, Miguel La Torre, -lo que ha motivado cambios importantes en la dirigencia del Congreso y aún más, en la estructura administrativa- debiera concitar la más severa de las críticas a los nuevos gobernantes, los que un día sí, y otro también, se debaten en explicaciones acerca de las muy frecuentes pifias cometidas por sus integrantes, pues, aunque no es un asunto que concite el interés popular, la fiscalización de las cuentas públicas es asunto toral de la administración pública.

¿Qué está en el fondo de la persistente postura del renunciado Ignacio Rodríguez y del vigente Armando Valenzuela en la ASE? La fiscalización de la cuenta pública del gobierno del estado del 2016, el año en que a matacaballo la administración de César Duarte gastó los últimos recursos de la bursatilización, maquilló el ejercicio del gasto público y trató de ocultar y destruir una buena parte de la evidencia documental acerca del evidente mal ejercicio de los recursos públicos.

Para el gobierno de Javier Corral, en su concepción, -como la de todos los gobernantes- su prioridad era la de contar con un auditor de la mayor de sus confianzas y en esa lógica Ignacio Rodríguez no lo era, no lo es.

Peor, si hacemos caso a los antecedentes de las relaciones entre los equipos gobernantes en el estado y la capital del estado, es probable que tuvieran enfoques diametralmente distintos pues el gobernador Corral mantenía una opinión crítica acerca de la relación del equipo gobernante en el municipio de la capital con el ex gobernador Duarte.

El problema estriba en que tales diferendos son los que se presentan casi en todos los relevos gubernamentales del país y lo que se había dicho en la estridente campaña electoral es que tendríamos un perfil distinto en el modo de gobernar, que se actuaría con transparencia.

Pero hacerlo de ese modo requiere que los agentes fiscalizadores sean ajenos al equipo gobernante.

Son de tales dimensiones los intereses en juego que el cumplimiento de un requisito constitucional a cubrir por los aspirantes a la ASE, casi de carácter rutinario, el de acreditar no haber sido candidatos en los procesos electorales inmediatamente anteriores, del orden federal o local, es la vívida muestra de las corruptelas y del tráfico de influencias de la clase política local.

Sí, porque un funcionario, clave en los procesos electorales locales, Guillermo Sierra, Secretario del Instituto Estatal Electoral, se atrevió a expedir una constancia en la que acreditaba que Ignacio Rodríguez no había sido candidato a un puesto de elección popular, cosa que el funcionario del más bajo nivel de la estructura electoral del país sabe que abarca a quienes disputan las diputaciones de representación proporcional, las popularmente conocidas como diputaciones plurinominales.

Claro que Sierra sabía que lo certificado por él era una falsedad, el problema radica en saber qué presiones y quienes las ejercieron para que expidiera una falsedad de ese tamaño.

Es mucho los que está en juego en los “juegos del poder” pero apostarle a desterrar de ellos a la ciudadanía es alejarse de quienes vieron en el gobierno del amanecer la oportunidad para que se deslindara de ellos y actuara, precisamente, con una óptica ciudadana, que confiara y se apoyara en ésta.

No hacerlo de ese modo y allanarse a la inercia de la vieja disputa partidaria por el poder es alejarse de esa sociedad que le apostó a una verdadera alternativa.

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