Chihuahua, Chih.
La sorpresiva declaración a los medios de información de la Gobernadora electa, Maru Campos, en el sentido de que Javier Corral no dejará recursos “ni para pagar la primera quincena” del mes de septiembre, ya que las partidas presupuestales están comprometidas; por lo que lamentó que el gobierno saliente no hubiese dejado un techo financiero para que, cuando menos, tener capacidad para solicitar créditos emergentes.
“En qué cabeza cabe. No se trata de quién entra o quién sale. ¡Qué irresponsabilidad! Porque se trata de los servicios que se le dejan a los chihuahuenses, la seguridad pública, las medicinas en los hospitales. No puede ser que se actúe con esa displicencia, con esa omisión y con esa indolencia. Pero ¿saben qué? Aquí hay chihuahuenses, aquí hay diputados, aquí tienen gobernadora y vamos a salir adelante”.
Ahora bien, con total independencia de la evidente responsabilidad oficial de Javier ‘El Inútil’ Corral, por la malversación de los recursos públicos denunciados por Maru, dicho reclamo resalta la inminente crisis financiera que se avecina en la administración estatal entrante.
Luego, resulta apremiante que el Congreso del Estado asuma su papel de representante de la sociedad chihuahuense y apruebe -de manera urgente- cuanta reforma sea necesaria para reducir el gasto corriente tanto de los tres Poderes Estatales, como de los organismos autónomos.
Nuestra propuesta ciudadana, es la siguiente:
Los resultados de la jornada electoral del pasado 6 de junio, trajo consigo una inédita integración del Congreso del Estado. De los 7 partidos políticos que lograron incrustar un diputado en la Legislatura que concluye el día de hoy; la siguiente Legislatura solo estará integrada con 4 grupos parlamentarios (PAN, MORENA, PRI y MC).
Como consecuencia de esta precaria conformación legislativa, el monto del financiamiento público ordinario de estos 4 partidos políticos se incrementará de forma exorbitante y grotesca; lo cual amerita una reforma constitucional urgente, para evitar un derroche de recursos públicos que impacte negativamente en las finanzas estatales.
Acreditémoslo:
El Art. 27-Bis de la Constitución del Estado ordena que sea la Ley la que garantice que los partidos políticos reciban, de manera equitativa, recursos públicos para su organización interna; en los términos siguientes:
El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral del Estado por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte, de acuerdo con lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria, y el setenta por ciento restante, de acuerdo al porcentaje de votos que hubieran obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.
FÓRMULA ARITMÉTICA CONSTITUCIONAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO ORDINARIO:
Se multiplica el total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral estatal (PEE) por el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA)
FINANCIAMIENTO PÚBLICO ORDINARIO 2021 (Aprobado por el IEE)
PEE (2’883,660) X $56.472 = $162’846,047.52
En el siguiente Cuadro, se indica el monto que recibieron los partidos políticos con registro en el IEE, por concepto de financiamiento público ordinario en el presente año:
Para el próximo año 2022, si se toman en cuenta los factores utilizados por el IEE para determinar el financiamiento ordinario de los partidos políticos, los 162 millones de pesos que habrán de ser repartidos entre los cuatro partidos que lograron el 3% de la votación, es el siguiente:
A simple vista, se puede observar el exorbitante incremento que habrán de recibir el PAN (16 millones), MORENA (8 millones) y MC (13 millones).
Para generar un ahorro directo, a partir de enero del 2022, nuestra propuesta es aprobar una reducción razonable (20%) en el rubro del financiamiento ordinario de los partidos políticos, para que estos entes no sufran una abrupta afectación en el diseño de su organización interna; en especial, para evitar un grave perjuicio en su planta laboral.
Para ello, es necesario reformar el artículo 27-Bis de la Constitución Local en que el factor UMA, sea considerado en un 50% de su valor monetario ($90.00)
En consecuencia, el reparto del financiamiento púbico ordinario, en los años 2022 y 2023, sería el siguiente:
Como consecuencia de la modificación del factor UMA (50%), durante los años 2022 y 2023, los partidos PAN, MORENA y PRI, recibirían aproximadamente la misma cantidad por concepto de financiamiento público ordinario, correspondiente al año 2021.
P.D.
Al día de hoy, ni la Gobernadora electa, ni los diputados locales electos han hecho declaraciones al respecto. Por tal motivo, les haremos llegar, por escrito, nuestra propuesta ciudadana para que dicha reforma constitucional sea aprobada, a más tardar el 20 de noviembre.
Por lo anterior, de manera paralela, en los próximos días iniciaremos la recolección de firmas ciudadanas en todo el Estado para que se reforme la Constitución Local, con el propósito de que se modifique la fórmula constitucional para determinar el financiamiento público de los partidos políticos.
El proyecto de reforma constitucional, a través de una iniciativa ciudadana, tiene como único propósito reducir durante los dos años siguientes (2022 y 2023) un 20% el financiamiento ordinario estatal.
Esta iniciativa ciudadana reconoce los precedentes legislativos de MORENA, mediante los cuales se propuso la reducción del 50% del financiamiento público de los partidos políticos.
Sin embargo, estas propuestas legislativas no prosperaron, dada cuenta que la motivación que las sustentaron, fue declarada inconstitucional.
