La reelección inmediata de alcaldes y diputados, aprobada por el Congreso de la Unión, y ratificada por el Congreso del Estado, tendrá su primera prueba en las elecciones del próximo año.

Será la primera ocasión en la que algunos de los actuales presidentes municipales y legisladores locales intentarán reelegirse, sin que exista, como en el pasado, un período intermedio, lo que le daba a la elección, si bien los que ya habían desempeñado ese cargo contaban con una cierta ventaja, una cierta equidad.

Sin embargo, con la reelección inmediata, ese factor se convierte en uno muy importante ya que quienes están en pleno ejercicio del cargo tendrán, a no dudarlo, una enorme ventaja, lo que le imprime un grado de inequidad a la contienda, y eso, sin que agreguemos otro factor, que constituía la principal objeción a la reelección consecutiva, que es el elevado patrimonialismo con el que se conducen la absoluta mayoría de los funcionarios gubernamentales, esto es, que utilizan el patrimonio público en su beneficio, generalmente con intenciones electorales.

¿Deberán separarse de su cargo los funcionarios que buscan la reelección?

Para muchos mexicanos la respuesta es obvia, ¡Por supuesto! La historia del abuso de los recursos públicos para favorecer a los candidatos y partidos del gobierno tiene una larga secuencia y se ancla en la desmesurada facultad que se arrogaban los gobernantes para ejercer bajo su más completa libertad proporciones muy grandes del presupuesto público.

Invariablemente el objetivo era favorecer al candidato del partido oficial, en cualquiera de los niveles de gobierno. Ahora, en virtud de una reforma legal, se pretende dejar de lado esa historia, que podemos ubicar hasta en los más nimios detalles del ejercicio público, como puede ser el hecho de pintar el mobiliario público y los vehículos gubernamentales del color del partido gobernante, o de los colores con los cuales se identifica la agrupación partidaria.

Así, hasta las casetas de peaje carretero que antes eran verdes, o rojas, ahora son azules, en lo que es una clara maniobra de inducción partidaria. Bueno, pero ese es uno de los hechos más insignificantes de tales pretensiones patrimonialistas, entre los cuales se pueden enlistar el reparto de despensas, láminas, material de construcción, empleos y dinero.

¿Cómo evitarlo?

Por supuesto que con nuevas actitudes de los gobernantes y una más estrecha vigilancia ciudadana, pero sobre todo con la creación de mecanismos legales que impidan el doble ejercicio, en campaña, de los funcionarios públicos que buscan la reelección, como funcionarios en activo y con facultades de mando, como por ejemplo, sobre agrupaciones policíacas.

Más de uno de los lectores podrá argüir que la democracia mexicana ha madurado lo suficiente como para estar a salvo de fenómenos como los ahora descritos, pero no dejará de ser una aspiración, la verdad es que los partidos políticos existentes crean legislaciones para evitar desaguisados como esos y, por otra parte, desarrollan todas las maniobras necesarias para eludir los candados por ellos puestos.

De ahí que lo conducente, lo correcto, es que el Congreso del Estado realice las reformas legales al marco electoral más restrictivas posibles al empleo de los recursos públicos por los funcionarios que buscan la reelección y que, por supuesto, tengan en el centro de esa reforma la separación de sus cargos con una muy considerable antelación a las elecciones.

Ahí se finca otro de los retos para los nuevos gobernantes ¿Lo podrán superar?

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