Chihuahua, Chih.

Probablemente ningún otro presidente ha influido tanto en la opinión pública como López Obrador.

Sin embargo, dos de los procesos impulsados por él, resueltos en las últimas dos semanas, y no en el sentido que deseaba, debieran llevarlo, a él, a sus compañeros en el gobierno, a los dirigentes de Morena y a sus seguidores, a reflexionar seriamente en el momentum por el que pasan.

Si bien la consulta popular sobre la revocación de mandato arrojó que 15 millones de ciudadanos votaron porque continuara en la presidencia, fue una cantidad inferior a la mitad de la necesaria para que fuera vinculante.

Es un resultado nada malo en términos generales, pero opacado por el bajo nivel de participación -poco menos del 18% del padrón electoral- y por la elevada concentración de la votación en un puñado de entidades, ocho de las cuales acapararon casi el 60% (58.7) del total de los votos: EdoMex, 2 millones; CdMx, 1 millón 500 mil, al igual que Veracruz; Chiapas, 1 millón 100 mil; Puebla, 840 mil; Oaxaca, 670 mil; Tabasco, 600 mil, al igual que Guerrero; lo que hace un total de 8 Millones 805 mil votos concentrados en esas entidades.

Además, esa votación la alcanzaron haciendo uso de la capacidad de movilización del partido en el gobierno, que por momentos hizo recordar algunos de los pasajes “gloriosos” del partido casi único, por la cantidad de excesos violentadores de las normas electorales.

Si bien el número de casillas instaladas llevó a que el dirigente nacional de Morena y el mismo presidente arguyeran que la apertura del total de las casillas hubiese arrojado una cifra tres veces mayor a la obtenida, (pues dijeron que los votantes debieron acudir a lugares más lejanos para votar) el estudio de las 6 mil 700 casillas, que se ubicaron en la misma sección electoral que la de costumbre, arrojó un porcentaje de participación menor al del promedio nacional -alrededor del 15%-.

Por si fuera poco, en la CdMx, en donde la mayoría de las casillas se ubicaron a distancias no mayores a los 5 minutos -abrumadoramente urbanas- el porcentaje apenas rebasó el 19%, algo inesperado para el enclave lopezobradorista.

Los resultados de esa consulta sí le arrojaron resultados positivos al presidente: Le hizo la tarea a Morena en las entidades que tendrán elecciones.

Pero como experiencia “ciudadana”, en aras de que pudiese servir en el futuro, más bien se puede concluir que sería en sentido contrario. Se trató de una inmensa movilización gubernamental.

Deben preocuparse: Casi la mitad de los votos obtenidos provinieron de los electores mayores de 50 años y el 58% de los votantes por el presidente son beneficiarios de los programas del bienestar.

Hay otro resultado, que no le gustó al presidente: El número de votos obtenidos y los escasos incidentes presentados, hizo que el trabajo del INE fuera bien evaluado.

Una semana más tarde, el presidente sufría un descalabro, muy doloroso para él, a juzgar por sus reacciones.

Minimizó a sus adversarios y se le olvidó un “pequeño” dato: En 2021 Morena y aliados obtuvieron 21 millones de votos y la oposición 23 millones. 

Se reflejaron en la pizarra eléctrica de la Cámara de Diputados el domingo anterior por la noche y llevó a que la oposición se galvanizara.

Las posturas de los dos bloques, llevaron a que, por vez primera en la era de la plena competencia electoral, se rechazara una propuesta presidencial de reforma constitucional.

No hubo cabildeo alguno; no hubo negociación parlamentaria; el encargado de establecer relaciones con las fuerzas de oposición, el secretario de Gobernación, se fue de campaña con todo y matraca a bordo del avión de la Guardia Nacional. 

Así ¿Po’s cómo?

Y ante el resultado, dándole continuidad a sus dichos previos a la sesión, acusó a quienes rechazaron su iniciativa de ser “traidores a la patria”, en lo que ha sido, hasta ahora, el clímax de sus expresiones fundamentalistas, que lo evidencian incapaz de asumir que pueden existir otras opiniones, y que no necesariamente siempre le asista la razón.

Tal forma de pensar permea en prácticamente todos sus seguidores. Si alguien opina diferente, o contrario a las propuestas presidenciales; o que manifieste críticas a alguno de los proyectos o programas, de inmediato llueven las denostaciones.

Ciertamente, del lado contrario también se desgranan los epítetos y los insultos hacia el presidente, mayoritariamente.

¿Quién deberá parar semejante avalancha, quién tiene en sus manos detener la confrontación política? ¿Quién posee mayor responsabilidad acerca de la violencia verbal a la que ahora asistimos?

No asustan las confrontaciones verbales, los debates; ponen los pelos de punta la ausencia de argumentos, de ideas. Lo que la clase política protagoniza, hoy, es una feria de insultos, provocaciones, descalificaciones y vísceras.

No tengo dudas, así se desaten las críticas desde la izquierda, o desde Morena -que para muchos no es, necesariamente, lo mismo-, el presidente López Obrador tiene la principal de las responsabilidades. 

No gobierna alguno de los países escandinavos, es el mandatario de la nación que tiene, en estos momentos, a 16 de las 50 ciudades más violentas del planeta y que se encuentra en los primeros lugares mundiales en el número de asesinatos de activistas sociales, de periodistas, de homicidios y de feminicidios.

Ese mismo presidente es el mismo que pide que no se rasguen las vestiduras quienes “traicionaron a la patria al votar contra la reforma eléctrica”, dice, creyéndose ser quien encarna a la nación para decidir que sí está bien y que no.

No, Andrés Manuel es el jefe de gobierno y del Estado Mexicano, pero nada más.

No se da cuenta que el país cambió en las elecciones del 2021, como ha cambiado prácticamente en cada elección intermedia y en cada elección general.

Así, los 30 millones de votos emitidos en favor de Andrés Manuel López Obrador en 2018, se trastocaron en 21 millones por los candidatos  a diputados de la coalición gubernamental en 2021. 

Pero a cambio Morena obtuvo 11 de las 16 gubernaturas en juego ese mismo año y alcanzó mayoría en 20 legislaturas locales.

Asimismo, en la mayoría de las encuestas de este año Morena y aliados encabezan las preferencias electorales en 4 entidades (Hidalgo,  Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas), en tanto que sus adversarios las encabezan en 2 (Aguascalientes y Durango).

Y en esa conducta sólo descalificadora en el lenguaje, no en los hechos, como si fuera el único político que entendiera, o fuera sensible a los deseos de los mexicanos descartó que fueran a ser agredidos los opositores como producto de la campaña de mostrarlos como traidores.

Ignorante ¿De veras? De la gravedad de los mensajes explícitos, o implícitos, de sus palabras, en la conferencia mañanera amagó con la aplicación de la “pena de prisión de 5 a 40 años y multa hasta de 50 mil pesos al mexicano que cometa traición a la Patria …”, contenida en el Código Penal.

¿No hay una velada amenaza en contra de los opositores cuando el presidente acusa, sin más argumentos que sus propias palabras, a los que tuvieron una opinión contraria a la suya, como traidores a la patria y acto seguido les muestra el articulado penal con la respectiva sanción?

Sin embargo, en el principal tema en el abordaje de hoy, no solo el de la campaña desatada en contra de quienes votaron en contra de la iniciativa de López Obrador, sino también el de las trampas tejidas por unos y otros alrededor de la reforma eléctrica, se develan los afanes de fondo de los dos bloques políticos existentes.

Por un lado, el de la intención de la reforma peñanietista de entregar, en la medida de lo posible, el mercado de la industria eléctrica a los más poderosos consorcios financieros dedicados a ella, para lo cual instrumentaron, igual que como se había hecho a lo largo de décadas con Pemex, una estrategia encaminada a sepultarla mediante mil argucias y actos de gobierno y corrupción.

Tanto en una como en otra, la corrupción existente se volvió una inmensa bola de nieve, a grado tal que Pemex tiene una deuda prácticamente inmanejable, del orden de más de 113 mil millones de dólares al tercer trimestre del 2021. 

A su vez, la deuda total de la CFE asciende a 436 mil 651 millones de pesos.

Así, tomando en cuenta la correlación de fuerzas parlamentarias, la situación del país de la industria eléctrica y la particular de la CFE, era obligado pactar con la oposición para obtener una reforma legislativa que permitiera a ambos bloques aprobar parte de sus propuestas en un asunto que es fundamental para el país.

Esquematizadas las posturas se podría concluir que ambas coinciden en que es necesaria la participación de la inversión privada, -AMLO propuso llevar a ésta al 46%- y la diferencia estriba en el papel de la CFE, así como en la desaparición de los órganos autónomos encargados de resolver sobre el “despacho” de la energía y en la regulación de la compra, de la generación, de la distribución, etc. que el presidente propuso fuera facultad exclusiva de la CFE y la oposición de los órganos autónomos.

Vista a la distancia, era posible llegar a acuerdos, dada, también, la insistencia presidencial en llegar a acuerdos -negociar, dijo- con las empresas eléctricas privadas que simularon ser generadoras de autoabasto y que en realidad, muchas de ellas, podrían ser merecedoras de sanciones penales y fiscales.

¿Porqué les propone el presidente negociar, en lugar de aplicar la ley vigente que, de ninguna manera, permite tal cosa?

¿No habría sido mejor negociar antes de la discusión de la reforma en el Poder Legislativo?

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Fuente de citas hemerográficas recientes: Información Procesada (INPRO)