Chihuahua, Chih.

La política y la sociedad son intrínsecas. Se expresan por sí mismas y no dependen una de otra, aún y cuando se relacionen. La política deviene de la Polis de Grecia, que es el nombre que se asignó a la ciudad-estado que posee una constitución, en el período de la historia antigua.

La Polis, era una pequeña comunidad independiente con autogobierno integrada por la ciudad y su territorio. Después de su declive, la política fue generando conceptos y categorías como justicia y libertad e igualdad y autonomía, que fatigosa y/o traumáticamente, se confeccionan a lo largo del acontecer de la convivencia social.

Política-mente, al margen de los sistemas de partidos y sus ideologías, el entramado social, agrega en sus acciones colectivas y pensamiento, la imaginación, emoción, sentimiento y pasión, sin orientación previa y ensayo preparatorio, lo que genera muchas falaces versiones y no pocas perversiones en torno a lo que es la política, la cual básicamente es la interpretación de la sociedad en común. 

Ello es consecuencia no de los ciudadanos, sino de la permanencia de gobiernos y partidos los cuales durante muchas décadas tuvieron como ejes centrales el poder político y el control social, conjugación que nada tiene que ver con la democracia participativa, pero sí mucho con la democracia representativa.

Tan es así, que los partidos, incluyendo a los aliados de Morena, pusieron el grito en el cielo, cuando el presidente de la República anunció el martes 15 de junio, que enviará al Congreso una iniciativa de reforma electoral, que incluye la eliminación de 200 diputaciones plurinominales y también en el senado de la República, “para que haya una democracia plena”.

Se quedó corto el presidente. Debió también incluir en esa iniciativa de Reforma electoral las fatídicas “coaliciones electorales” de distintas fuerzas políticas e ideologías diferentes, las cuales, como ha quedado demostrado en estas elecciones intermedias, son una ficción grotesca de la pluralidad democrática.   

Triste es decirlo, pero la actividad política-electoral gravita en torno a intereses personales de quienes dirigen los partidos y buscan ser candidatos a puestos de elección popular y/o reelegirse por la vía plurinominal. 

Social mente, el presidente se ha abocado a recuperar y fortalecer el interés público, no el privado como era antes, durante los sexenios de los ex mandatarios presidenciales quienes, en su ambición de poder, corrupción e impunidad, hicieron lo que les venía en gana con el erario, los recursos naturales del país y la Constitución, en beneficio propio y de sus socios nacionales y extranjeros; en síntesis, un jugoso negocio para ellos y los partidos que los postularon y siguen defendiéndolos. 

Los mexicanos tenemos que reivindicar nuestra condición de ciudadanos, no solo de contribuyentes, consumidores y usuarios como durante décadas nos clasificaron. No hay otra forma de fortalecer la democracia y la gobernabilidad; defender la soberanía de nuestro país e impulsar el bienestar y la justicia social del pueblo. 

El concepto de ciudadano va mucho más allá del marco jurídico político que norma los deberes y derechos de una persona en una nación. Ni uno ni otro se ejercen de manera aislada sino como integrantes de una sociedad, en post del bienestar humano y la sana convivencia social, la seguridad, educación, salud, vivienda, trabajo, etc.

En términos generales la participación ciudadana se estructura y desarrolla mediante la conformación de organizaciones y agrupaciones, para hacer valer y defender los derechos e intereses de los grupos de ciudadanos que forman parte de ellas.

Pero no es la única vertiente. Hay comunidades rurales y urbanas –colonias, barrios, ejidos, etc.—que se organizan para lograr un mayor desarrollo de su comunidad mediante la ayuda mutua de quienes las integran y, también, mediante la asistencia y apoyo de las instituciones públicas, entidades de gobierno y dependencias.

Otro tipo de participación ciudadana es la política electoral. Se supone que los diputados y senadores, son los representantes del pueblo; que los mandatarios electos no son los que mandan, sino el pueblo. No hay que olvidar que la democracia (Demos Kratos, en griego) “es el poder del pueblo para el pueblo”, aunque, lamentablemente, el poder político se concentra aún en élites que no lo representan y gobiernan en beneficios solo de sus intereses.

El voto ciudadano debe verse no solo como un mecanismo de representación, sino también, como una vía democrática para injerir en las decisiones del Estado, en la definición de un proyecto de Nación, el uso adecuado de los recursos públicos y una administración eficiente de las dependencias del quehacer gubernamental y de los programas públicos.

La participación ciudadana no debe acotarse únicamente a elegir gobernantes y legisladores. Verla así es un gran equívoco. Hay que dar el salto de la democracia representativa a la participativa, mediante la cual se define los pros y contras de la sociedad civil.

México, al igual que otros muchos países en el mundo debe dar cauce a lo que el historiador John Keane define como “democracia monitoria” que permite a la sociedad civil monitorear (controlar y vigilar) a los poderes establecidos e informar a la sociedad sobre su funcionamiento. Las “conferencias mañaneras” del presidente López Obrador, son un ejemplo de ello. Por eso les enfadan y preocupan tanto a sus adversarios.  

Ello permitiría que los ciudadanos participen en el diagnóstico de los problemas del país, estados o municipios, para darle solución y atender las necesidades que día a día se encaran.  

Para lograrlo, se requiere instituir comités realmente ciudadanos que exijan a los funcionarios públicos y gobernantes, que garanticen la seguridad, la vida y la integridad de las personas y su patrimonio; que rindan cuentas de manera transparente del uso de los recursos públicos y que se sancione la corrupción y la impunidad.

El entramado jurídico institucional actual no se va a modificar solo si el Estado se monitorea así mismo. Es necesario exigir al Congreso de la Unión y el INE, acaten las figuras jurídicas del referéndum, plebiscito, revocación de mandado, y consulta ciudadana que, entre paréntesis, se tiene prevista el 1 de agosto en relación al desempeño de los expresidentes de la República de Carlos Salinas en adelante.

Eso sería un gran avance para la democracia y el contexto social, para asumir realmente nuestra condición de ciudadanos, y desde luego, que el voto cuente y se tome en cuenta.

Veremos y diremos.