Chihuahua, Chih.

*Foto de Eduardo Fernández

La polarización política entre el presidente de la República y sus adversarios, ha generado una crispación social que está deviniendo en violencia, lo que a nadie beneficia y a todos afecta.

Hay poca flexibilidad del mandatario a los embates de quienes están en su contra, pero también hay que decirlo, en buena medida es explicable. El fanatismo que derrochan los conservadores quienes grotescamente insultan su investidura, es más que reprobable.

De lo que no hay duda, es que la sociedad es quien paga los platos rotos de unos y otros, y al mismo tiempo asume actitudes desesperadas e incluso violentas.

Muestra de ello, son dos acontecimientos recientes:

La toma de las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por colectivos de víctimas y un grupo de “feministas anarquistas”  pintarrajearon a diestra y siniestra los cuadros de próceres como Miguel Hidalgo, José María Morelos y Benito Juárez, y tiraron a la calle expedientes documentados, según dijo la presidenta de la CNDH, María del Rosario Piedra Ibarra, a la que acusan de no atender sus demandas, no obstante que desde el 2 de septiembre les informó que las carpetas de investigación de los casos referidos, estaban mal integradas y tenía por tanto que corregirse.

Otro reclamo de los familiares que se mantienen en las oficinas de la CNDH es que se les reparara el daño de las pérdidas de sus hijos e hijas, lo que, desde luego, es procedente y debe ser atendido.

Las que en realidad han incurrido en actos vandálicos son las feministas anarquistas, que como ya es de dominio público, ocultan su identidad y apelan a la violencia. 

El otro acontecimiento, también relevante, es la confrontación que se generó el martes entre agricultores y la Guardia Nacional en la presa la Boquilla, ubicada en el centro sur del Estado de Chihuahua. Un grupo de manifestantes le prendió fuego a las carpas de los militares y les agredieron con palos e insultos, lo que provocó que la GN les respondiera con balas de goma y gas lacrimógeno.

Finalmente, a la GN no le quedó de otra, y posteriormente se retiró, lo que permitió que los manifestantes cerraran las compuertas de la presa para impedir que el agua de la presa se trasladara a EU, conforme al Tratado de Aguas de 1944.

Desafortunadamente horas más tarde se dio a conocer que una pareja de agricultores participantes de la manifestación que se trasladaba a su hogar en un vehículo, fue agredida a balazos en una gasolinera de Delicias, lo que causó la muerte de la mujer e hirió gravemente a su esposo. 

El lamentable y cruel asesinato fue atribuido a 14 agentes de la Guardia Nacional, que presuntamente habían detenido en ese momento y en ese lugar, a tres personas que portaban armas con balas de salva y gases lacrimógenos que les habían despojado, horas antes, durante el incendio que provocaron en la zona donde la Guardia Nacional tenía su campamento. 

Dijeron que, en ese momento, les dispararon varias personas que viajaban en tres o cuatro vehículos, los cuales huyeron luego de que fueran repelidos por los agentes de la GN, quienes, al revisar la zona, se percataron del vehículo en que estaba la pareja agredida.

No es improbable que así haya ocurrido, si se demuestra en primer término, con qué tipo de armas se les agredió y privó de la vida a la esposa y puso en riesgo la de su marido; a qué hora, a que distancia y, sobre todo, porque en vez de rescatar a las víctimas, se retiraron. 

Es sumamente positivo que la Guardia Nacional haya informado de inmediato que estaba en la mejor disposición de esclarecer lo ocurrido y castigar a los responsables.

“Estamos entregando las armas, los vehículos y 17 elementos ya están en manos de la Fiscalía General del Estado, nosotros respondemos a todas las peticiones para que esto se esclarezca, no nos estamos ocultando y estamos atendiendo a todos los requerimientos que nos está haciendo el estado” (Chihuahua).

El coronel Didier Peralta Sánchez, responsable de la Guardia Nacional, agregó a lo antes dicho que, si existe responsabilidad de la Guardia Nacional, serán sometidos a juicio civil.

Me extendí en estos dos casos que indudablemente son una muestra evidente, de que la nefasta polarización en boga de los aspirantes de los partidos políticos por arribar el gobierno de las 15 entidades federativas, las alcaldías y el poder legislativo, es un cáncer para la sociedad.

No han entendido aún que la política no es un negocio, ni mucho menos un mecanismo de agravios, ofensas, mentiras e irresponsabilidad. Es responsabilidad del Estado ejercer el poder con la intención de resolver o al menos minimizar ya no solo los conflictos sino sobre todo el choque entre los intereses confrontados que se produce en toda sociedad clasista.    

 Veremos y diremos en que termina esta lamentable violencia social, que insisto, a nadie beneficia y a todos perjudica. Lo que hay que apoyar y consolidar es la condición humana por encima de toda ideología y partidos políticos.