La declaración del secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, en el sentido de que en el proyecto de la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado para el año 2017, se incluye el rubro de pago de derechos vehiculares de otro ‘replaqueo’, es decir la emisión de nuevas placas metálicas y que, sin embargo “no sería obligatorio cambiarlas”, habrá de generar nuevos reclamos ciudadanos por parte de los miles de propietarios de vehículos.



Al ser cuestionado el secretario de Hacienda si este nuevo ‘replaqueo’ era una medida recaudatoria con la finalidad de solventar en parte la supuesta quiebra técnica que padece el Gobierno estatal, Arturo Fuentes reiteró que este canje de placas “será opcional para los contribuyentes, y que solo será obligatorio el adquirirlas para todos los vehículos nuevos”.



En los últimos años, los gobiernos estatales han tratado -en vano- de justificar el cobro del derecho vehicular del ‘replaqueo’ con un falso argumento: es una medida para combatir la inseguridad pública. Como si el simple cambio periódico de placas metálicas fuese suficiente para reducir los altos índices de criminalidad. Tonterías.



Recordemos que la SCT aprobó, en meses pasados, el Acuerdo mediante el cual se fijan las características y especificaciones de las placas metálicas, calcomanías de identificación y revalidación, y tarjetas de circulación para los diferentes tipos de servicio que prestan los automóviles, autobuses, camiones, motocicletas en la República Mexicana, así como la asignación de la numeración correspondiente a cada entidad federativa.



Lo anterior me recuerda mi colaboración editorial del 31 de enero del 2011, en la cual comenté lo siguiente: “En días pasados, tuve la oportunidad de saludar al Secretario de Hacienda estatal, Lic. Cristian Rodallegas, a quien le reconozco su enorme capacidad en cuestiones de finanzas públicas y, sobre todo, su sincera disposición para recibir propuestas ciudadanas. Por ello, y tratando de no desperdiciar ese imprevisto encuentro, le reiteré mi propuesta de las placas vehiculares personalizadas.



Ante mi insistencia, Cristian me sugirió fundamentar el proyecto para analizarlo, y, de ser viable, proponérselo al gobernador. Encomienda nada difícil, y a la cual me avoco a continuación: como todos sabemos, el fundamento constitucional de la recaudación de impuestos y derechos, está plasmado como una obligación de los mexicanos para contribuir para el gasto público de los tres niveles de gobierno, de manera proporcional y equitativa.



Al respecto, la SCJN ha emitido diversos criterios jurisprudenciales en los que reitera el principio de legalidad en materia fiscal; en uno de ellos, se afirma que “la arbitrariedad en la imposición, la imprevisibilidad en las cargas tributarias y los impuestos que no tengan un claro apoyo legal, deben considerarse absolutamente proscritos en el régimen constitucional mexicano, sea cual fuere el pretexto con que pretenda justificarse”.



En lo referente a la circulación de vehículos automotrices en nuestro Estado, la Ley de Vialidad ordena que todo vehículo que transite por vías públicas deberá contar con placas y tarjeta de circulación, las cuales son intransferibles y en caso de transmisión de la propiedad de los vehículos deberá realizarse el cambio correspondiente. A su vez, la Ley de Ingresos establece el pago del llamado ‘derecho de control vehicular’ consistente en la dotación de placas metálicas como medio de identificación vehicular.



Luego, fiscalmente hablando, no existe impedimento alguno para que la Secretaría de Hacienda estatal autorice, con un costo adicional, la expedición de placas personalizadas a quien lo solicite y cuyo diseño sería elegido por el propio causante del derecho vehicular. En otras palabras, un servicio que satisface la vanidad de miles de automovilistas que buscan una identificación personalizada y distinta al diseño que fija la SCT. Algo que es muy usual en los Estados Unidos (OBAMA 007).



Así, el cobro de placas personalizadas se traduce en una carga tributaria que resulta ser atractiva para los propietarios de los vehículos; y su costo, cualquiera que fuera -sin ser excesivo- seria cubierto con agrado por los contribuyentes. Más aún, si se autoriza que las placas personalizadas sean utilizadas en los vehículos que los contribuyentes adquieran en el futuro.



Esta medida, sin duda alguna, le generaría un considerable ingreso adicional a las raquíticas finanzas del nuevo gobierno estatal. Y en un futuro inmediato le permitiría al erario estatal contar con más ingresos propios y, porque no, hasta que el ‘Señor Gobernador’ deje de andar mendingando la entrega de apoyos federales.