Chihuahua, Chih.

El manejo financiero del gobierno del estado es un verdadero desastre. En el colmo, la administración encabezada por Javier Corral le ha solicitado al Congreso del Estado la autorización para reestructurar el total de la deuda pública del gobierno.

Ciertamente, las finanzas que recibió el actual grupo gobernante estaban quebradas, con la capacidad crediticia colmada, lo que hacía de suyo verdaderamente complicado acometer una buena administración, que pudiera emprender una vasta obra pública.

No se podía, la capacidad crediticia del Estado estaba en el límite y los recursos presupuestarios comprometidos al pago de la deuda a más de 3 décadas más.

Tal aserto es válido para los dos más importantes conceptos de endeudamiento, el de la deuda de largo plazo con la banca, avalada con las participaciones federales, como la existente en los bonos, avalados por los peajes carreteros.

Es una enorme sorpresa. El 30 de noviembre, Javier Corral envió al Congreso del Estado la iniciativa para reestructurar la deuda hasta por 48 mil 855 millones de pesos (mmdp), que puede aumentar por el incremento del valor de las Unidades de Inversión (Udi’s).

Corral pretende que se reestructure y/o refinancie el total de la deuda pública directa, indirecta y contingente, producto de las obligaciones “de largo plazo” contraídas por el gobierno de Chihuahua, por medio del Poder Ejecutivo o por “una entidad de la administración pública paraestatal y/o fideicomiso de esta instancia de gobierno”.

Argumenta que para contener el costo de la deuda, en la legislatura pasada se aprobó reestructurar 20 mil 224 millones de pesos con el fin de conseguir una mejor tasa, aunque recientemente el gobernador reconoció que la medida no dio los resultados esperados.

Es decir, pretende reestructurar, tanto la deuda avalada por las participaciones federales, como la derivada de los fideicomisos carreteros.

Lo pretenden hacer en un momento en el que las tasas de interés han sufrido un importante incremento, además de que, es probable, sufran dos aumentos más en 2019, merced a que los EU así han anunciado y será difícil que el Banco de México no acuerde elevarlas, en seguimiento a nuestros vecinos.

No bien han recibido los recursos de la última reestructuración -por 20 mmdp- y están emprendiendo el camino de comprometer aún más las finanzas estatales, sin que se adviertan esfuerzos mayores por usar una de las muy pocas herramientas que tienen a la mano, la disminución de los egresos, sin que opten por la de elevar los impuestos, o crear otros.

No existen condiciones, ni económicas, ni políticas, para que el Congreso apruebe una propuesta de esas dimensiones.

Por dos razones, la primera, es que no se advierte una clara intención del gobierno de Corral por hacer los ajustes al presupuesto adecuados, al contrario, en las propuestas para el 2019, y en los gastos ejercidos en los dos años de su administración, que pasen por aplicar una drástica disminución a los gastos suntuarios, a los salarios de los primeros niveles y a la disminución de la planta laboral no necesaria.

La segunda, es que esa propuesta necesita el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes. Si todos acudieran a esa sesión, muy seguramente tendrá la oposición de, por lo menos, Morena y el PRI, grupos suficientes para impedir la aprobación.

Por otro lado, el presupuesto solicitado, a pesar de que ya no será deficitario pues se ubicará en el orden de los 69 mmdp, en ambos sentidos, y tendrán un leve respiro pues López Obrador anunció que sí habría adelantos financieros a las entidades, a cuenta de sus participaciones federales del 2019, pero que ya no habría más repartos discrecionales como en el pasado.

“El compromiso es adelantarles participaciones federales para que puedan resolver sus problemas en el caso de que lo soliciten… pero siempre de conformidad con el presupuesto autorizado… No va a haber manejo discrecional del presupuesto”.

Los hallazgos en la propuesta de presupuesto refuerzan la percepción de derroches en el gobierno.

El gasto en vehículos, arrendamientos, viáticos y actividades oficiales, se incrementan. El aumento más importante corresponde al arrendamiento de equipo de transporte, para el que el Poder Ejecutivo solicitó un total de 162 millones 377 mil pesos; cifra que fue de apenas mil 585 pesos en 2018. (Prácticamente todas las citas le pertenecen a Itzel Ramírez, El Diario, 5-7/XII/18).

La partida presupuestal de viáticos tiene un aumento de más de 25 millones de pesos, para un total de 215 millones 227 mil pesos.

“La inversión pública decrecerá, al pasar de dos mil 616 millones a 2 mil 490”.

“Javier Corral busca un aumento en las remuneraciones y compensaciones de la burocracia transitoria, es decir, de todos aquellos servidores públicos que como el gobernador y los secretarios de estado cambian en cada administración. En contraste, para el personal de carácter permanente se contempla una reducción de remuneraciones”. Para este último la disminución es de 51 millones de pesos, en comparación con el 2018. (Ibídem).

En cambio, para los de los primeros niveles el aumento es de 84 millones de pesos para el pago de sueldos y honorarios de los burócratas eventuales.

Además, en el rubro de compensaciones, habrá un aumento de 178 millones. Pasará de mil 263 millones en 2018, a mil 441 millones de pesos en 2019.

Servicios personales (salarios y compensaciones) aumentarán 16.25%, muy por encima del índice inflacionario, o de los reclamos de los trabajadores, entonces ¿A donde va el incremento?

La Secretaría de Gobierno tendrá un incremento del 25% en números cerrados.

¡Y el sector salud, por su parte, sufrirá un descomunal incremento, del orden del 51%!

En cambio, Educación obtendrá un 3.6% de aumento, que en términos reales es un decremento. La fiscalía, por el contrario, tendrá un aumento del 12.6%.

Hay aumentos inexplicables, como el del Congreso del Estado que se presupuesta un incremento de 71 millones de pesos, que representa un aumento de casi el 20% respecto al año anterior.

En contraste, para Comunicación Social del Estado, hay una disminución de 14 millones, al pasar de 239 presupuestados en éste año a 225 millones. Sin embargo, el costo de la difusión de los actos de gobierno y de la imagen del gobernador Corral se trasladan a otras partidas, pues las consideran no estrictamente ligadas al área de Comunicación, como ocurrió en los dos años anteriores en el caso, por ejemplo, de los foros realizados y/o la caravana realizada a principios de año.

Los hechos contradicen al discurso oficial. En los actos del 15 de septiembre pasado, el gobierno de Corral gastó casi 8 millones. (Nota de Rocío Gallegos, La Verdad, octubre 10, 2018).

Esa cantidad fue “superior al monto asignado al Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, casi equivale al presupuesto del programa de inversión estatal de cultura, y representa al 69 por ciento del gasto para la atención de adicciones…”. (ibídem).

Por esos mismos días, pudo accederse a la información que mostraba que el gobernador Corral gana 50 mil pesos más que César Duarte en 2015 pues éste obtenía 122 mil 379 pesos, por los 170 mil 73 pesos obtenidos por Corral. (Nota del Staff, El Diario de Chihuahua, 16 de Octubre 2018).

Las contradicciones. El viernes, la Secretaría de Hacienda informó que el refinanciamiento de la deuda había generado ahorros por un monto de 190 millones de pesos, en 2018, cuya cuantía palidece ante la salvaje cifra de lo pagado por la actual administración estatal en materia de deuda: Más 11 mil millones de pesos para pagar solo la deuda bancaria y bursátil, heredada del anterior Gobierno.

Lo planteado por el secretario Fuentes ante la legislatura local no tiene pies ni cabeza, por lo que se refiere a la deuda con los bonos carreteros. “Al día de hoy, el 100% de esos ingresos están comprometidos de una forma u otra, y el estado sólo los ve pasar”, dijo.

“De lo que se trata ahora es que una parte se queden para el estado y aprovecharse en obra para los chihuahuenses”. ¿Y cómo le harán? ¿Cómo convencerán a los dueños de los bonos que ahora van a recibir sólo una parte de los intereses pactados?

No, lo que necesita el presupuesto solicitado -incluida la reestructuración de la deuda planteada- requiere cirugía mayor, un replanteamiento a profundidad, que pase por una drástica disminución en el gasto suntuario del gobierno de Javier Corral, empezando por los funcionarios de los primeros niveles y en el despido de todos los nuevos empleados, que en muchos casos llegaron con el Nuevo Amanecer a desempeñar puestos de trabajo duplicados y con sensibles aumentos de salario.

¡Ah, y a bajar los gastos de los eventos suntuarios convocados por el gobernador Corral, amén de los efectuados para ensalzar su imagen a través de su revista Cambio 16 y los ingentes recursos aplicados a distintos medios de comunicación, ante cuya línea editorial palidecen los excesos realizados por muchos medios en el sexenio de Duarte!

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