Chihuahua, Chih.

Una de las posturas más criticadas al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, el llamado a perdonar a los probables responsables de actos de corrupción -hasta antes de su gobierno-, lo llevó a informar, presionado por las preguntas de la periodista Carmen Aristegui y de las muy numerosas expresiones de repudio, que sometería a consulta popular si se acusaría a los ex presidentes Peña Nieto, Vicente Fox, Felipe Calderón, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas.

La fecha de la consulta, en la que se someterían a ese ejercicio, entre otros temas el de la Guardia Nacional, sería, coincidentemente, el 21 de marzo, aniversario del natalicio de Benito Juárez, uno de los héroes que AMLO ha tomado como faro de su actividad.

Anunciar tal medida implica, en caso de que se iniciara un procedimiento judicial en contra de cualquiera de ellos, una presumible violación al “debido proceso”, pues podrían argüir que desde el titular del Poder Ejecutivo hay una intromisión al proceso, violación al principio de inocencia y hasta persecución política, al grado que ¡Se hace una consulta para determinar si se les fincan responsabilidades o no!

Trivializar el uso de esta formidable herramienta ciudadana, es uno de los problemas creados por AMLO en tan pocas semanas de verdadero ejercicio de poder.

Vamos suponiendo que algún funcionario o un ciudadano encontraran suficientes evidencias en contra de cualquier ciudadano, después de la consulta en la que, hipotéticamente hubiese ganado el “no” ¿Qué haría el fiscal, no fincaría cargos porque la consulta era vinculatoria y, por lo tanto, obligado a acatarla? ¿O, por el contrario, ejercería la acción penal?

Por otro lado, aún están pendientes los resultados de la Auditoría Superior de la Federación sobre los ejercicios 2017 y 2018, de los cuales pueden fincarse responsabilidades sobre otro grupo de funcionarios ¿Con base en qué facultades -que no las tiene el presidente de la república- podría perdonar a quienes hayan cometido alguna corruptela?

No, la figura de la consulta popular no puede someter al arbitrio ciudadano asuntos sobre la cual existen mandamientos legales expresos, que solo pueden cambiarse si la ley así lo ordena.

Más aún, la presunta comisión de corruptelas no fue acción exclusiva de los ex presidentes, abarca a un extenso conglomerado de funcionarios, para lo cual habría que esperarse a la toma de posesión de la nueva administración, la cual tendrá acceso a una basta cantidad de información, sin tomar en cuenta los numerosos expedientes a los que accederán los nuevos funcionarios de la PGR-Fiscalía General de la Nación

Pero si se insiste en acudir a la consulta popular podría llevar a que los jueces federales -en una adecuada actuación ajustada a sus facultades y responsabilidades- pudieran extenderles los amparos correspondientes, cosa semejante a lo que ocurre hoy con el caso de César Duarte y hasta con las anunciadas cinco órdenes de aprehensión, con relación al desfalco presentado durante la administración del exgobernador César Duarte, realizadas el martes por el Consejero Jurídico del gobierno de Chihuahua, Jorge Espinoza.

Supuestamente, según filtraciones hechas a la prensa, en ellas irían también las expedidas en contra de Luis Videgaray y Manlio Beltrones.

Pero tal anuncio devela, una vez más, el completo desconocimiento del marco jurídico del actual grupo gobernante, por un lado, o el desprecio al estado de Derecho, pues las órdenes de aprehensión no las emite la Fiscalía, éste las obtiene de un juez, que las expide luego de recibir la denuncia y hacérsela del conocimiento de los acusados -en los casos, como éste, en los que no hay flagrancia- para que éstos aleguen y presenten evidencias de su presunta inocencia y sólo hasta después de ello la expedirá.

¿Cómo puede presumir de las órdenes de aprehensión el Consejero Jurídico si los acusados ni siquiera saben -por lo menos no hay evidencia pública de ello- que están acusados de esos delitos?

Otra vez, violación al debido proceso.

Ahora bien, tanto Corral como Espinoza arguyen que están a la espera de la asunción de López Obrador para ejercer acción penal, que sea respaldada por el gobierno de la Cuarta Transformación (4T), como si éste tuviese la facultad de ordenarle a los jueces federales la emisión de tales o cuales fallos en uno ú otro sentido.

Vil maniobra mediática.

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