Chihuahua, Chih.

Es inconcebible e inaceptable.

Por medio de una buena cantidad de operaciones políticas, algunas de ellas recientes y otras desde el inicio del sexenio, todas bajo el cobijo del uso abusivo del poder, el presidente de la república se apresta a  asumir el control del órgano electoral, de frente a los procesos electorales, los locales de los años 2022-2023 y los federales del 2024.

López Obrador está efectuando lo que en distintos grados y tonos todos los presidentes de la república han efectuado. Siempre han tenido, o han hecho todo por alcanzarlo, el control del Poder Legislativo, aunque la fuerza de los partidos de la oposición y el apoyo popular que concitaban permitió el acotamiento del poder presidencial.

Igual ocurrió con el Poder Judicial Federal, aunque en este caso y en el de los organismos electorales se había instalado el mecanismo de  la designación por cuotas partidarias, procedimiento impuesto por las cúpulas partidarias, que de ese modo accedían a los requerimientos y seducción del régimen prevaleciente y que echaron por tierra el proceso de ciudadanización, sobre todo, de los organismos encargados de los procesos electorales y de la resolución de los conflictos derivados de ellos.

Como es lógico, todos esos procesos tuvieron altibajos. A pesar de ello, el país transitó por la ruta de la construcción de elecciones confiables y cometidas, al grado de que en las dos últimas dos décadas las alternancias partidarias se dieron en todos los niveles de gobierno y en prácticamente todo el territorio nacional.

Todo lo anterior tenía un objetivo esencial: Acotar el poder presidencial.

Hoy estamos frente al más riesgoso y serio proceso de la reinstalación del presidencialismo, sin acotamientos, ni contrapesos de ninguna especie; respaldado, además, por un inobjetable respaldo popular.

Dicho intento tiene un agravante, no existente en el pasado, que es el del involucramiento de las fuerzas armadas como soporte extra-constitucional del presidente de la república, en tareas y acciones que van más allá de sus facultades, entre las cuales la más destacada y más deplorable es la de la asunción de la seguridad pública, como prácticamente en ningún país en el mundo, en el que la tendencia es precisamente la contraria, es decir, entregarle a la sociedad y sus gobernantes civiles la seguridad pública.

Los antecesores de López Obrador, los directamente emanados del proceso revolucionario, y los inmediatos siguientes, paradójicamente, hicieron exactamente lo contrario que ahora hace el primer presidente de la república emanado de un partido de izquierda: Quitar a los militares del ejercicio del poder para que fueran, exclusivamente, los civiles, los responsables de las tareas públicas.

En esta tendencia se inscribe lo que ahora es una tangible y peligrosa realidad.

El presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, denunció ante la Fiscalía General de la República a seis consejeros electorales por el acuerdo con el que decidieron posponer temporalmente la organización de la consulta de revocación de mandato, que argumentaron la falta de presupuesto para efectuarla en la fecha señalada.

La denuncia incluye al secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, por abuso de autoridad, coalición de servidores públicos y otros delitos en agravio del servicio público por incumplir los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que se castiga hasta con 7 años de prisión.

Los consejeros denunciados son el presidente del INE Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Dania Ravel, Jaime Rivera, José Roberto Ruiz y Beatriz Claudia Zavala. Ellos son los 6 consejeros, de los 11 que integran el Consejo General, que votaron a favor de la posposición.

A partir de esta denuncia, la FGR puede pedir a la Cámara de Diputados el desafuero de los consejeros electorales y ser procesados por esos delitos. De proceder, el INE se quedaría con sólo cinco integrantes, cuatro de ellos electos por el partido del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La maniobra está completa. Puros morenistas son los encargados de concretarla.

El denunciante -presidente de la Cámara- fue el representante de Morena en el INE. 

Además, la denuncia fue presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a cargo de María de la Luz Mijangos, también designada a instancias de López Obrador.

Previamente a la presentación de la denuncia, las ministras Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mossa, habían resuelto suspender el acuerdo tomado por la mayoría de los consejeros del INE, de aplazar la consulta de revocación de mandato por el recorte presupuestal del que fue objeto el órgano electoral.

Convenientemente, las ministras ligadas a Morena (Una fue la titular del SAT con AMLO y la otra es la esposa del constructor de cabecera del presidente, uno de sus mejores amigos) integran la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y tienen facultades para emitir la resolución comentada ahora.

A esa coincidencia se suma el hecho de que el diputado morenista, rabioso crítico del INE, presidente de la Cámara de Diputados y con facultades para presentar denuncias; con el agravante de que, primero, la presentó sin consultar ni notificar a nadie y, luego, pretendió ocultarla el mayor tiempo posible.

Se sabe de la denuncia porque se “filtró” a la prensa.

De este modo, por la peor de las vías, la de las chicanas y del ejercicio autoritario del poder, los morenistas están cumpliendo al pie de la letra las instrucciones, deseos, sugerencias y demás del presidente, sin la participación de ningún contrapeso, ni constitucional, ni político, ni social.

Todo por la ¿equivocada? concepción del presidente o su versión interesada acerca del proceso de revocación, utilizada por él para mantener en alto su calificación que, a su vez, le permita a Morena triunfar en todos los próximos procesos electorales y así consolidar la hegemonía política que por momentos parece abrumadora y que apunta, en casi todos los órdenes, a construir un ejercicio autoritario del poder, con el respaldo irrestricto de las fuerzas armadas.

No es un dato menor que quienes recaban las firmas para convocarla forman parte del aparato político de Morena y el gobierno, no se trata de quienes estuviesen hartos del ejercicio presidencial de AMLO, sino de sus seguidores.

Así, las decisiones del presidente se están cumpliendo, como lo ha exigido en público y privado, sin cambiarles, una sola coma.

El acuerdo de aplazamiento tomado por el INE fue con el argumento de que los recursos aprobados para ese fin son “insuficientes para llevar a cabo una consulta revocatoria confiable y de calidad, equiparable a una elección federal y con el mismo número de casillas de la pasada, como lo exigen la Constitución y su respectiva ley reglamentaria”.

La suspensión de la suspensión de la consulta estará firme hasta que el máximo tribunal del país resuelva el fondo de la controversia constitucional, en tanto, la denuncia puede surtir efectos y hasta podría iniciarse el proceso de desafuero constitucional.

En síntesis: Dos ministras de la Corte, allegadas al presidente integran la Comisión de Receso de la SCJN (por el período vacacional, para atender urgencias), decretan la suspensión de la decisión del INE; el presidente de la cámara, morenista, presenta denuncia ante la fiscalía especializada, también en manos de una morenista y, con ello, pretenden destituir a 6 consejeros, sustituirlos por otros morenistas -o cercanos al morenaje- y sumar los nuevos a los 4 que ya están en el INE, también morenistas.

De ese modo, López Obrador pretende apropiarse del control de los procesos electorales. 

Ninguno de los presidentes de la época de las elecciones competidas pretendió cosa semejante.

No porque no quisieran. 

A golpe de inmensos, frecuentes y numerosos fraudes electorales; de varios miles de muertos y heridos, de decenas de miles de encarcelados; de concurrir a procesos electorales en los que el factor común fue el del hostigamiento oficial, del uso de los recursos públicos en favor de los candidatos oficiales y del fortalecimiento de los cacicazgos regionales, es que la sociedad mexicana le arrancó al gobierno su control sobre las elecciones.

Hoy estamos frente al proceso contrario, los actuales gobernantes pretenden hacer lo que los gobiernos priistas tantos años efectuaron.

Lo paradójico es que los electores -y en general la ciudadanía- se enfrentan a dos PRI-AN-RD: El de adentro de Morena y el de afuera de este partido.

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Fuente de citas hemerográficas antiguas: Información Procesada (INPRO)