Chihuahua, Chih.

* Ejemplos descarnados de que el neoliberalismo sí existe y prospera en México. A las quejas de las comunidades afectadas, López Obrador no les presta atención, pero sí se alía con los grandes empresarios mineros, como Carlos Slim.

Dos escenas del México actual, el México de la “cuarta transformación”: En la primera, el presidente Andrés Manuel López Obrador comparte el pan y la sal en su rancho de Palenque, Chiapas (es un decir, realmente comparten varios proyectos económicos y políticos, como la concesión multimillonaria y oscura para construir el Tren Maya) con el magnate Carlos Slim. De él dijo el mandatario: “Platicamos con Carlos Slim. Es un empresario con dimensión social. Carlos Slim es muy institucional, respetuoso, cree en el país y está invirtiendo en México”. Así lo contó en su “mañanera” del 19 de abril pasado. Segunda escena: Pobladores de los municipios de Moris y Ocampo denunciaron ante el gobernador del estado, en el Palacio de Gobierno de la capital de Chihuahua, la situación que padecen con el río Moris, que quedó contaminado por residuos tóxicos vertidos la Mina El Concheño, propiedad de, precisamente, el “empresario con dimensión social” Carlos Slim, el favorito de AMLO. Las sustancias con las que está siendo envenenado este río (presumiblemente lixiviados de metales pesados y cianuro), y provocan la muerte de múltiples especies animales, como peces y pequeños anfibios; los lugares más afectados son Nabosaigame, El Perdedero y Aliso Cuate.

Ya lo documentó también la reportera chihuahuense Patricia Mayorga Ordóñez, quien recibió el Premio Internacional a la Libertad de Prensa, por su trayectoria, de manos de la actriz Meryl Streep en Nueva York; escribió ella: “Desde hace meses, en plena pandemia, habitantes de varias comunidades de Ocampo, denunciaron a la minera El Concheño, propiedad de Grupo Carso, por la contaminación del agua que provoca en la región. Eso afecta, dicen, no sólo el consumo doméstico, sino al río Moris y a los arroyos que van hasta la cascada de Basaseachi”.

La Sierra Tarahumara está siendo tomada como botín por una serie de empresas mineras que llegan, toman el territorio, excavan, arrasan todo lo que les viene en gana, cambian el curso de los arroyos que les estorban; vierten en las aguas, al aire, sobre la tierra, todos los venenos sólidos, lixiviados y en forma de polvo o vapores que expelen sus minas; extraen los minerales, los refinan para obtener el producto que se llevan a los mercados internacionales, hasta que se terminan la veta. Y entonces, cuando ya no les es costeable, simplemente recogen sus bártulos, despiden a los mineros y, sin decir adiós, y se largan al siguiente sitio del mundo donde los espera otro pedazo de subsuelo para exprimir.

AMLO ignoró a las víctimas
Así también, las empresas mineras Pinos Altos y Candameña están contaminando la cascada de Baseasachi con aguas negras, aceites y cianuro, mediante descargas al río de sus desechos industriales. Esta contaminación afecta no sólo la salud de los pobladores, sino que merma la de por sí precaria producción agrícola que en la Sierra es siempre de autoconsumo para la sobrevivencia. Los quejosos denunciaron que el mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó, en la práctica, atender este problema, ya que los indígenas le entregaron en su propia mano un expediente con estas quejas, el 29 de septiembre de 2019 en Bocoyna. Ese día, la “Caravana del Hambre” interceptó al mandatario para exponerle que sus famosos programas para el campo no estaban llegando a la Sierra, como todavía a la fecha no llegan. Por supuesto, el expediente no ha merecido ninguna respuesta del presidente más justiciero y defensor de los pobres.

En un informe elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop) de la Cámara de Diputados, publicado en abril de 2017, se denuncia que en el país se tienen identificadas seis zonas donde la sobreexplotación del agua es generada principalmente por actividades mineras circundantes o que transportan el recurso de estas áreas acuíferas a su campo de trabajo. Ejemplos sobran de mineras contaminantes: De acuerdo con un informe del Instituto Fraser, el 74 por ciento de las concesiones para exploración minera en México son canadienses. Y, de acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, al menos 17 mineras canadienses han dañado a comunidades mexicanas, hay tres casos de asesinatos y diversas amenazas contra los ejidatarios. Campesinos del Ejido Huizopa, en Chihuahua, protestaron ante la Mina de Oro Dolores de la empresa canadiense Minefinders. El proyecto de extracción a cielo abierto ha sido ilegalmente desarrollado en sus tierras porque, argumentan los ejidatarios, la Secretaría de Medio Ambiente solo dio el permiso de uso de suelo para 500 hectáreas, pero la firma ocupa tres mil 458 para sus labores.

Saqueo inhumano

Caso extremo, si los hay, el de la Minera del Norte, en La Perla, municipio de Camargo, donde en 2017 la empresa mandó acribillar a un grupo de trabajadores que exigían el pago de sus utilidades, y que iniciaron un paro de labores en colaboración con mineros del yacimiento de Hércules, Coahuila.

Un total de 15 grandes mineras operan el día de hoy en el estado de Chihuahua: Agnico Eagle, DiaBras Mexicana, Grupo Coanzamex, Peñoles, Minera Plata Real, entre otras. Según los datos del Clúster Minero, actualmente se producen en el estado cinco tipos de minerales: plata, oro, cobre, plomo y zinc, sobre los que destaca la extracción de plata. Conforme a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la plata ocupa el primer lugar de producción en la entidad con 55 mil 371 toneladas, seguida del zinc, el cual tiene una producción de 7 mil 201 toneladas, el plomo con 2 mil 332, el cobre con 690 y el oro con 565 toneladas.

Los derechos de los indígenas en la Sierra, de las comunidades rurales y los municipios son pisoteados impunemente. No se conoce un solo caso en que alguna autoridad estatal o federal haya sancionado a alguna de estas empresas. Aunque hay algunas excepciones, dignas de ser documentadas. El triunfo, pequeño, pero significativo, fue mérito indiscutible de los obreros. A mediados del mes de marzo pasado, y tras varios días de negociaciones, los más de cien trabajadores que mantenían un paro en la mina El Concheño, lograron acuerdos con la empresa Minera Real de Ángeles para que les restablecieran su antigüedad y prestaciones. 

Es que los mineros se habían enterado de que, de un día para el otro, la empresa les había eliminado su antigüedad, y habían sido "recontratados" como si fueran empleados nuevos, luego de que los patrones hicieran un cambio de razón social. 

Esta maniobra fiscal generó la inconformidad de los trabajadores, quienes se dirigieron al Congreso del Estado, donde se les asignó un grupo de abogados que los asesoró y les dictó lo que debían hacer.

Hablando de impunidad, viene a colación otro ejemplo, el colapso del bordo de tierra que servía precariamente para contener el líquido de la presa de jales de la mina La Cieneguita, de la empresa Río Tinto en el municipio de Urique, ocurrido el 4 de junio de 2018. 

El incidente se convirtió en una catástrofe ambiental, social y humana, porque el derrame de los jales arrastró arroyo abajo, maquinaria, vehículos y a varios trabajadores. 

Fueron 11 mineros, cuyos cuerpos fueron encontrados destrozados y carcomidos en medio del líquido blancuzco que contenía espesas concentraciones de ácidos, de metales pesados y hasta, presumiblemente, de cianuro. 

Las autoridades pusieron el grito en el cielo, pero sólo días después, cuando el derrame llegó a la presa Huites, ya en territorio de Sinaloa, porque este vaso es el punto de partida del río Urique cuando en el vecino estado cambia de nombre a río Fuerte, que da su denominación al principal valle agrícola del país. 

La Profepa, máxima autoridad ambiental en México, dio su dictamen, que nadie se creyó, porque el análisis químico arrojó que no había contenido de cianuro en el derrame. 

¿Y qué dijeron las autoridades en Chihuahua? Nada. 

El Gobierno del Estado, que tiene su propio organismo de regulación ambiental, nada hizo porque no les dio ni siquiera curiosidad conocer la probable responsabilidad de la empresa minera canadiense en la serie de violaciones a la legislación ambiental en que incurrió y en las que sigue incurriendo. 

El Congreso del Estado, que tendría que haber acordado una investigación exhaustiva del desastre ambiental y de la masiva pérdida de vidas a causa de la negligencia industrial, se ocupaba por esas fechas en temas tan intrascendentes, como una iniciativa que “prohibirá y erradicará” del territorio de Chihuahua, los popotes de plástico, “tan nocivos para el medio ambiente”.

Pero no pasa nada

Un informe de la Cámara Minera de México indica que en la entidad hay 16 operaciones a cielo abierto. 

En Yepachi, municipio de Madera, opera desde 2009 la mina canadiense Panamerican Silver Corp. En los municipios de Urique y Ocampo, la canadiense Goldcorp explota las minas El Sauzal desde 2004. En Urique se encuentra el yacimiento Cieneguita, de la empresa Río Tinto (de capital inglés y australiano). Minera Frisco, de Carlos Slim Helú, opera dos minas a tajo abierto en el municipio de Ocampo: El Concheño y Ocampo.

En las comunidades aledañas a la mina El Concheño, en Ocampo, el agua que utilizan para el consumo diario, no sólo está contaminada, sino que es escasa. 

Según lo registra la periodista Patricia Mayorga, a pesar de que han presentado varias denuncias, nadie les ha hecho caso. 

Hoy, dice Jesús Lozano, habitante de la comunidad de Basaseachi, en los hogares no pueden lavar la ropa ni los trastes, menos utilizar el agua para cocinar, ni siquiera hervida. 

Poco antes de la pandemia, los estudiantes tomaban agua de los bebederos de las escuelas, pero eso les acarreó vómitos y diarreas. 

¿Y las autoridades? ¿Y la Comisión Nacional del Agua? 

“Conagua dijo que el agua no tenía nada; incluso vinieron, pero primero fueron a la Presidencia Municipal. La comunidad quiso hacer una huelga en la compañía minera, pero las autoridades disolvieron la protesta y hasta ahora no han hecho nada. Ha habido reuniones con los presidentes seccionales, pero poca gente se avienta al ruedo”, denunció Lozano.

Como colofón, destaca la buena noticia. 

La lucha de los afectados sí puede prosperar: un Tribunal Federal ordenó suspender provisionalmente, apenas en febrero pasado, el proyecto de la mina de cobre a cielo abierto en el poblado de Samalayuca, municipio de Juárez, que impulsan ejidatarios de Ojo de la Casa, una empresa minera de Chihuahua y una compañía canadiense. 

La decisión judicial se desprendió de un amparo promovido el año pasado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) junto con ejidatarios opositores y defensores del medio ambiente, quienes aseguran que el proyecto minero afecta un área natural protegida de 63 mil hectáreas, contigua a los Médanos de Samalayuca.

Fotos: Froilán Meza Rivera