Chihuahua, Chih.
Ante la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de incluir al Cártel de Juárez en la lista de organizaciones terroristas extranjeras, Gilberto Loya Chávez, Secretario de Seguridad Pública del Estado, mostró su respaldo a la medida pues, dijo, «esa organización es responsable de gran parte de la violencia que se genera en el estado».
Le dio la bienvenida a tal medida, ya que mientras «más mecanismos legales existan para poder atacarlos, yo creo que eso es algo positivo».
Por supuesto que en tanto existan más mecanismos de cooperación e intercambio de información existan entre las autoridades mexicanas y estadounidenses se mejorarán las acciones de seguridad, pero es necesario poner en entredicho esa medida.
Lo que Washington nos está diciendo es que no confía, ni en la capacidad, ni en la voluntad de México para combatir a esas organizaciones criminales, a las que ahora considera que son una amenaza directa a su seguridad nacional.
Es la traducción de lo que el presidente Trump se ha cansado de expresarle al gobierno de Claudia Sheinbaum, que las organizaciones criminales controlan al gobierno de México.
Esa clasificación le permitirá a las agencias de los EEUU actuar sin restricción alguna, sin tener la preocupación de que el Congreso le coloque restricciones y actuar como si el marco legal norteamericano se extendiera más allá de sus fronteras, que le permitiría a sus agentes y, eventualmente, a sus fuerzas militares actuar en cualquier lugar.
Ante la determinación del gobierno norteamericano se deberá poner distancia, exigir el respeto al marco legal existente entre nuestras naciones, lo que implica combatir sin denuedo a los criminales e incrementar la cooperación con ellos.
De lo contrario, los norteamericanos exigirán una mayor cooperación, especialmente en materia de inteligencia, aún más demandante, pues exigirá —¿ejecutará?— que cada vez sea más responsabilidad norteamericana y, cosa aún más riesgosa para la 4T, la de que se incrementen las investigaciones estadounidenses sobre funcionarios o empresarios presuntamente vinculados con los cárteles.
La designación es extremadamente lesiva para casi toda la vida económica, política y social del país ya que activa principalmente herramientas jurídicas, financieras y de inteligencia de Estados Unidos.
La designación ejercerá una mayor presión sobre las finanzas de los cárteles pero, en contrapartida, Estados Unidos puede congelar activos y cuentas bajo su jurisdicción; perseguir a empresas, bancos o personas que proporcionen «apoyo material» a esas organizaciones; ampliar las sanciones contra redes de lavado de dinero, prestanombres y empresas fachada y dificultar las operaciones internacionales de los grupos criminales.
La etiqueta de terrorista vuelve más riesgoso para instituciones financieras y empresas tener cualquier relación indirecta e inadvertida con una organización designada como tal pues permite perseguir no sólo a los integrantes del grupo, sino también a quienes le proporcionen apoyo material.
Esto puede incluir financiamiento, logística, servicios o colaboración consciente.
Además, se eleva el riesgo de acciones unilaterales estadounidenses pues proporciona un marco político y jurídico (de los EEUU) más agresivo para que Estados Unidos justifique —ante las instancias norteamericanas, el Congreso o los tribunales— las operaciones de inteligencia; persecución de redes financieras; ciberoperaciones; acciones contra activos y operadores; cooperación directa con fuerzas mexicanas y, eventualmente, debates internos en Washington sobre operaciones más contundentes.
Entre estas se encuentran, por ejemplo, que la vigilancia sea más estricta sobre las empresas ubicadas en regiones controladas por cárteles; transportistas; exportadores; empresas de construcción; compañías agroindustriales y negocios que operen en zonas donde haya extorsión o infiltración criminal.
La designación estadounidense es una medida de gran importancia, pero su impacto más inmediato es financiero, penal, diplomático y de inteligencia, no una autorización automática para una intervención militar, pero con esa clasificación, los EEUU considera a esas organizaciones amenazas a la seguridad nacional por lo que se siente legitimado para combatir de manera más directa.
No se le puede dar la bienvenida a tal determinación norteamericana, pero la negación solo será válida si ya se está haciendo lo que debe efectuarse para combatir a tales organizaciones criminales, lo que no se hace, por desgracia.
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