Chihuahua, Chih.

- Juárez bajo fuego
- Jalisco, Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Zacatecas… ¿Cuántos más?
- ¿Acciones separadas o concierto criminal?
- Infundir terror ¿Para qué? ¿Para legitimar la militarización total de la seguridad pública?
- ¿Para qué profundizar en la militarización si ha sido un completo fracaso esta estrategia, vigente desde la Operación Cóndor en los ’70’s?

Hipotético intercambio entre un seguidor de López Obrador y un crítico de él: 

-Crítico: “Los cocodrilos vuelan”

-Seguidor: “Eso no es posible, no es cierto”

-Crítico: “El presidente López Obrador dijo que volaban”

-Seguidor: “¡Ah, bueno! ¡Sí vuelan, bajito, bajito, pero sí vuelan!”

No es el único pasaje que retrata lo que ocurre hoy en el país.

Hay otro, el escenificado por el entonces recién estrenado Secretario de Educación de Javier Corral, Pablo Cuarón. 

El mismísimo día de la toma de posesión de aquel, los periodistas le preguntaron que a partir de cuando dejarían de cobrarse las cuotas de inscripción y colegiaturas como había prometido Corral. Cuarón, sin amilanarse un ápice, contestó orondamente -¡Ah, es que las promesas son del corazón, no de la razón!

Así le ocurre hoy al presidente López Obrador, va en el sentido exactamente opuesto a lo que le prometió al “pueblo bueno y sabio”.

Dijo que no se tardaría ni “seis meses” en regresar al ejército a los cuarteles. Por supuesto, sus seguidores acudieron al ejemplo de aquel asistente de Porfirio Díaz, a quien le preguntó -¿Qué horas son? -Las que usted, diga, señor presidente.

Lo es el único, ni el mayor, de los problemas generados por al cambio de postura presidencial al pretender adscribir a la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), porque resulta que no solo le está mintiendo a los mexicanos, sino que al intentar eludir el precepto constitucional que ordena la categoría de “civil” de la GN, viola un acuerdo parlamentario que permitió aprobar la creación de ella, por unanimidad.

“Los conservadores”, creyendo en su palabra, votaron a favor de su propuesta, hoy pretende desdecirse, deshonrándola.

El problema mayor es que ahora le dice a la nación que es la única vía para enfrentar el enorme desafío por la delincuencia, que sean los militares los responsables de la seguridad pública en el país, echando por tierra cualquier esperanza de la construcción de una fuerza policiaca civil, dirigida por mandos civiles.

No hay argumentación que le dé sustento a esa pretensión.

El principal referente de los “delitos de alto impacto” son los homicidios.

Los resultados son espeluznantes.

¿Es cierto que el gobierno de López Obrador mantiene una política en contra de los criminales sintetizada en la frase ‘abrazos, no balazos’?

La GN tiene casi 114 mil elementos, al 20 de enero de 2022, y una fuerza operativa de 104 mil 496 efectivos y, de éstos, se encuentran desplegados 91 mil 656. Se espera termine el año con 126 mil 776 efectivos.

Apresurar el paso de la GN a la Sedena pareciera ser el reconocimiento de que su estrategia de seguridad fracasó y entonces solo queda el ejército para pacificar el país.

La Guardia Nacional ha sido militar desde su creación, en 2019. Su integración fue con soldados, su comandancia recayó en un general y toda la estructura de mando está encabezada por oficiales que le rinde cuentas al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Y aunque sean números muy fríos, servirán para dimensionar la tragedia sufrida por los mexicanos.

Comparada con la Policía Federal, por sus resultados, la Guardia Nacional ha sido un fracaso pues ésta tiene un despliegue territorial casi cinco veces mayor que la corporación dirigida por Felipe Calderón y Peña Nieto (pues tuvo, en el mejor momento, 40 mil elementos y de éstos solamente la mitad, 20 mil estaban desplegados). El número de homicidios presentados en el actual sexenio es absolutamente superior a  los que en cualquiera de los precedentes.

Con mucho mayor fuerza desplegada en el país, en los primeros 45 meses del gobierno de López Obrador se registraron 130 mil 373 homicidios dolosos, contra 60 mil 319 en el de Calderón y 81 mil 299 en el de Peña Nieto (La guerra en números, TReasearch, 11/VIII/22).

Homicidios por sexenio:

Carlos Salinas, 76,767; Ernesto Zedillo, 80,671; Vicente Fox, 60,280; Felipe Calderón, 120,463; Enrique Peña, 156,066; AMLO, 130,518 (Hasta 31 de julio ’22).

El promedio diario de 2022 es de 82; si lo anualizamos, al final del año llegaremos a los 29,930 homicidios, ciertamente por debajo de los años precedentes (2019, 36,661; 2020, 36,773; 2021, 35,625) y si se proyecta a 2023 y 2024, con esta disminución, al término del sexenio, llegaremos a los alrededor de 200 mil homicidios en el gobierno de la 4T.

Esto significará que en el curso de 6 sexenios se habrá asesinado a poco más de 700 mil mexicanos, sin contar con los desaparecidos y las decenas de miles de víctimas fatales no identificadas.

¡Fracaso absoluto!

Pero la militarización de la seguridad pública empezó mucho antes. 

En 1975 la PGR anunció la ejecución de un “redoblado esfuerzo de erradicación” (de la producción de mariguana) en el que se incorporó públicamente al Ejército en varios niveles. La Operación Cóndor significó tanto un despliegue sin precedentes de elementos castrenses sobre el territorio nacional, como la subordinación de la autoridad civil al mando militar.

Lo que ahora pretende López Obrador es la más reciente de la vuelta de la tuerca iniciada en esos años.

Durante los últimos treinta años se ha hablado de que el saneamiento de las policías es la única manera civilizada de combatir a la delincuencia, el fracaso es evidente, porque la incapacidad de la clase política para diseñar, acordar, instrumentar y asumir una política de seguridad pública transexenal lo ha impedido.

Hoy lo vemos en los hechos del “Jueves Negro juarense”.

Una riña entre presuntos integrantes de las bandas criminales Los Mexicles y Chapos en el Cereso número 3, con saldo de tres reos muertos y al menos 20 lesionados, mostró lo que a veces se olvida, el control de las bandas criminales sobre los penales.

A partir de ahí se desató el infierno, a manos de sicarios enloquecidos sin orden, ni concierto que, a diferencia de los sucesos de Jalisco, Guanajuato y BC enfilaron sus baterías en contra de los civiles (aunque también allá se presentaron ese tipo de hechos) mostrando, como en Culiacán en 2019, su poderío y fuerza.

Deberá destacarse la acción de los polimunicipales, que respondieron adecuadamente, aunque, también, es de apreciarse la participación de las otras corporaciones.

Podrá especularse acerca de la posibilidad de acciones concertadas en todos los episodios violentos de tales entidades, sin embargo, con la información disponible, hasta el momento, podría descartarse, a menos que se piense de algún poder extraestatal interesado en hacer crecer la percepción de que se necesita militarizar a la GN.

El presidente no necesita tal.

Después de las acciones de los delincuentes, como era de esperarse, las corporaciones montaron operativos para “resguardar” todas las instalaciones. Orgullosamente las autoridades pregonaron que “todo está en paz”, que “los juarenses pueden estar tranquilos”.

Es lo mismo que en Cerocahui, Guadalajara, Fresnillo, Guerrero, etc. Una vez finalizados los “raids” criminales, sus autores regresan a sus casas de seguridad, a sus áreas de confort y vuelta a la “normalidad”.

En ella, el crimen organizado ha expandido y diversificado sus actividades de todo tipo, elevado el número de giros comerciales y delincuenciales, con una indudable mejoría y especialización empresarial, al tiempo que ha ido extendiendo, tanto los territorios dominados, como su base social, que lo ha llevado a sustituir o reemplazar al Estado. 

Y la cereza en el pastel: Ha mejorado su infiltración y relación con la clase política.

¿Qué hacer entonces con el ejército?  

En palabras del presidente es más claro: “¿Qué me preocupa hacia adelante? Que se termine este gobierno y que todo lo que estamos haciendo, creando la GN, vuelva a como estaba antes, quede en Gobernación, quede en Seguridad Pública”.

¿Y si los mexicanos deciden otra cosa en 2024, o después?

Sin las fuerzas armadas en esas tareas, dijo López Obrador, el Estado mexicano no podrá garantizar la seguridad pública.

La respuesta es rápida y sencilla: Lo que hizo la policía municipal, buscar y detener a los responsables.

La intervención militar en seguridad sólo es aceptable si es extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

Puede tener razón AMLO, pero lo que está en juego debería discutirse entre todos y no solo desde Palacio.

[email protected]; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Fuente de citas hemerográficas recientes: Información Procesada (INPRO)