Chihuahua, Chih.

Tema central en la construcción de un régimen democrático es la de la existencia de una sólida red de medios de comunicación, capaces de establecer el necesario vínculo entre la sociedad y la administración pública.

Necesidad tan evidente tropieza con la de las naturales tendencias de quienes deciden invertir en la comunicación y apuestan, no solamente a la recuperación de sus inversiones, sino a la del mantenimiento de sus tasas de utilidad.

¿Cómo compaginar intereses tan disímbolos? ¿Cómo lograr que los intereses de la sociedad no choquen con los de las empresas de los medios de comunicación?

Más aún, en una sociedad como la mexicana, en la que las más poderosas empresas de este ramo son parte de los conglomerados empresariales más importantes (casi de la misma manera que en Estados Unidos), o que los más adinerados empresarios son los más importantes accionistas de las cadenas más importantes de la radiodifusión y de la televisión, se torna aún más difícil encontrar el mejor esquema a fin de que se cumpla con aquella premisa.

Cuestionamientos tan complejos se constriñen, por desgracia, a los más poderosos medios de comunicación y poco abordan la más extendida realidad de cientos de estaciones difusoras de radio (sobre todo, pero no exclusivamente y, también en los cientos y miles de portales digitales), en las que ha descansado, en buena medida, la construcción de las coyunturas que hicieron posible la derrota del régimen y que explican, también sobresalientemente, el triunfo del PAN en la presidencia de la república, especialmente en las elecciones del año 2000.

La irrupción de la radio hablada en las últimas dos décadas, acompañando la aparición de las elecciones plenamente competidas, cosa indispensable para la llegada de la alternancia partidaria, así como el del establecimiento de una sólida legislación electoral y la construcción de los organismos electorales que, a pesar de todos los contratiempos, fallas y retrocesos temporales, posibilitaron la creación de la certidumbre electoral, deberá considerarse como parte esencial para la derrota electoral del viejo régimen.

La protección, impulso y mejoramiento de estos medios de comunicación -a través de las acciones y recursos del Estado mexicano- (muchos de los cuales, también es preciso anotarlo, fueron soporte de candidatos, dirigentes y gobernantes de aquel régimen) son aspectos dejados de lado y poco valorados en su justa dimensión por las diversas iniciativas presentadas ante el Congreso de la Unión, incluida la del diputado Alvarez Gómez y, por supuesto, la enviada al Congreso del Estado por el gobernador Javier Corral.

Hoy, ambos gobernantes pretenden sean aprobadas sus propuestas sin que en la elaboración, diseño, discusión y aprobación del nuevo marco legal participen los miembros de una de las comunidades que mayores aportaciones podrían hacer a una de las más trascendentales reformas legislativas, la de la publicidad gubernamental, que esencialmente debiera estar contenida en un cuerpo de leyes que constituyeran la de Comunicación Social del Estado mexicano, que debe ir más allá de la pretensión de ambas iniciativas, consistente en sólo regular (aspecto que, por otra parte, es merecedor de la mayor atención) el gasto público en la publicidad gubernamental.

Y aspecto esencial de esto es que, por ningún lado aparece el papel del Estado en la preservación y/o creación de los medios de comunicación alternativos, para lo cual es determinante el financiamiento público.

Además, y de ninguna manera es asunto menor, es el del acompañamiento y/o fiscalización de la sociedad en la elaboración y aplicación de las políticas públicas en materia de comunicación social, así como en el gasto en publicidad gubernamental.

En los últimos días arreciaron las informaciones acerca de la pretensión del gobierno de Chihuahua por aprobar la Ley de Publicidad Oficial en el Congreso del Estado, la que contiene un importante número de aspectos altamente criticables, que van en sentido contrario, incluso, de la ley federal aprobada meses atrás (Ley General de Comunicación Social) y que se pondría en vigor a partir del 1o.  de enero del 2019.

Pretenden hacerlo incluso por encima del hecho de que a fines de septiembre, el diputado morenista, Pablo Gómez Alvarez, presentó una iniciativa denominada “Ley General de Propaganda Oficial”, que derogaría, en caso de aprobarse -cosa que ocurriría muy probablemente antes del fin de año- la aprobada a mitad de año.

“Ésta es una ley completa, reglamentaria de la Constitución, que tiene como propósito impedir que entre en vigor, el primero de enero, una ley aprobada por el Congreso, con la protesta de una gran cantidad de legisladores de entonces, de la anterior legislatura”, sostuvo Gómez Alvarez en la presentación de la iniciativa.

Como la presentada por el gobernador Corral en el ámbito local,  pretende, en las consideraciones, disminuir de manera tajante las partidas destinadas a la publicidad durante el ejercicio presupuestal, así como la prohibición de contratar con un solo grupo de comunicación, adquisiciones cuyo costo total sea mayor al 25 por ciento del gasto total destinado a cubrir la propaganda; proscribe la censura previa; intenta “impedir que actores ajenos al proceso electoral incidan en las campañas y votaciones electorales a través de los medios de comunicación, y establece un nuevo modelo de comunicación que impida el uso del poder público en favor o en contra de cualquier partido político o candidato a cargo de elección popular o para promover ambiciones”.

De aprobarse, sería una legislación para todos los entes públicos del país que, por otra parte, derivado de esa concepción, prohibiría que del presupuesto federal se ejercieran recursos para la contratación de publicidad en radio y televisión, salvo “para carteleras culturales y de espectáculos, campañas de salud, información de prevención civil frente a siniestros u otros casos de emergencia o la relativa a las prevenciones generales emitidas en función de una situación extraordinaria decretada por el Congreso”.

La propuesta de Pablo Gómez establece la obligación, para los entes públicos, de asignar los contratos de elaboración y difusión de la propaganda garantizando la equidad, además de que el gasto en propaganda no podrá exceder el 0.3 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente. 

Para el 2019 podría ser una cantidad de alrededor de los 18 mil millones de pesos.

La nueva ley prohibiría concentrar en un solo servicio de comunicación social más del 50 por ciento del gasto total destinado a cubrir la propaganda y se establecen restricciones para la realización de ampliaciones o traspasos presupuestales.

Un cambio trascendental, además de los anteriores, es el de que la distribución de los tiempos oficiales (el 12% del tiempo de transmisión diaria de cada estación radiodifusora o televisiva) contemplará, por primera ocasión, el acceso de las entidades federativas; de ese modo, el gobierno federal se arrogará el 65% y las entidades federativas el restante 35%.

Del primero, el 35 por ciento será para el Poder Ejecutivo federal, 10% para el Legislativo, (a tiempos iguales entre la Cámara de Diputados y la de  Senadores), además del 10% para el Poder Judicial de la Federación y el restante 10 para los organismos públicos autónomos federales.

Además, se establece la prohibición para contratar la difusión de noticias en forma de infocomerciales o gacetillas (el género favorito del ahora Enrique Peña Nieto, transmitido sobre todo en el canal de las estrellas), ni para hacer pagos para la difusión de actos oficiales de cualquier naturaleza.

Sin duda que ambas iniciativas contienen aspectos de avanzada, pero dejan de lado aspectos esenciales, y por otro lado, de aprobarse la federal, tal y como se presentó, será un mecanismo que potenciará a los más grandes y poderosos grupos radiofónicos y televisivos, los únicos que podrán sobrevivir sin la publicidad gubernamental, del mismo modo que las de carácter comercial, emisoras de programas musicales, que acaparan la publicidad privada, pues la radio hablada, emisora de noticieros y programas de análisis, de carácter cultural o de variedades desaparecerán paulatinamente.

Y eso sí que significará un terrible retroceso en la construcción de medios de comunicación alternos. Quedará la alternativa de los cada vez más importantes existentes en las redes sociales, pero que sobre los cuales pesa la escasa penetración del uso de internet en el total de la población mexicana.

A una y otra iniciativas, -la de Corral y la de Pablo Gómez (el bueno, el de la Ciudad de México)- les hace falta un ingrediente, esencial para la concreción de la transición democrática, la participación de la sociedad y en este caso, de los integrantes de los medios de comunicación, de todos, no sólo los propietarios, sino especialmente de los reporteros, analistas, conductores, etc.

¿Lo entenderán?

[email protected]; Blog: luisjaviervalero; Twitter: /LJValeroF; Facebook: Aserto