Chihuahua, Chih.

Más nos valía que los diputados hubiesen aprobado las elecciones primarias. Lo aprobado en la sesión extraordinaria del lunes es de una extrema gravedad pues se aprobó un incremento en las aportaciones privadas que pudieran realizarse a los procesos electorales.

En la actualidad, los partidos políticos sólo podrán ingresar, de aportaciones privadas, el 2% del financiamiento público recibido. Omnipotentes, los diputados de Chihuahua resolvieron que ahora podrán recibir hasta un 80% más de lo señalado en la Ley General de Partidos Políticos, lo que abre la puerta para que aportaciones, no necesariamente de los militantes, sino de orígenes interesados (funcionarios gubernamentales, empresarios ansiosos de recibir favores de los candidatos, una vez convertidos en funcionarios públicos, integrantes del crimen organizado, y un largo etcétera) puedan ser recibidas por partidos y candidatos, lo que contraviene lo realizado por la sociedad mexicana en más de tres décadas, en la búsqueda de darle equidad a los procesos electorales.

Todos estamos de acuerdo en señalar que las elecciones mexicanas son, quizá, las más caras del mundo, pero eso tiene una explicación, hasta lógica, derivada del hecho de que el régimen del pasado se empeñó en presentarse como democrático en el cual se realizaban elecciones de manera periódica y había un relevo permanente de los gobernantes.

Era la “dictadura perfecta”, debido a que se ejercía, cuasi dictatorialmente, el poder, pero se presumía que el partido del régimen no perdía elección alguna. Eso se debía al riguroso control ejercido sobre el proceso electoral. 

No dejaba resquicio alguno.

En la medida que lo fueron perdiendo se aguzaron las maniobras para asegurarse de que los triunfos continuasen. Ello implicaba el uso masivo de recursos gubernamentales a las campañas del PRI.

Cuando este partido perdió el control político-electoral, la situación no cambió con la llegada del PAN al poder. Y en el resto del país continuó con las mismas características, pero con un peligroso añadido, el de que los financieros privados (de las clasificaciones ya mencionadas) crecían, en montos y números, para lo cual se impusieron candados aún más estrictos al financiamiento a los partidos políticos, campañas electorales y candidatos.

Es mejor elevar el financiamiento público, nos sale más barato, que aceptar que empresarios, gobernantes y criminales financien las campañas electorales. Por lo menos existen las restricciones legales necesarias para hacerlo.

Hasta ahora.

Si bien algunos pudieran decir que el incremento es menor, el riesgo consiste en que se está abriendo una puerta al abismo, sólo por hacerse eco de un supuesto reclamo ciudadano consistente en no financiar las actividades de los partidos.

Por ese camino ingresaremos, sin obstáculo alguno, a la autopista que nos llevará al infierno de los candidatos impuestos por el dinero privado, no siempre y seguramente al contrario, de origen legal.

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