Chihuahua, Chih.

Hoy inicia un periodo extraordinario del Congreso mexicano que presagia malas reformas: incompletas, superficiales o de alto riesgo.

Algunos comentarios:

El Congreso fue convocado apenas el jueves pasado, sin que se conociera siquiera el contenido de todas las iniciativas.

No hay tiempo para una discusión seria, para escuchar a expertos ni para mejorar los proyectos. Temas muy relevantes se quieren aprobar al vapor esta misma semana.

En la reforma judicial se corrige un problema inminente: la elección judicial de 2027 se mueve a 2028. Pero el problema de fondo permanece: las elecciones judiciales de 2030, 2033, 2036 y las siguientes coincidirán con elecciones de partidos.

Peor aún: ahora habrá una misma casilla para votar por cargos políticos y por cargos judiciales.

Respecto a la comisión para revisar vínculos de candidaturas con el crimen organizado: ¿por qué la coordina el INE? Sería más sencillo que la FGR coordinara un grupo de trabajo con autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia para revisar candidaturas registradas por los partidos y emitir alertas cuando se detecten antecedentes penales o criminales.

La revisión de antecedentes será voluntaria para los partidos.

Además, no se dice nada sobre la captura de candidaturas durante las campañas —como ocurrió con Rocha Moya— ni sobre cómo blindar campañas y votaciones frente a la interferencia del crimen organizado.

Ojo: si estas reglas hubieran existido en 2021, Rocha habría sido candidato de todos modos. No tenía antecedentes; pactó con Los Chapitos durante la campaña.

La causal de nulidad por intervención extranjera tiene enormes deficiencias.

Si el INE ha sido incapaz de detectar grandes porciones de financiamiento ilegal en campañas dentro del país

¿Cómo va a detectar financiamiento del extranjero?

¿Cómo identificará el origen de campañas en redes sociales o ciberataques?

¿Cómo probará operativos de cubanos, rusos o estadounidenses si actúan como agentes encubiertos o contratan intermediarios mexicanos?

¿Se dará al INE capacidad de investigación global, como si fuera una agencia de inteligencia?

Pero, sobre todo, ¿qué criterios se usarán para definir si una expresión, un posteo en X o una declaración tiene la “intención” de influir en las preferencias electorales y, más aún, si fue determinante para el resultado?

La ambigüedad puede ser explosiva.

Si México pierde el grado de inversión en 2027 y eso provoca una devaluación, alguien podrá acusar “presión económica” para debilitar al gobierno —causal de nulidad conforme a la iniciativa—.

Si Trump decide sacar a Estados Unidos del TMEC y eso mete a México en recesión, algún candidato podrá alegar “presión diplomática”.

Si un “agente privado” —una empresa, un fondo de inversión o una persona— expresa preocupación por la falta de certeza jurídica en México, alguien podrá pedir la nulidad.

Incluso nuevas solicitudes de extradición podrán ser leídas bajo esa lógica.

La iniciativa parte de un supuesto ofensivo: que los electores mexicanos son fácilmente manipulables por potencias extranjeras.

Si el pueblo es “mucha pieza” y si “el pueblo manda” en México, ¿por qué ahora se le presenta como una masa vulnerable a cualquier declaración, tuit o campaña externa?

Cuando una sociedad detecta una intromisión indebida, como ocurrió en Hungría o Canadá, quien intenta intervenir a veces termina beneficiando al adversario.

La iniciativa es un galimatías jurídico que afectará el papel de México en un mundo globalizado, complicará la relación con Estados Unidos y alimentará un discurso soberanista y nacionalista que cosechará mala vibra fuera del país.

Llega al extremo de darle al Tribunal Electoral la misión de defender la “soberanía nacional”.

Se podrá acusar a la oposición de beneficiarse de actos “intervencionistas” y llamarla traidora a la patria.

El artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos ya obliga a los partidos a rechazar “toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros”.

En combinación con la reforma propuesta, esa disposición podría usarse para acusar a cualquier partido de “vendepatrias” y buscar incluso la pérdida de su registro.

Es probable que el propósito sea repartir lodo.

Si unos son acusados por vínculos con el narcotráfico, otros podrán ser acusados por traición a la patria. Si a unos se les abren investigaciones en Nueva York, a otros se les podrá amenazar con quitarles el registro como partido político en México.

El resultado puede ser muy grave: una reforma que dice defender la soberanía, pero que afecta la interlocución con el mundo y que puede convertirse en un instrumento para judicializar elecciones, perseguir adversarios y desconocer resultados incómodos.

*Ex presidente del INE. Tomado de su muro en X