Mientras el Congreso del Estado pierde el tiempo celebrando ‘Foros de Consulta para la Reforma Electoral’ para recibir propuestas ciudadanas para establecer las reglas aplicables a los comicios locales del 2018, esta semana Morena presentará un proyecto de reforma constitucional cuyos tópicos son, entre otros, la reducción de financiamiento público a los partidos políticos y la eliminación de las listas partidistas de los candidatos ‘pluris’.

Acorde al reclamo nacional de reducir el monto de las aportaciones a los partidos, existen distintas variantes como la ‘Iniciativa Kumamoto’ que busca que los partidos reciban financiamiento de acuerdo con el número de votos que obtengan en las elecciones para que “el dinero que se otorgue a los partidos se calcule a partir de la votación ciudadana, dando más recursos al que mayor número de votos tenga… el voto será una forma de ‘protesta efectiva’ y le dará valor económico al sufragio”.

En cambio, la propuesta de Morena es más sencilla y mucho más aceptable: busca eliminar la actual fórmula aritmética para fijar el monto del financiamiento público ordinario que resulta de multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral estatal por el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; cuyo producto asciende a más de 124 millones de pesos al año.

Dicha operación aritmética sería sustituida por una cantidad fija y precisa (90 millones de pesos) por un período de tres años, en la que ya no será necesario que el IEE realice operaciones aritméticas cada año para cuantificar la aportación que le corresponde a cada uno de los partidos con registro en dicho Instituto electoral.

Adicionalmente, la reforma constitucional pretende modificar el porcentaje actual de distribución del financiamiento ordinario (30-70), por otro más equitativo (50-50). De tal manera que el 50% sea distribuido en forma igualitaria entre los partidos; y el 50% restante, de acuerdo al porcentaje de votos obtenidos en la elección de diputados anterior. Sin duda alguna, esta propuesta legislativa garantizará que la actividad electoral de los partidos contendientes sea más equitativa.

A mi parecer, la aportación legislativa más importante de Morena es la relativa a la eliminación de las listas de candidatos a diputados ‘pluris’, para ser sustituidas por la asignación de los candidatos perdedores con mayor votación o porcentaje. Así, todos los candidatos a diputados de todos los partidos tendrán -en igualdad de condiciones- la oportunidad de acceder al cargo de una diputación ‘pluri’.

En efecto, la sola consideración fáctica de que los candidatos perdedores tengan una oportunidad real de obtener el cargo (entre los demás candidatos postulados por el mismo partido), garantizará una mayor competitividad electoral. Por ello, debe precisarse que la nueva asignación de diputados ‘pluris’ no es una ocurrencia del líder estatal de Morena, Martín Chaparro, porque está avalada por criterios adoptados por la Sala Superior del TEPJF, entre ellos los siguientes:

“El sistema de minorías privilegia el mayor porcentaje de votación minoritaria, lo que necesariamente se traduce, en que el reparto de curules de representación proporcional que se efectúa hacia el interior de cada partido político, favorezca a las fórmulas que hayan obtenido el mayor porcentaje de votos dentro de las votaciones minoritarias, por lo que se puede considerar que es una variante de representación proporcional, pues se busca que los partidos que no ganaron en mayoría relativa queden representados en el Congreso”.

“… (y) privilegiar a las fórmulas de candidatos que aportaron un mayor número de votos… (porque) se debe beneficiar a la fórmula de candidatos que haya logrado un mayor porcentaje de votos, porque tal aportación influyó de manera importante en la asignación de curules al partido político, más que las pequeñas votaciones obtenidas por otras fórmulas del mismo partido político o coalición”.



GASTOS DE CAMPAÑA:

Actualmente, el financiamiento público para gastos de campaña en los comicios en que se eligen Gobernador, diputados y miembros de ayuntamientos, equivale al 55% del financiamiento ordinario; y en las elecciones intermedias, al 35%. Tomando en cuenta el principio de austeridad que debe de prevalecer en las campañas electorales, la Iniciativa Popular propone una reducción de dichos porcentajes: al 40% y 20%, respectivamente.

De igual manera, se propone eliminar el financiamiento público ‘por actividades específicas’ cuyo destino es, supuestamente, financiar actividades partidistas de “educación, capacitación, investigación socio-económica y política, así como las tareas editoriales”; cuyo monto asciende al 3% del financiamiento ordinario.

En cuanto al financiamiento de los candidatos independientes, la propuesta es incrustar en el texto constitucional una cantidad fija para gastos -ordinarios y de campaña- por un total de diez millones de pesos en los procesos electorales en los que se elija Gobernador; y de seis millones en los procesos electorales intermedios.

En especial, debe destacarse la intención de que los candidatos independientes reciban apoyo para gastos ordinarios que les permita solventar cuando menos, los gastos básicos de una casa de campaña. Lo anterior, para garantizar una contienda electoral más equitativa con los candidatos postulados por los partidos políticos.