Los dirigentes de algunos de los partidos locales pretenden actuar como si en México prevaleciera el régimen parlamentario: Se colocan en el lugar número uno de las listas plurinominales.

Sin embargo, en un régimen presidencialista como el mexicano, con una profunda cultura patrimonialista, los partidos políticos replican, de manera casi idéntica, al régimen político que padecemos y los dirigentes partidarios utilizan los recursos puestos a su servicio para “no dejar” ir la oportunidad de aprovechar tal posición de privilegio para sumar un peldaño más a “sus carreras políticas”.

En la mayoría de los regímenes parlamentarios no existen los candidatos uninominales, en otros existen distintas variantes, pero en todos los casos los militantes de los partidos eligen a los integrantes de las listas de candidatos de representación proporcional, los acá denominados “plurinominales”.

Casi dueñas de las franquicias partidarias, las cúpulas deciden por sí y ante sí quienes deben ir en los lugares de privilegio.

Prácticamente desaparecidas las elecciones internas en los partidos locales, algunas de las designaciones enervan. Si el control partidista es criticable, lo que ocurre en varios partidos a nivel local, caracterizados porque el control -y, por tanto, las designaciones- se ejerce para beneficiar a las familias de los dirigentes.

Tal ocurre, de manera destacada, en el Partido del Trabajo (PT), en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y en el Verde Ecologista (PVEM). Los otros partidos no escapan a tal clasificación, incluido el PRI, partido al que, cuando se critica lo anterior, se le excluye. La realidad es absolutamente distinta.

Así, el Partido del Trabajo (PT) postuló en el primer lugar a su dirigente estatal, Rubén Aguilar Jiménez, quien ha sido el único que ha ocupado tal cargo en ya casi 3 décadas. Como suplente lleva a su hijo, Rubén Aguilar Gil, quien ya ocupó el cargo titular entre 2004 y 2007.

Rubén Aguilar Jiménez ha sido en dos ocasiones diputado federal y a partir de octubre se convertirá, por tercera vez, en diputado local, cargo que han ocupado previamente sus hijos: Lilia, Rubén, Hanoi y América Aguilar Gil.

A su vez, el dirigente estatal del PAN, Mario Vázquez, pidió licencia para inscribirse como aspirante al lugar número de la lista plurinominal de su partido. Una comisión nacional del PAN lo designó en ese lugar, dejando de lado un aspecto central: Que al asumir esa posición, a querer y no, envió un mensaje al electorado de que, pase lo que pase, él ya estaría ocupando una posición de privilegio.

Igual ocurrió con el Movimiento Ciudadano al inscribir en ese lugar el dirigente Miguel Vallejo, y también en el PRD, en que la dirigente estatal, Crystal Tovar Aragón, solicitó licencia para asumir el número uno de los “pluris”.

La exageración es que su lugar en la dirigencia estatal fue ocupado por su madre, Guadalupe Aragón Castillo.

Y luego, cuando los medios de comunicación intentan poner a reflexionar a los candidatos y partidos sobre los modos en que deben estimular la participación electoral terminan acusando a los órganos electorales de no realizar, con eficiencia, tal tarea.

La explicación a las elevadas cifras de abstencionismo es compleja y multifactorial, pero, sin duda, uno de los principales es la falta de compromisos éticos de la clase política y la enorme voracidad con la que se conducen en la función pública.

Aquí están los ejemplos del porqué la ciudadanía los califica a todos con el mismo rasero. Ninguno de los candidatos ha propuesto una drástica disminución de los salarios de los funcionarios públicos, ninguno ha sido capaz de asumir un mínimo de solidaridad con el pueblo al que aspiran a gobernar

Hasta los de Morena caen.

En lugar de devolver los elevados salarios percibidos por sus diputados federales, en lo que sería el máximo gesto de congruencia con lo que diariamente critica el régimen de privilegios de la clase política; en lugar de desentenderse de tal podredumbre, la usa para beneficiar su imagen política, por medio de la aperurta de centros de educación superior; medida loable, indudablemente, pero que avala, con ello, que continúen los indignantes salarios de la clase política mexicana.

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