Chihuahua, Chih.

Luego de tres años y medio, la PGR está a punto de resolver no ejercer acción penal por los delitos federales de “operación con recursos de procedencia ilícita”, “delito bancario” y “defraudación fiscal”, presuntamente cometidos por el exgobernador, César Duarte Jáquez, y del ex Secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, denunciados por el abogado Jaime García Chávez, líder de Unión Ciudadana.

La denuncia de los hechos señalados por Jaime García fue sorprendentemente aceptada por Duarte en una entrevista televisada en la que lanzó la más famosa de sus frases durante su mandato: “A lo macho, no me fijé”.

Así, queriendo hacerse el gracioso frente a la reportera del equipo de Denisse Merker, de Televisa, Duarte aceptó que firmó una operación por 65 millones de pesos, ¡Sin saber de qué se trataba!

En ella, ordenaba que esa cantidad se transformara en acciones del Banco Unión Progreso en cuanto la unión de crédito, del mismo nombre, se transformara en banco.

Esa frase se ha convertido en el ícono de la corrupción cometida por infinidad de funcionarios. Hasta los más iletrados en materia financiera saben que los documentos que amparan una operación por 65 millones de pesos deben ser objeto de una minuciosa revisión, no sólo por el titular de los bienes y/o dinero que se movilizaría, sino, también, por un conjunto grande de abogados y asesores.

En la misma entrevista, sin empacho, señaló que él no había autorizado que Unión Progreso fuera una de las instituciones financieras en las que se manejaran recursos del gobierno de Chihuahua, lo que abría un flanco inesperado. Herrera sería, ante esa información, el único responsable de los depósitos efectuados por la administración estatal en esa unión de crédito.

Así, a casi cuatro años y cuando la petición de extradición de Duarte, soportada por la presunta comisión de otros delitos, asentada en las causas penales elaboradas por la Fiscalía General de Chihuahua, está en proceso, la PGR de Peña Nieto le extiende un cheque en blanco al más protegido de los ex gobernadores, señalados por haber cometido, presuntamente, corruptelas, y explica, de paso, -aunque aderezado por la invaluable ayuda del gobierno de Corral- el porqué de la tardanza en la presentación de la extradición del ballezano a los gobiernos extranjeros, presumiblemente al de Estados Unidos.

No está resuelto el caso.

Seguramente, como lo ha informado García Chávez, el procurador de la república dará por buena la postura de la agente del Ministerio Público, María Elena Velasco Ramírez, adscrita a la Unidad Especializada en Análisis Financiero, quien determinó que no debe ejercitarse la “acción penal” contra Cesar Duarte y Jaime Herrera Corral, en lo que se refiere a delitos federales relativos a operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos bancarios.

El activista ha señalado que esperarán la resolución de la PGR y que, seguramente, recurrirán al amparo, además de hacer un llamado a los chihuahuenses a fin de detener la ola de corrupción existente en el país, no sin señalar uno de los aspectos más dolorosos y más cuestionados en este proceso al bloque de fuerzas políticas, encabezadas por Javier Corral, que llegaron al gobierno.

Sin la denuncia presentada por García Chávez, muy probablemente Javier Corral no hubiese sido candidato al gobierno de Chihuahua. Luego de la denuncia, nació Unión Ciudadana. Para ello, varios de los que ahora forman parte del gobierno -Víctor Quintana, Lucha Castro, Martín Solís y otros no tan mencionados- impulsaron decididamente tal organización. Sin ella, tampoco formarían parte del gobierno del amanecer.

Todos ellos dejaron solo a Jaime García y a Unión Ciudadana en el seguimiento de la denuncia. Como la PGR, se quedaron callados durante el tiempo que llevan en el gobierno.

Ayer, sin aspavientos, Jaime le reclamó a Corral que “se olvidó del expediente” y lo acusó de “falta de generosidad política al no sumar esta denuncia a las levantadas por su gobierno”.

Sin levantar la voz, a pregunta expresa de un reportero, Jaime García acusó al gobierno de Corral de proteger a Jaime Herrera y emplazó al gobernante a mostrar, “como lo hacemos nosotros”, los documentos en los que se basan para ofrecerle a Herrera la figura jurídica coloquialmente conocida como “testigo protegido”.