Chihuahua, Chih.

*Publicado en El Universal, 9/12/22

Hay un poco menos de violencia letal, pero no compensa la persistencia de la inseguridad, la fallida apuesta por una solución militar y las tropelías contra la Constitución

Acaba un año muy complicado, cuarto de la actual administración. Fue un año con una carga enorme de violencia y tragedia, pero con algunas luces tenues en el horizonte.

Empecemos con lo bueno:
1. El número de homicidios disminuyó con respecto a 2021. No en gran medida, pero el movimiento es innegable. Aproximadamente, el total anual de víctimas de homicidio va a pasar de 35,700 a un rango entre 33,000 y 34,000 (en la cuenta de Inegi), una disminución de 5 a 8%. No está claro cuál es la causa de esta reducción es menos que seguro que esta trayectoria se mantenga y los niveles absolutos siguen siendo terribles, pero tener menos homicidios que el año anterior es una buena noticia de cualquier modo. 

2. La incidencia de diversos delitos patrimoniales (robo a transeúnte, robo de vehículo, robo a casa habitación, etc.) probablemente aumentó con respecto a 2020, pero se ha mantenido por debajo de los niveles previos a la pandemia. Esta relativa estabilidad se observa en encuestas de percepción y victimización (la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, ENSU, por ejemplo). Al parecer, los cambios que trajo la emergencia sanitaria en la vida económica y social del país (el crecimiento del trabajo remoto, el ascenso del comercio en línea, etc.) parecen haber sido más perdurables que lo imaginado hace un par de años, provocando (tal vez) un cambio estructural en la estructura de oportunidades para cometer delitos. Como sea, resulta positivo que algunos delitos hayan disminuido.

Ahora lo malo:

1. En paralelo a la contención del delito físico, el delito virtual probablemente creció a lo largo del año. No hay cifras aún para 2022, pero el número de fraudes (muchos de ellos cometidos en internet), medidos en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (Envipe), aumentó en 2021 por segundo año consecutivo. El fraude ya es el segundo delito más frecuente en el país, solo superado por el robo en la calle o el transporte público. Como parte del legado de la pandemia (crecimiento del trabajo a distancia y de las compras en línea, por ejemplo), un porcentaje considerable de la actividad delictiva se está mudando a internet. Y el país está en pañales para enfrentar ese reto.

2. El gobierno mantuvo la apuesta por la vía militar, a pesar de las señales crecientes de ineficacia. La Guardia Nacional tiene un tamaño supuesto de 128,000 elementos, a los cuales habría que sumar a casi 90,000 elementos de la Sedena y la Semar dedicados presuntamente a tareas de seguridad pública. Ese despliegue federal es tres a cuatro veces mayor que lo experimentado en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. A pesar de ello, las condiciones de seguridad para la mayoría de la población no son distintas a las experimentadas en los dos sexenios previos y, en algunos estados como Zacatecas o Sonora, el deterioro es notable.

Por último, lo feo:

1. El año 2022 va a quedar manchado por una grave violación del orden constitucional. El gobierno, usando su mayoría legislativa, decidió transferir el control administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena, a sabiendas de que ese acto contradice frontalmente lo establecido en la Constitución. Y se atrevió a hacerlo porque confía en la lentitud y falta de entereza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo peor es que tal vez se salgan con la suya.

En resumen, no fue un buen año. Hay un poco menos de violencia letal que hace un año, pero la caída no alcanza a compensar la persistencia de la inseguridad, la fallida apuesta por una solución militar y las tropelías cometidas contra la Constitución.

Espero que 2023 traiga mejores noticias, pero lo dudo.