Chihuahua, Chih
A lo largo de la historia la maternidad se ha conformado como un ideal normativo que ha pretendido hacer cuadrar el mandato del ejercicio de la sexualidad, la crianza y el cuidado, es decir, todo el trabajo no remunerado que es indispensable a todas las economías del mundo para funcionar, a una serie de restricciones que tienen severos señalamientos y castigos que van desde el peso del estigma y juicio moral que en la sociedad atraviesan las mujeres que no lo cumplen a ser señaladas como “malas madres” hasta la criminalización del aborto; ambos ejemplos, por fortuna severamente cuestionados y reorientados en su discusión apuntando un sistema nacional de cuidados que involucre a todas las personas y el Estado en la obligación de cuidar a quien lo requiere y acompañar toda decisión reproductiva como lo es parir y abortar.
Tradicionalmente, las que no se ajustan al estereotipo construido desde la maternidad sacralizada han padecido tradicionalmente las consecuencias: las que son madres muy jóvenes, las pobres, las que lo son sin un compañero de vida varón, las que son mayores, las que no son heterosexuales, las que tienen una neurodivergencia o diversidad funcional física o mental, las trabajadoras por no estar al 100% disponibles para cubrir las necesidades de las creaturas, en fin, en contraste con la aplastante realidad cada vez es más difícil cumplir con el ideal sin padecer alguna consecuencia.
Tan cercano el 10 de mayo día de las madres, bien podríamos estar discutiendo nuevos imaginarios para ejercer la maternidad; sin embargo, las desapariciones, feminicidios y la implacable violencia de género obligan a voltear todos los esfuerzos y empatía a las madres que buscan a sus hijas e hijos, justicia o salir de la situación de violencia que les pone en riesgo.
Esto nos ha permitido en la lucha por el avance y reconocimiento de derechos, también de reconocer las formas de violencia que siempre han estado ahí pero que no sabíamos definir, que no tenían nombre o que por ejercerse a manos de quien menos imaginábamos, no logramos dimensionar sus alcances y grado de vulnerabilidad a la que las mujeres e infancias que la padecen son expuestas, en todas sus implicaciones y gravedad.
Porque preguntémonos, sobre todo a propósito de la próxima fecha conmemorativa, desde la honestidad y un profundo ejercicio de conciencia, respondámonos:
¿Por qué el Estado es omiso e instrumenta lo necesario para privar a las mujeres que aman ser madres, que cuidan y protegen a sus hijos e hijas a quitárselos, prohibirles verlos y tener contacto con ellos?
Cabe aclarar que hablo de mujeres que DECIDEN y AMAN ser madres, que cuidan y protegen, independientemente de la forma en que lo hagan. No hablo de cumplir con ideales normativos impuestos, sino de la decisión de amar y formar familia desde el lazo que crea una responsabilidad desde el compromiso y el amor.
Por eso es urgente hablar de la VIOLENCIA VICARIA, este tipo de violencia donde los hombres en contubernio con las autoridades, específicamente con los operadores de la justicia (jueces y juezas), ejercen violencia institucional contra las madres desde el poder judicial prohibiéndoles tener contacto con sus hijas e hijos, separándoles de su lado con ordenamientos judiciales aprovechando su poder e influencia perpetuando la violencia familiar, sexual, física, patrimonial, económica y psicológica, todo, para que los agresores puedan seguir violentado a las mujeres en donde más les duele.
Los riesgos son enormes: no solo son sustraídos, colocados de golpe con personas ajenas con todas las implicaciones de impacto a la salud mental de las infancias que son arrancadas de su principal figura de cuidado y que son alienadas para en su frágil estabilidad emocional, hacerles creer que sus madres son las principales causantes del abandono y que no les quieren más, creando profundas huellas de abandono que se arrastran a lo largo de la vida con terribles consecuencias.
La expresión más extrema de esta forma de violencia es el infanticidio por parte de los padres perpetradores y suele darse cuando no tienen el suficiente poder económico para manipular a la autoridad comprando jueces.
Las afectaciones van mucho más allá; la credibilidad en las instituciones se ve severamente comprometida. Cuando las madres acuden a los juzgados familiares y estos no tienen al interés superior de las y los menores como principio rector y prioridad al momento de gestionar la violencia familiar, sobre todo cuando llega al divorcio, las mujeres quedan en total desamparo.
Si es el mismo poder judicial quién les violenta y expone a sus hijas e hijos a terribles peligros, ¿a dónde acuden? ¿quién las escucha? Cabe destacar que los agresores que ejercen este tipo de violencia en su mayoría son agresores sexuales, con ello se explica el despliegue de poder y recursos económicos para seguir encubriéndose.
Por fortuna, las madres afectadas se están encontrando, compartiendo sus experiencias, organizándose.
Ojalá las autoridades voltearan a ver a los jueces perfectamente ubicados con nombre y apellido y con ello, comiencen a resolver el desorden y corrupción en el poder judicial específicamente en los juzgados familiares, exponencialmente heredada de la administración de Javier Corral porque la verdad sea dicha, si la violencia vicaria en Chihuahua no se atiende es porque implica escarbar en la elección de los jueces que hoy venden sus decisiones a agresores, muchos de agresores sexuales y potenciales feminicidas, en detrimento de mujeres madres, sus hijas e hijos.
@marielousalomé
