Chihuahua, Chih.
Cuando hablamos de despenalización de la interrupción del embarazo, hablamos de interrumpir el proyecto de vida que implica la maternidad posponiéndolo para luego o para su no ejercicio, de acuerdo a la conciencia de cada mujer que enfrenta la decisión de ser madre en un determinado momento de su vida. También, de marcos jurídicos porque la alusión a “legal” es eso, un conjunto de normas y reglas que a través del reconocimiento del estado se preven y proveen las condiciones para eliminar o mejorar una práctica y de modo alterno, generar las condiciones para la reivindicación de los derechos humanos en el ejercicio de las libertades que nos son inherentes como personas.
Para el 2012 el Instituto Guttmacher realizó la más ambiciosa investigación para documentar los efectos de las leyes restrictivas en los países y su impacto en las tasas de aborto tomando en cuenta las condiciones del entorno socioeconómico, político y cultural de cada realidad; en nuestro país, la regionalización corrió a cargo del Colegio de México y el estudio sigue ampliándose y siendo un referente de cómo se mueve la muestra de acuerdo a las modificaciones legales y su entrada en vigor en las naciones y el impacto en la mejora de la calidad de vida de las mujeres globalmente.
Una conclusión lógica del estudio aplicable de modo general en todo el mundo es que si los gobiernos tienen el legítimo interés en reducir las tasas de aborto para las mujeres en edad reproductiva no deberían prohibirlo (cabe la especificación porque en algunos códigos penales, como el de Chihuahua, el delito de aborto también es aplicable a los hombres en su modalidad de inducción y generalmente se aplica en casos de violencia doméstica).
Desde el estudio se lanza una alerta sobre el notable descenso en la tasa mundial de aborto que se produjo entre 1995 y 2003, que se detuvo al tiempo que han aumentado los que se realizan en condiciones de clandestinidad. Eso se debe a que no se han producido avances en la presencia y utilización de métodos anticonceptivos, en gran parte, por la reducción de los presupuestos que se operan con este fin.
En México, las reducciones se han venido ejerciendo desde el sexenio de Vicente Fox y se agravó con el de Felipe Calderón provocando un menor acceso a métodos anticonceptivos y capacitación a profesionales de la salud que se encuentran en las unidades de primer contacto y tienen como responsabilidad las unidades de información y prevención.
Gilda Sedgh, autora del estudio de Guttmacher, afirma y suscribo: “las leyes restrictivas no están asociadas con tasas más bajas de abortos”.
Sin embargo, en donde sí tienen un impacto directo es en el número de intervenciones que implican un riesgo de salud y muerte para las mujeres, puesto que su proporción no ha dejado de aumentar en los últimos años y representan el 43% de las que se practican a nivel mundial, el 98% en países pobres, mientras que en América del Norte (EUA y Canadá) y Europa son casi inexistentes.
Dichas intervenciones en países donde el aborto está permitido son seguras y peligrosas donde las leyes son restrictivas. En donde se aprueban leyes progresistas, los abortos dejan de ser un riesgo.
Un ejemplo contundente es Sudáfrica, que a partir de la aprobación de la “Ley de Libre Elección respecto a la Interrupción del Embarazo” en 1997, en la que se permite abortar sin ninguna restricción durante las primeras doce semanas de gestación, ha logrado -según Ipas- reducir en un 91% la mortalidad materna y en un 50% la tasa de lesiones relacionadas a esos procedimientos.
Otra cuestión a resaltar en el marco sociológico del estudio, es que el sector más vulnerable a la desinformación son las mujeres más jóvenes, ya que en ellas impacta de mayor manera el desconcierto de las campañas de miedo que los grupos conservadores promueven haciéndolas retrasar su decisión llevándolas a la clandestinidad en momentos tardíos para el procedimiento poniéndolas en grave riesgo.
Otro ejemplo de éxito en materia de política pública en salud sexual y reproductiva lo ostenta Holanda donde la interrupción puede realizarse sin restricción hasta las 24 semanas y cuentan con la tasa de aborto más baja de toda Europa.
Según GIRE, en la CDMX en 10 años se realizaron 125,276 (71%) legales, en EDOMEX 44,696 (25.3), lo que suman un total de 176,355 casos, de ellas, el 53.3% son mujeres solteras y el 28.1% se encuentran en unión libre.
En materia de salud y política pública se ha demostrado que despenalizar la interrupción del embarazo tiene efectos positivos sobre el ejercicio de los derechos.
Una sociedad más democrática tiende a ser más libre en tanto los gobiernos se adecúan a las necesidades expuestas por los sectores que requieren se les garantice el acceso a lo más básico como la salud, la educación y así, prevalecer en la búsqueda de la igualdad de oportunidades.
Chihuahua como el resto del país necesita procurar mejorar las condiciones de vida de las que son la mitad de la ciudadanía y que también tienen derechos.
De eso va la despenalización de la interrupción del embarazo, de tener ciudadanas libres que en el ejercicio de su conciencia y de manera informada, puedan decidir por ellas mismas lo que es mejor para su vida fuera del control de personas ajenas y del Estado.
Nadie debe tener opinión en el cuerpo ajeno.
Por eso #SeráLey
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@MarieLouSalomé