Chihuahua, Chih.

Los principios del laicismo están inscritos en los artículos 40 y 130 de la constitución mexicana. Aunque también hay indicios del laicismo en el artículo 3º constitucional. El artículo 40 establece que: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica…” Pero este artículo no define con precisión en qué consiste el “laicismo”. La definición del “laicismo” está fundamentalmente en el artículo 130:

“En los términos de la ley reglamentaria, los ministros de culto no podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados… Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios…”

El alegato del abogado Rodolfo Leyva, quien interpuso un amparo en contra del nombramiento de Javier “El Pato” Ávila como integrante del Consejo General de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, demuestra con claridad que este nombramiento es ilegal. El artículo 130 de la constitución señala que los sacerdotes “no podrán desempeñar cargos públicos”. El Consejo General al que pertenece “El Pato” Ávila,  “tiene la representación legal” y es el “órgano ejecutivo” de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, que a su vez es un “órgano desconcentrado de la Fiscalía General del Estado…” (artículos 13 y 16 de la Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua).

Este mismo alegato es sostenido en el artículo publicado por Gerardo Cortinas en días recientes (“Hacerse pato”, El Diario de Chihuahua, 21 de julio de 2017). Siendo sacerdote, registrado como tal ante la secretaría de gobernación y conocido esto de manera pública, Javier Ávila no puede desempeñarse como consejero de la comisión que atiende a las víctimas del delito en Chihuahua, dado que este es un “cargo público” conferido a través de un nombramiento por parte del congreso del estado.

Tanto Rodolfo Leyva como Gerardo Cortinas aplican “las reglas de la lógica formal” que se usan comúnmente en el derecho para interpretar un caso específico y aplicar la ley.  Es obvio que el  nombramiento del “Pato” Ávila como consejero incumple con el ordenamiento del artículo 130 de la constitución.

Pero más allá de la lógica formal que se usa en el derecho, la materia del debate se localiza en el componente del laicismo como doctrina jurídico-política y como ideología. ¿El laicismo en México es una doctrina jurídico-política o es una ideología? Como doctrina jurídico-política, el laicismo está contenido en la constitución, pero a su vez, el laicismo se comporta como una ideología en las formas de vida de los mexicanos.

En el artículo 130 de la constitución se plantean cuatro cláusulas que resultan claves para el laicismo como doctrina jurídico-política y como ideología. En estas cláusulas se establecen prohibiciones para los sacerdotes:

-  “no podrán desempeñar cargos públicos”,

- “tendrán derecho a votar, pero no a ser votados”,

-  “no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna”,

- no “podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios.”

El problema de  fondo con el laicismo que está presente en estas cuatro cláusulas radica en la borrosa configuración que delimita la esfera gubernamental y la esfera política.

A los sacerdotes le está prohibida de manera estricta la participación en la esfera gubernamental, pero hay una serie de condiciones permisivas que han posibilitado su participación en la esfera política.

La esfera gubernamental tiene que ver con las posiciones desde las cuales se ejerce el gobierno en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Quienes pertenecen a la esfera gubernamental desempeñan un “cargo público” que puede ser asumido a través de una votación electoral (el presidente de la república, gobernadores, presidentes municipales, legisladores, etc.), mediante un nombramiento (integrantes de los gabinetes en los distintos niveles de gobierno, consejeros, jueces, magistrados, etc.) o una contratación (burócratas, maestros, etc.).  La esfera gubernamental es un terreno que está vedado a la participación de los sacerdotes. Es a partir de esta esfera, que toman forma los alegatos jurídicos de Rodolfo Leyva y Gerardo Cortinas.

Por otro lado, el concepto de “campo político” de Dussel permite clarificar en qué consiste la esfera de lo político: “Todo campo político es un ámbito atravesado por fuerzas, por sujetos singulares con voluntad, y con cierto poder. Esas voluntades se estructuran en universos específicos. No son un simple agregado de individuos, sino de sujetos intersubjetivos, relacionados ya desde siempre en estructuras de poder o instituciones de mayor o menor permanencia. Cada sujeto, como actor es un agente que se define en relación a otros.” (“20 tesis de política”, 2006).

En las últimas décadas en México, el activismo que han desarrollado los sacerdotes Samuel Ruíz, José Raúl Vera, Alejandro Solalinde, Camilo Daniel Pérez y Javier “El Pato” Ávila, forman parte de la esfera política.

Hay una tolerancia explícita por parte de la sociedad, la clase política y los integrantes de la esfera gubernamental, que ha permitido la participación de los sacerdotes en la esfera política. La participación de los sacerdotes en esta esfera ha tenido diferentes formas e intensidades que ameritan ser analizadas a profundidad. Esta participación se ha dado de facto, a partir de las inconsistencias y vacíos que se generan desde las leyes y desde la misma acción de la esfera gubernamental.

La esfera gubernamental tiene como propósito dominar a la totalidad política y social, busca que cada hombre, cada territorio y cada forma de vida, puedan ser ordenados por un gobierno. Los problemas de gobernabilidad que se han presentado en México, tienen que ver con la imposibilidad de que los actores de la esfera gubernamental ordenen a la totalidad política y social. Existen hombres, territorios y formas de vida que resultan advenedizos al control de la esfera gubernamental. En México, los integrantes de la esfera gubernamental y de la clase política han propiciado los problemas de gobernabilidad. Los síntomas  más contundentes de los problemas de gobernabilidad son el crimen organizado, el abstencionismo y la escasa o nula creencia de los ciudadanos en las instituciones que forman parte de la esfera gubernamental.

El activismo religioso y político que Javier “El Pato” Ávila ha desarrollado en la sierra de Chihuahua se deriva de dos causas que se entrecruzan: el dominio y las afectaciones generadas por el crimen organizado en esta región del estado, y las ausencias, inconsistencias y errores de la esfera gubernamental.

El sacerdote jesuita ha ocupado los espacios vacíos generados por la escasa o nula presencia de la esfera gubernamental en la sierra de Chihuahua. El 16 de agosto del 2008, minutos después de la matanza de 12 personas y un bebé en Creel, al “Pato” Ávila le fueron encargadas por vía telefónica las tareas que cumplen los ministerios públicos en la escena del crimen.

Las autoridades llegaron cuatro horas después de la masacre que aún permanece en la impunidad. Posterior a la tragedia, el activismo del sacerdote jesuita en la denuncia, la asesoría, la gestión, y el apoyo a las víctimas de estos hechos y de otros más, ha venido a llenar los vacíos de la acción gubernamental. En este caso –y en otros más- queda demostrado cómo es que la acción de la esfera gubernamental es suplida de manera remedial por la esfera política.

Nadie se inconformó o protestó en aquél momento por las acciones emprendidas por Javier “El Pato” Ávila. En ese momento su participación en la esfera política fue considerada un acto de entrega a las causas sociales y un acto de heroicidad.

Muy pocos ciudadanos han participado en el activismo para defender a la sociedad de las atrocidades cometidas por el crimen organizado y los vacíos que ha dejado la escasa o nula presencia de la esfera gubernamental.

El amparo que Rodolfo Leyva interpuso en contra de la participación de “El Pato” Ávila en el consejo que atiende a las víctimas en el estado de Chihuahua y las discusiones que se han generado en torno a ello,  dibujan las inconsistencias y las hipocresías del laicismo como doctrina jurídico-política y como ideología. ¿Por qué razones al “Pato” Ávila y a otros sacerdotes se les ha permitido e incluso reconocido su participación en la esfera política, mientras se sataniza su participación en la esfera gubernamental? ¿Por qué razones se guardó silencio cuando en años pasados la participación del “Pato” Ávila en la sierra de Chihuahua, se desplazó de la esfera política hacia la esfera gubernamental, supliendo las fallas de esta segunda en la actual crisis de gobernabilidad?

Desde luego que hay una serie de vacíos en el concepto de laicidad que están presentes en la constitución. Todo lo que no está dicho en la constitución sobre la participación de los sacerdotes en la esfera política, estaría permitido.

El laicismo es estricto en cuanto a la participación de los sacerdotes en la esfera gubernamental, pero es permisivo en cuanto a la participación en la esfera de lo político.

La permisividad para que los sacerdotes actúen en la esfera política se ha dado de facto. Es una permisividad condescendiente, que quizá algunas veces resulta incómoda por su condición incisiva o por su presencia que no ceja. Es una permisividad que en los hechos nos deja ver una serie inconsistencias e hipocresías en las prácticas del laicismo como doctrina político-jurídica y como ideología.