La traición a los chihuahuenses

Foto: La Parada Digital

query_builder 23 de diciembre de 2018
Chihuahua, Chih.

La aprobación de la reestructuración del total de la deuda del gobierno de Chihuahua, realizada por la mayoría calificada del Congreso del Estado, mediante el voto de las dos terceras partes de los diputados, es una traición al pueblo de Chihuahua.

Y no solo de los diputados del PAN, PT, PVEM, PRI y PES que aprobaron la reestructuración, sino, también, del gobernador Javier Corral.

Es una traición al electorado que votó por Javier Corral y por los candidatos del PAN en 2016.

Y es una traición de los diputados del Partido del Trabajo, Rubén Aguilar y Amelia Deyanira Ozaeta; de los diputados del Partido Encuentro Social, Misael Máynez, Martha Josefina Lemus Gurrola y Obed Lara, éstos, porque teóricamente forman parte de la coalición conformada para impulsar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, a cuya simpatía electoral deben sus cargos.

Por su parte, no sorprenden los votos de los diputados del blanquiazul, no hubo fisura alguna, no obstante la honda división existente entre ellos, a propósito del relevo gubernamental en 2021.

Tampoco sorprendieron los dos diputados del Movimiento Ciudadano, y los diputados únicos del PVEM y PANAL. Estos son aplaudidores del gobernador del estado, independientemente del origen partidista de éste, son gobiernistas por naturaleza.

Con esta votación, y la emitida en la ley de ingresos del gobierno estatal, en la que, también, votaron a favor los 22 diputados aprobadores de la reestructuración, se pintó diáfana la explicación del porqué los diputados priístas Beatriz Chávez y Jesús Velázquez se deslindaron del grupo parlamentario del PRI, aduciendo las prácticas antidemocráticas del líder estatal, Omar Bazán, en las que, por las evidencias argüidas por numerosos priistas, no les falta razón.

Tenían prisa por ungirse al carromato gubernamental del gobierno del amanecer, casi del mismo modo que el nuevo coordinador del grupo parlamentario del PES, Misael Máynez, a quien ¡horror al crimen! el diputado morenista, Gustavo de la Rosa Hickerson, acusa de recibir una camioneta de lujo “por favores recibidos” -y/o entregados-:

“El miércoles en la mañana amaneció en su casa una camioneta Denali blanca, blanca hermosa, él no tenía suficiente dinero para comprarla, y el jueves votó a favor de la ley de ingresos también, no sé si la camioneta llegó por el poder de la administración del Congreso, o si llegó de algún amigo o de un lugar, lo cierto es que él no estaba comprando ninguna camioneta antes de la votación”. (Nota de Bernardo Islas, El Diario de Chihuahua, 21 de diciembre de 2018)

Máynez no se fue sólo en esa votación, lo acompañaron los diputados de su partido, Martha Josefina Lemus Gurrola y Obed Lara, con la excepción de la recién destituida, como coordinadora, Marisela Sáenz, la que fue demoledora en sus opiniones: “… con las cosas que están saliendo realmente confirma qué habemos algunos diputados que representamos al pueblo y otros que lo avergüenzan”.

Lo nuevo en este caso es la denuncia de De la Rosa Hickerson y la errática conducta política de Máynez, quien había manifestado previamente su oposición a la reestructuración para, luego, hacer un deshilachado discurso acerca de la “responsabilidad” con la que asumiría la aprobación a la petición del gobernador Corral.

Hoy forma parte de la picaresca nacional y su flamante camioneta -porque hasta el momento de redactar este artículo no se había deslindado de la contundente denuncia del “Pichú” De la Rosa- se ha convertido en un agravio más para los chihuahuenses.

No es el único legislador local que estrenará vehículo patrocinado por las finanzas públicas, en este caso del Congreso del Estado. También el diputado Obed Lara Chávez de Encuentro Social, Rocío Sarmiento Rufino y Lorenzo Arturo Parga de Movimiento Ciudadano, Bety Chávez del PRI, el “independiente” Jesús Velázquez, así como Alejandro Gloria del Partido Verde y René Frías del PANAL

Casualmente, todos votaron en favor de la reestructuración y de la ley de ingresos impulsadas por el PAN.

¿Por qué razón Javier Corral envió la propuesta de reestructuración de la deuda al Congreso si la ley establece que no está obligado a hacerlo?

Es lo que no han declarado:

Porque el ordenamiento legal -la Ley de Disciplina Financiera de los estados y municipios- dice que en caso de que se eleven el monto del endeudamiento, o de la tasa de interés, o se alargue el período del pago de la deuda, deberá recabarse la aprobación del Poder Legislativo, por votación de mayoría calificada -dos terceras partes de los diputados presentes- y efectivamente eso va a suceder, con toda seguridad se elevará la tasa de interés y ya le aprobaron alargar el plazo de la deuda.

No hay otra explicación ¿Quién pretende, racionalmente, renegociar su deuda a tasas más bajas justamente en la época en la que éstas han sufrido -y sufrirán- un sensible crecimiento?

Pues claro que se elevarán las tasas a renegociar, ¡ah pero a partir de las dos próximas administraciones, en la nuestra -o las nuestras-, no!

¡Bonita cosa!

Y eso no lo publicitan, no hacen alharaca alguna, pero no lo pueden ocultar, hasta en el comunicado oficial del Gobierno de Chihuahua, del jueves pasado, lo revelan, sin querer, al sostener que “con la reestructura (sic) recién aprobada, el Gobierno del Estado estará en posibilidades de alcanzar ahorros en el gasto asignado a pago de intereses, lo cual beneficiará tanto a la actual, como a las próximas dos administraciones”.

Sí, ya lo adivinaron, se trata de la versión “amanecida” del hágase la voluntad del señor…

Están pretendiendo que el sucesor de Javier Corral (y piensa que puede ser de su partido), y acaso el siguiente deban pagar cantidades menores por el servicio de la deuda ¡Eso es hacer política de amplísimos alcances prospectivos!

Que mis sucesores tengan algo de dinero para, como lo dice el mismo comunicado, acceder a recursos “que puedan destinarse a inversión en infraestructura” pues la crítica a su gobierno crece con los días, por variadas razones pero una fundamental, la falta de obras.

De este modo pretende Javier Corral subsanar tal déficit, en lugar de afrontar una verdadera lucha administrativa -y política- en contra del derroche gubernamental existente en su gobierno, que no alcanza, ni de lejos, el de César Duarte, pero que no deja de ser insultante y oneroso en grado extremo.

No debemos ir muy lejos por las pruebas, el hecho de que haya diputados a los que se les asignan vehículos oficiales -y en este sentido deberá deslindarse el coordinador de los diputados de Morena, Miguel Colunga, a quien señalan constantemente de disfrutar de un vehículo recientemente adquirido y, peor aún, a una empresa propiedad de uno de los principales impulsores de Morena en Chihuahua, Pablo Leos, quien tampoco se ha deslindado de tal señalamiento- existentes previamente, o peor, recién adquiridos, va en sentido estrictamente contrario a lo que hoy exige una ciudadanía cada vez más consciente de su papel y, por lo tanto, más exigente de la necesaria austeridad en el gobierno.

Ahora bien ¿Cómo puede explicar el gobierno de Corral la pretensión de nuevamente negociar la reestructuración de la deuda directa si unos cuantos meses atrás lo hizo por un monto de 20 mil millones de pesos (mmdp) y ahora los incluye nuevamente?

La única explicación viable es que esa renegociación fue un fracaso y ahora, unos cuantos meses después, con las tasas de interés a la alza, pretende obtener unas más bajas.

Eso sólo se puede obtener si se alarga el plazo de plago -para que los acreedores eleven sus utilidades-, con lo cual la deuda crecerá de manera sensible y que la baja de intereses sólo se haga en el curso de los próximos años.

Inaceptable.

Por otro lado, por ninguna parte aparecen las explicaciones del monto que se pretende ahorrar, ni del destino de esos ahorros, ni, tampoco, de las negociaciones con los representantes de los tenedores de los bonos carreteros, cuya reestructuración, si se da, tropezará con incontables obstáculos, a menos que el gobierno del amanecer les ofrezca pingües ganancias.

Otras cosas eran las que ofrecía el entonces candidato panista al gobierno del Estado Grande: “Corral tiene como principal reto ‘rescatar’ el estado de la deuda por 43 mil millones de pesos, además presentará una iniciativa para elaborar una nueva constitución. Con César Duarte la deuda creció un 240 por ciento, lástima que no está Serrano (el candidato del PRI) porque es cómplice, pues como diputado apoyó esa deuda’, la cual –aseguró- se combatirá con austeridad”. (El Heraldo de Chihuahua, 22 de abril de 2016).

O cuando sostenía que tenía “como principal reto ‘rescatar’ el estado de la deuda por 43 mil millones de pesos”. (Nota de Norma Ponce, Milenio Diario, 18 de mayo de 2016).

¡Cuán lejos quedaron las propuestas de campaña! Como la de efectuar una auditoría “a fondo, con despachos especializados para determinar a dónde fueron a dar los recursos que obtuvo el Gobierno de César Duarte de las autorizaciones de crédito que le otorgó el Congreso del Estado”. (Nota de El Norte de Ciudad Juárez, 17 de abril de 2016).

¡Ah, es que eran los tiempos de “las promesas del corazón, no de la razón”!

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