Chihuahua, Chih.
La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación llegó por la vía de las urnas, en un proceso electoral inédito, poco concurrido y profundamente cuestionado. Sus nueve integrantes son afines a Morena, consensados en las más altas esferas del poder y puestos por las estructuras electorales del oficialismo. No hay nada, por ahora, que les otorgue algún tipo de legitimidad propia, distinta de su afinidad política. Esa es, precisamente, la primera encrucijada que enfrenta el nuevo máximo tribunal del país.
El poder de la Corte no reside en su capacidad para imponerse por la fuerza, sino en su autoridad moral e institucional. Para que ésta exista, el primer requisito, el más básico, el más elemental es que la Corte sea percibida como un árbitro imparcial, sin sesgos partidistas y con suficiente distancia respecto de los detentadores del poder. Pero ¿cómo lograrlo cuando su origen está tan extremada y homogéneamente vinculado a Morena?
La Corte tendrá dos caminos: puede asumir que su papel es ser una simple acompañante del gobierno y hacer a un lado su legitimidad. Con esa ruta, muy pronto terminará siendo irrelevante. También puede tratar de construir, caso por caso, su autoridad moral. Esta última opción no es sencilla pero no imposible. Requiere determinación, consensos internos y una voluntad de al menos la mayoría de sus integrantes que no sabemos si va a existir.
En este contexto político, lo más probable es que los casos que le importen al gobierno -reformas electorales, asuntos de seguridad pública, Fuerzas Armadas, relación bilateral con Estados Unidos, políticas energéticas, créditos fiscales- no se resuelvan nunca en su contra. Todo está puesto y diseñado para que así suceda. Esa fue la razón central de la reforma judicial y me atrevo a decir que ello es una característica propia de un régimen de partido hegemónico. Por lo menos, así funcionó el nuestro por muchas décadas: en el periodo autoritario del siglo pasado, la Corte, en los casos políticamente relevantes, nunca se confrontaba con los detentadores del poder. A priori todos sabíamos el sentido de sus sentencias en este tipo de asuntos.
Sin embargo, los casos "relevantes" son muy pocos con relación a la totalidad de asuntos que le llegan a un tribunal. La inmensa mayoría de los asuntos no le interesan al gobierno. Muchos de ellos tienen que ver con la vida cotidiana de las personas y las empresas y abarcan un amplio abanico de temas, desde derechos laborales, de debido proceso, ambientales o de salud, hasta temas de telecomunicaciones, competencia económica, ejecución de contratos y pleitos entre empresas. Es en esta arena donde se jugará la relevancia de la nueva Suprema Corte.
Cuando las nuevas ministras y ministros lleguen a sus ponencias, se encontrarán con cientos de expedientes que fueron promovidos para una Corte distinta. Las y los litigantes que elaboraron las demandas de amparo lo hicieron con base en la jurisprudencia y los precedentes que habían sentado sus antecesores. Todos esos casos plantean estrategias argumentativas, selección de normas aplicables y priorización de precedentes y jurisprudencia en función del marco conceptual que se desarrolló en México en los últimos 25 años. ¿Cómo van a resolver esos asuntos los nuevos integrantes de la Corte? ¿Con qué argumentos? ¿Qué tanto se vincularán a los precedentes, las formas de razonar y los estándares interpretativos que se han construido en México desde hace un cuarto de siglo?
Para quienes no son abogados, esto podría parecer un detalle técnico menor. Pero no lo es. La improvisación, la falta de técnica jurídica y una ruptura abrupta con el pasado judicial son el peor daño que la nueva Corte podría infligir al país.
Si la predictibilidad jurídica se rompe de tajo, la arbitrariedad y el conflicto se multiplicarán de forma acelerada, lo que pone en riesgo la gobernabilidad y la actividad económica del país. Realmente espero que, por el bien de todos, la nueva Suprema Corte sepa que su tarea principal es frenar abusos, no reproducirlos.
*Publicado por Reforma el 28 de junio de 2025