La indagatoria penal en contra del exgobernador César Duarte y sus cómplices está viciada de origen. La manifiesta parcialidad exhibida, públicamente, la semana anterior por el fiscal general, habrá de anular todo el proceso penal que ha promovido el activista Jaime García Chávez. Motivo más que suficiente para que un juez de Distrito hubiese otorgado la suspensión provisional a favor de Jaime Herrera en contra de actos de la Fiscalía General del Estado (Fiscalía).

García Chávez convocó vía internet, como es su costumbre, a la ciudadanía chihuahuense para exigir (en el segundo aniversario de ‘Unión Ciudadana’) a la Fiscalía para que “actúe contra la corrupción, presentando los resultados de la denuncia penal interpuesta en septiembre de 2014 y, en su defecto, que dé el más ágil trámite a la que se presenta el día de hoy 28 de noviembre de 2016, para lograr el enjuiciamiento de los corruptos…”



Recordemos que la denuncia penal ante la PGR fue por la supuesta comisión de hechos que tipificaban los delitos de enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, uso indebido de atribuciones y facultades y peculado y los demás que resultaran de la investigación. En esta ocasión, en lo que se ha llamado la ratificación (corregida y aumentada) de la denuncia penal presentada ante la PGR, García Chávez solicita que “sin mayor dilación el Gobierno del Estado de Chihuahua inicie el combate jurídico y político contra la corrupción del cacicazgo duartista”.



El activista social reiteró que “el presidente Peña Nieto le ha brindado toda la complicidad a César Duarte… los tres procuradores que ha habido desde entonces (Jesús Murillo Karam, Arely Gómez y Raúl Cervantes) actuaron con impunidad”. Este último, considerado como el ‘abogado del PRI’.



En términos parecidos, la reconocida analista política, Dennise Dresser, sostiene que el periódico ‘The Economist’, haciendo eco a numerosas organizaciones de la sociedad civil, “le recomienda a Peña Nieto que rescate su reputación, mediante una decisión necesaria: Remover a Raúl Cervantes, el #Fiscal Carnal, para que alguien verdaderamente independiente pueda conducir la Fiscalía General…La única solución para salvar a la Fiscalía General es que Cervantes renuncie”.



Ahora bien, si bien es cierto que la indagatoria penal presentada por García Chávez ante la PGR ha sido ‘congelada’ por cuestión de conveniencia política para tejer una capa de impunidad a favor del exgobernador César Duarte; también lo es que la actitud del fiscal César Peniche denota un claro afán político para perjudicar a los presuntos responsables.



En efecto, mientras miles de denuncias penales -presentadas por ciudadanos víctimas de la delincuencia- prescriben por inactividad ministerial, el fiscal Peniche muy afanosamente atendió, personalmente, a la comitiva de ‘Unión Ciudadana’ en la calle, afuera del edificio de la Fiscalía.



Y no solo eso, además se comprometió, teniendo como testigos a los medios de comunicación, que se haría “el análisis correspondiente de la denuncia y que las conductas que sean de la competencia del fuero común se les daría el trámite correspondiente, mientras que las de competencia federal serán desglosadas para presentarlas ante las autoridades del Gobierno Federal”. Yo me pregunto: ¿Cuál es el plan? ¿Por qué denunciar lo mismos hechos antes dos instancias ministeriales con competencia diferenciada?



Por ello, debe señalarse la reiterada petición, tanto de Javier Corral como de García Chávez, para que sea la PGR la instancia que gire la ‘orden de aprehensión’ en contra de César Duarte; sin embargo, nadie aclara que con la demanda penal ‘corregida y aumentada’, el juez penal dictará tan solo un ‘auto de vinculación’, sin que ello amerite meter a la cárcel al exgobernador.



Lo cual, a mi parecer, resulta ser una estrategia mediática que tan solo genera falsas expectativas a la ciudadanía chihuahuense, ya que la ‘orden de aprehensión’ no existe en el NSJP.