Chihuahua, Chih.

No sólo es imposible negar la violencia existente en amplias zonas de la sierra Tarahumara, sino, también, uno de los principales remanentes, uno de los más dolorosos de esa violencia, el desplazamiento forzado de miles de chihuahuenses, que deben abandonar sus lugares de origen y/o residencia a causa de ella.

De la magnitud de la violencia en la Tarahumara habla la cifra dada a conocer durante el Foro Diálogos de Resistencia, en el que el incremento entre el año 2021 y el 2025 fue del 233%, al pasar de mil 500 a casi cinco mil víctimas de esta consecuencia de las bandas criminales.

Los desplazados se trasladan a ciudades como Parral, Chihuahua, y Delicias, en las que viven en condiciones más que desfavorables a las que les llega muy raquítico el apoyo oficial gubernamental, de cualquiera de los niveles. (Nota Jesús Estrada, corresponsal, La Jornada, 05 de octubre de 2026).

Es sabido el enorme impacto que ese desplazamiento causa en los grupos poblacionales, la mayoría integrada integrados por poblaciones indígenas, «para quienes la pérdida del territorio implica la ruptura de sus prácticas culturales, sistemas de subsistencia y organización comunitaria», y qué, a su vez, un número mayoritario de estos desplazados, permanentemente, desean volver a sus lugares de origen, pues, además de haber salido de ellos, en los lugares en los que ahora residen, no existen las condiciones adecuadas para permanecer ahí y muchos de ellos optan por ir a vivir en algún lugar cercano a su lugares de origen.

Y entre los que deciden regresar, las consecuencias son funestas.

«En Guadalupe y Calvo han ocurrido desde 2021 desplazamientos intermitentes de comunidades como Los Alisos, Santa Tulita, Coloradas de la Virgen, Llano Grande, Cinco Llagas y otras. Muchos han terminado viviendo en Baborigame, municipio de Guadalupe y Calvo». (Ibídem).

Las causas de ese desplazamiento no son difíciles de desentrañar:  amenazas, asesinatos, desapariciones, violencia sexual y reclutamiento forzado en comunidades de la Sierra Tarahumara.

De acuerdo con los informes elaborados por La Misión Civil de Observación, Chihuahua, junto con Michoacán y Sinaloa, son las entidades que registran el mayor número de desplazamientos y en nuestra entidad, alrededor de mil 335 salieron del municipio de Guadalupe y Calvo.

El agravante es que ahora los grupos criminales buscan controlar no sólo las actividades relacionadas con el narcotráfico, sino también con los recursos naturales, las economías locales, entre ellas en agua, los minerales y la madera.

Además de que el reclutamiento forzado constituye otro de los mecanismos utilizados para controlar a las comunidades y que un buen número de las mujeres de esos grupos poblacionales han pasado por algún episodio de agresión o violencia sexual, independientemente de que sea contra niñas, adolescentes y mujeres mayores.

De una revisada rápida de lo ocurrido en los últimos años, las observaciones realizadas de manera independiente y los reportes oficiales, puede concluirse que se trata de un fenómeno conocido por las autoridades, especialmente las municipales y las estatales en Chihuahua, pero no desconocido para las federales.

Tan solo entre 2023 y septiembre del 2025 se habían recibido en Chihuahua 83 denuncias por desplazamiento forzado, de las cuales 39  correspondían a Guadalupe y Calvo, 18 a Uruachi y ocho a Moris.

Son numerosas las carencias en la respuesta institucional, la que sigue siendo fragmentada, asistencial, además de la falta de un registro público que permita conocer con precisión el fenómeno y, por consiguiente, enfrentarlo con atingencia.

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