Chihuahua, Chih.

La pandemia del Covid-19 generó una inesperada y sorpresiva crisis familiar que ha obligado a sus miembros a una “adaptación a las nuevas reglas de convivencia social” (confinamiento familiar, restricción del contacto social, suspensión del sistema educativo, la pérdida de la actividad laboral, entre otros).

Connotados sociólogos afirman que “el afrontamiento de las crisis inesperadas conlleva un estado inicial de shock o de negación, en algunas personas; o bien, que surjan pensamientos y acciones de rechazo o de resistencia”.

“Una vez superadas la negación y la resistencia, surge la oportunidad para el cambio, a través de la negociación o gestión de la crisis familiar. Esta etapa, requiere la puesta en práctica de ideas y comportamientos positivos de gestión, los cuales de manera natural conducen a la adaptación del sistema familiar a la crisis”.

Así, la convivencia familiar se ha convertido en el reto cotidiano para afrontar y aceptar la ‘nueva normalidad’; lo anterior, toda vez que “las dudas, la incertidumbre y el miedo, son sentimientos humanos básicos ante una situación desconocida y nueva, como ocurre ante cualquier cambio de nuestra vida”.

En el ámbito de nuestra vida en sociedad, ocurre algo parecido: La pandemia nos ha permitido darnos cuenta de la existencia de diversas instituciones políticas que son notoriamente anacrónicas y obsoletas; como lo es la integración del Poder Legislativo Local.

Y si bien es cierto que no es posible proscribirlas; resulta urgente exigir -a través de la participación ciudadana- su modernización, acorde a las condiciones actuales de una sociedad afectada por el desempleo y la corrupción oficial. 

En efecto, el pésimo desempeño legislativo de los diputados que integran la presente Legislatura ha demostrado que 33 diputados son una cantidad excesiva; al extremo de que, hoy en día, es una frase coloquial afirmar que 33 diputados “son una manada”.

Por lo cual durante el proceso electoral se presentará una iniciativa popular para reformar la Constitución del Estado para proponer la reducción del número de diputados a 25: 15 de mayoría relativa y 10 ‘pluris’.

Al respecto, debe precisarse que las diputaciones plurinominales no deben de eliminarse, dada cuenta que se estaría eliminando la posibilidad de darle voz a las ‘minorías’ sociales, representadas por los partidos de oposición.

Con la reducción parlamentaria que se propone, el ahorro del erario estatal sería considerable, dada cuenta que, adicionalmente, se eliminarían las ‘asesorías’ legislativas que no son más que burdos pagos por servicios políticos y/o electorales.

En términos parecidos, habremos de proponer la reducción de magistrados electorales, de 5  a 1. No es posible que 5 magistrados ganen más de 150 mil pesos mensuales, sin realizar función pública alguna durante dos años y medio; mientras miles de trabajadores chihuahuenses carecen de trabajo y, por ende, se encuentran imposibilitados para aportar el mínimo sustento a sus familias.

Por otra parte, la propuesta de reestructuración parlamentaria se justifica dada cuenta que en los próximos días el INE habrá de aceptar nuevos partidos políticos nacionales (¿5?); y en consecuencia, los nuevos grupos parlamentarios habrán de modificar la estructura y funcionamiento del Congreso.

Una de ellas, que habrá de ser motivo de confrontación política en los próximos días, es la relativa al nuevo presidente de la Mesa Directiva del Congreso (MD), regulado en el ART. 61 de la Constitución Local: … “La MD se elegirá por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, dentro de los diez días previos al inicio de cada año legislativo”.

Yo me pregunto: si a escasos siete días del inicio del período ordinario, la integración de la MD aún no está consensuada, toda vez que los diputados panistas y los diputados rémoras harán todo lo posible para evitar que un diputado de Morena la presida; ¿Cuál diputado –no moreno– será el próximo presidente de la MD?