Chihuahua, Chih.
«La presidenta sabía que yo no estaba enterada del operativo, ni de los agentes norteamericanos… Ellos ya sabían ‘del’ fiscal, ellos ya lo sabían. Ellos lo tenían perfectamente claro, que había una presunción de delitos federales, de tipo penal, que estaban investigando…»: Maru Campos, gobernadora de Chihuahua.
Todo transcurría con una más que evidente ‘anormalidad’.
Detenido el ex fiscal César Jáuregui por las fuerzas locales, luego por las federales, todo el país era surcado por la cuasi certidumbre de un probable ‘pacto’ entre la gobernadora Maru Campos y la presidenta Claudia Sheinbaum, reforzada por las repetidas aseveraciones de la presidenta en las que la exculpaba de los hechos acaecidos en El Pinal y la participación de los agentes norteamericanos en ellos.
La gobernadora no estaba al tanto de ello, repetía la mandataria.
¿Sería que al día siguiente de las afirmaciones de la presidenta Sheinbaum, en una conferencia de prensa, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, afirmó que la gobernadora Campos era «cómplice de César Jáuregui»?
¿Qué ocurrió?
Luego de eso, el país presenció, asombrado, la manera en que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, primero, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, revelaron el contenido de una conversación privada sostenida entre ellas el 19 de septiembre en una sala del aeropuerto de Juárez.
De manera inédita, la gobernadora de Chihuahua relató que había sido una reunión en la que los gritos y los reclamos habían ocupado por lo menos 10 minutos de la hora que duró la entrevista, culminada, de acuerdo con el relato de Maru, prometiéndose trato ‘institucional’, pero con una frase atribuida por Maru a Claudia, que resultó ser un elogio para la chihuahuense, pues le dijo: ¡No tienes un pelo de pendeja!
La presidenta no refutó este último hecho.
Pero más allá de lo sorprendente de este evento, lo cierto es que, seguramente el objetivo planteado por la mandataria de Chihuahua, al develar el contenido de la conversación y ampliarlo en una gira mediática celebrada el viernes en la Ciudad de México, resultó ser, paradójicamente, todo lo contrario a los pretendidos (suponemos) objetivos de esa gira.
Porque en el curso de las descripciones de la conversación, por una u otra, aparecieron, nítidas, dos conclusiones.
Una, que ambas coincidieron en que Maru no sabía del operativo, ni mucho menos, de la presunta participación de agentes norteamericanos en él; pero lo más importante de estos relatos, segundo, fue que ambas coincidieron en que Maru reveló ante la presidenta, el posible involucramiento de César Jáuregui en actividades delictivas, —les llamaron actos de corrupción—, entre ellos y así lo dijo la gobernadora, que «había comprado casinos» y que tenía relatos de personas que se habían acercado al Gobierno de Chihuahua para denunciar los actos de corrupción.
La gobernadora le dijo a la presidenta que el «que sí sabía de la participación de los norteamericanos era el exfiscal».
Como era lógico, la Presidenta le dijo que procediera en el ámbito local y que hablaría con la fiscala general de la República, Ernestina Godoy, para que la recibiera y le ratificara los dichos hechos ante ella.
En el transcurso de la tarde del viernes, la FGR difundió un comunicado en el que la fiscala Godoy informó que la gobernadora de Chihuahua le había transmitido lo mismo que a la presidenta, es decir, la comisión de presuntos actos de corrupción por el ex fiscal Jáuregui.
Lo sucedido, exactamente ocho días atrás, con la detención, primero, por la Fiscalía General de Chihuahua y luego por elementos de la FGR, no es más que la concreción de la conversación sostenida por las mandatarias en el aeropuerto de Juárez.
Eso se ha convertido en una verdadera implosión en el PAN de Chihuahua.
Y, probablemente, puede convertirse en uno de los factores que incida en una disminución de votos en el resto del país (especialmente en los lugares en donde será competitivo), porque no será fácil digerir, no sólo para los militantes del PAN, sino, fundamentalmente, para sus votantes, que una de las gobernadoras emblemáticas, por el relevante papel jugado por Maru, a partir del descubrimiento del narcolaboratorio, de Morelos, Chih., estuviera involucrada en los hechos ahora comentados.
Se había convertido en la bandera, —no sólo del PAN, sino de otras capas de la sociedad que podrían votar por el blanquiazul—, del contraste entre los gobiernos que estaban empeñados en combatir al crimen organizado, en tanto que algunos gobernantes de Morena estaban coludidos con el narcotráfico y recibían la protección y el cobijo del gobierno de la República.
Los casos eran emblemáticos, extremadamente contrastantes: Por un lado el de Chihuahua que desmanteló un narcolaboratorio (el especialista en seguridad, Alberto Capella, sostiene que el más grande en la historia) y por el otro, el de Sinaloa —Rubén Rocha Moya— perseguido por la justicia norteamericana por coludirse con el Cártel de Sinaloa.
De ese modo, se haría evidente, a los ojos del electorado, políticas tan distintas; pero si resulta que el fiscal del estado, al cual se usaba como bandera de esa política contrastante, resultó ser todo lo contrario, eso se convertiría en un verdadero golpe a la línea de flotación de la misma.
Peor aún, que eso tenga todos los visos de un acuerdo entre la gobernadora Campos y la presidenta Sheinbaum, deveras que se convierte en uno de los peores golpes que pueda sufrir el principal partido de oposición en México.
Podría ser, visto desde otro balcón, que Maru supiese que la FGR ‘vendría’ de todos modos por César y que decidió ‘adelantarse’.
Como fuere, la disputa panista por la alcaldía de Chihuahua, será un factor que no se puede desestimar y de hecho es el más presente en la intensa discusión suscitada al interior del partido gobernante en Chihuahua.
Más aún, estamos frente a la violación de uno de los principios fundamentales de las campañas electorales: No cometer errores. Cometerlos en cualquier campaña electoral, es altamente lesivo, pero hacerlo en una contienda en la que se apreciaba una extrema paridad de fuerzas, se convierte, casi, en el certificado de una segura derrota, en este caso a la gubernatura de Chihuahua.
Hasta antes de la revelación de la discusión del aeropuerto de Juárez, lo que teníamos era una especulación, sí, con evidencias muy claras, pero que al fin, y al cabo era una especulación; pero lo que ahora tenemos es la certeza, expresada por la gobernadora Campos, si se quiere, no de un acuerdo, pero sí de una ruta acordada por ambas, que llevaría a la cárcel a Jáuregui.
¿La merece?
Está sujeto a discusión, hasta ahora las evidencias contenidas (de acuerdo con los relatos de sus abogados, de los cuales Héctor Villasana merece del escribiente todo el crédito) no muestran su participación, en modo alguno, en el diseño, la preparación, la ejecución y la aprobación de la participación de los agentes norteamericanos en el operativo.
Todos podríamos preguntarnos ¿A poco no sabía?
Pues a lo mejor, pero la autoridad judicial tiene que demostrarlo sin ninguna duda.
Así, lo que ocurra en la audiencia de vinculación a proceso, programada para iniciar a las cinco de la tarde de ayer sábado, y que probablemente termine varias horas después, seguramente para cuando ustedes esté leyendo el presente artículo, ya se sabrá si Jáuregui fue vinculado a proceso o no, y si durante esa audiencia, o poco antes, le fueron notificadas las denuncias por otros hechos, los revelados de manera irregular por las mandatarias.
Porque el hecho de que las dos hubiesen anunciado que había otras carpetas de investigación, que hubiesen revelado también el contenido de las acusaciones, si contáramos con un Poder Judicial Federal confiable, podrían ser esgrimidas como hechos violatorios del debido proceso de César y, por lo tanto, desechables.
¿Hasta dónde pretende llegar la 4T en la acusación de traición a la patria.? ¿De dónde acá al desmantelar un narcolaboratorio, en el que participaron más de 100 elementos federales y estatales, cuatro agentes norteamericanos podrían influir para que Jáuregui y los demás oficiales cometieran el delito de traición a la patria? ¿Cómo qué, a lo mejor declarar al municipio de Morelos, ‘territorio libre asociado de los EEUU’?
¿Y los militares que participaron en el operativo y sus jefes que fueron informados que irían, porqué no están bajo proceso o investigación?
¿Y los jefes militares que fueron informados posteriormente de los hechos, porqué no son llamados a declarar sobre ellos?
¿O será que la cúpula militar sí está cuidando la continuidad de la coordinación con las dependencias norteamericanas?
Desde la academia, la oposición, los especialistas en seguridad e infinidad de voces públicas lo sostienen, es una sola postura, no hay sustento para la acusación de traición a la patria.
A lo más que puede llegar la autoridad judicial, si demuestra que César Jauregui hubiese intervenido de alguna manera, sería sólo una violación a la ley de seguridad nacional, cuya penalidad no se compara pues por el incumplimiento de entrega de información (los datos obligatorios) a las bases informáticas de seguridad nacional, alcanzaría de 1 a 4 años de prisión y multas de 100 a 600 UMA, pero deberían demostrarle que hubiese cometido esa falta de manera dolosa y reiterada.
Imagínense, si Vicente Fox no hubiese propuesto y el Congreso de la Unión no hubiese aprobado la modificación a la ley que castigaba con pena de muerte la traición a la patria, en estos momentos estaríamos frente a numerosas manifestaciones, exigiendo que no se le aplicara ese artículo a César Jáuregui.
Por mientras, a cuidarse de las infidencias, suelen ser extremadamente costosas.
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