Chihuahua, Chih.

“La Estrategia sin táctica es el camino mas lento hacia la victoria: Las tácticas sin estrategias son el ruido antes de la derrota”. Sun Tzu

El operativo criminal en contra el jefe de la policía de la CDMX, Omar García Harfuch, el viernes 26 de junio, realizado por un grupo de Sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) que dejó un saldo de 3 muertos – dos escoltas y una vendedora de tamales-- e hirió con tres balazos al jefe de policía, fue, según Edgardo Buscaglia—asesor de seguridad en 118 países-- una acción para demostrar el poder  de ese cártel y las de sus redes criminales y “arrodillar al Estado Mexicano”, según dijo, una entrevista con Carmen Aristegui.

Tan convencido está de ello, que reveló sin tapujo alguno, que servicios de inteligencia de un país extranjero (se abstuvo de identificarlo) captó un audio del CJNG en el que se menciona que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador “está incluido en una lista de funcionarios amenazados de muerte por el Cártel Jalisco Nueva Generación”, entre  ellos, Santiago Nieto  director de la Unidad de Información Financiera,  Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores y  Alfonso Durazo (Secretario de Seguridad Pública). 

Esto significa, le expuso, que el “Estado está comenzando a causarle dolor a un grupo criminal, que es mafia, que significa una organización criminal que tiene una dimensión política, una dimensión judicial dentro de ésta; una dimensión empresarial que les da los camiones, los vehículos; una dimensión de sociedad civil que es la que usan para capturar a la población con agua, medicina; y una dimensión de sicarios que es la que viste el viernes”.  

Y le explicó a Aristegui: “El cartel Jalisco estaba siendo embestido por el Estado Mexicano por el congelamiento de cuentas y denuncias interpuestos por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera”, que agregó, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero ha desdeñado lo que ha generado un “vacío institucional”.

“El Estado tiene que acelerar extradiciones, el procedimiento penal de las mas de 100 denuncias del doctor Nieto y desmantelar este cáncer” ya que “necesitamos que se procesen a políticos y empresarios vinculados al crimen”. 

Buscaglia cuestionó el artículo de Gertz publicado ese día en la Jornada intitulado “En defensa propia” en el que abordó precisamente el tema de la delincuencia organizada. “Es un insulto que un fiscal describa una red criminal y se quede indignado”, dijo. 

Difícil saber si al presidente se le informó de esa presunta amenaza a su persona y colaboradores. 

Se lo hayan advertido o no, el presidente no desistió de la gira que tenía programada en los Estados de Guanajuato, Jalisco y Colima, entidades que el CJNG tienen bajo su control, como es de dominio público, a tal grado que incluso difundieron un video en el que alrededor de 80 sicarios con uniformes militares, vehículos blindados, armas de alto poder, los cuales, entre gritos y balazos al aire, rindieron tributo a Nemesio Rubén Oceguera Cervantes (a) “El Mencho”, líder de ese cártel.

El video se hizo viral en redes sociales y medios de comunicación, pues la mayoría de quienes lo difundieron y publicitaron lo calificaron como un “desafío al gobierno de la República”. 

Los secretarios de la Defensa Nacional y de Seguridad Pública, ipso facto, se dieron a la tarea de investigar si era o no un montaje, en qué lugar se grabó, cuándo y con qué fines. 

El General Crescencio Sandoval González aseveró que el video referido fue grabado el año pasado en festejo del cumpleaños del “Mencho”, lo cual es cuestionable,  pues un día después se difundió otro video en el que el CJNG, aclara que “la Guerra” no es con el gobierno de la República, sino en contra José Antonio Yépez (a) “El Marro” líder del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), con el cual han sostenido cruentos enfrentamientos. 

Sean peras o manzanas, de lo que no hay duda es que López Obrador, lejos de intimidarse, advirtió durante su gira a los mandatarios estatales y al CJNG: “Quiero que se escuche bien y se escuche lejos. No vamos a negociar con la delincuencia. Vamos a actuar con estricto apego a la ley”, dijo en el acto de inauguración de un cuartel de la Guardia Nacional en el municipio de Zapopan, colindante con Guadalajara, capital de Jalisco. 

Pero no solo eso. Reiteró una vez más en su conferencia mañanera que no iba a desplegar una guerra contra el narcotráfico, como se lo han reclamado gobernadores panistas y supuestos expertos en materia de seguridad.  

Su estrategia es otra: abatir la violencia de arriba hacia abajo, esto es, desmantelar la mafia del poder de la que forma parte la delincuencia organizada, mediante el combate a la corrupción y la impunidad. 

Tan es así que a “la chita callando” puso en marcha varias tácticas para lograr su objetivo. 

Aceleró la extradición de Emilio Lozoya para que revelara como “testigo colaborador”, las entrañas de la corrupción del caso Odebrecht y la compra millonaria de una planta destartalada del dueño de Altos Hornos, preso en España, y en paralelo, someter a proceso jurídico penal a la larga lista de funcionarios de gobierno, políticos, dirigentes partidistas, que recibieron sobornos en apoyo a la fatídica Reforma Energética, que los enriqueció y causó un grave daño a la nación y a los ciudadanos. 

Esa táctica se amplió con la captura y detención en Florida del ex gobernador de Chihuahua César Duarte, el cual “va a cantar todo lo de la Operación Zafiro “, si es extraditado a México a fines de este mes o principios de Agosto como está previsto; la de Tomás Zerón, operador de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, que está escondido en Canadá y de ser detenido y trasladado a México, va a echar por la borda a todos aquellos que inventaron la “verdad histórica” de esta tragedia, y como postre, las declaraciones de García Luna en torno a la Operación “Rápido y Furioso” la que armó a los cárteles de la droga de Cd. Juárez y Sinaloa, de la que Felipe Calderón sostiene que no tuvo conocimiento.

Esos procesos legales en ciernes, se convertirán sin duda alguna en “Maxi-Procesos” históricos y, quieran o no, serán “el principio del fin de la “mafia del poder”, pues como bien dice Buscaglia, esa es “la única manera de prevenir que esta organización (CJNG) cumpla con su objetivo (atentados criminales), y desmantelar la cabeza política, judicial, empresarial y de sociedad civil del grupo criminal, de la delincuencia organizada. 

Para que esta estrategia funcione se requiere, sin embargo, ir más allá de los testimonios y pruebas. La Fiscalía General debe dar cauce jurídico y procesar las decenas de denuncias que la UIF ha investigado y ha cancelado a los imputados miles de millones de pesos ilícitos de empresas fantasmas y organizaciones criminales y actos de corrupción de funcionarios.  

También es urgente que se reforme y limpie el sistema del poder judicial y se establezca una política de seguridad interior, que el Programa para la Seguridad Nacional (2014-2018) definió como un eje fundamental del Estado para salvaguardad la seguridad de los ciudadanos y la promoción del desarrollo nacional mediante el mantenimiento del estado de derecho en concordancia con los principios constitucionales, el sostenimiento de la gobernabilidad por medio de la vida democrática en todo el territorio nacional y garantizar el desarrollo económico y cultural del país.

A las fuerzas armadas y militares les corresponde salvaguardar la soberanía nacional, pero también, la seguridad interior, ya que la delincuencia organizada ya es un riesgo para los ciudadanos y el Estado. El presidente lo ha entendido. No es casual el que haya ordenado que la Marina y el Ejército asumieran el control y la vigilancia de los puertos y aduanas marítimas y terrestre para poner freno al contrabando y el tráfico de drogas, y la trata de personas y niños, lo que considero son ejes fundamentales para consolidar la estrategia de poner freno a la corrupción y la impunidad.

La seguridad pública, por su parte, debe ser endosada a las corporaciones policiales estatales y municipales que constitucional y jurídicamente tienen la responsabilidad de prevenir, contener, investigar y sancionar los delitos del orden común, así como garantizar la paz pública, la libertad, integridad y derechos de los ciudadanos y, por supuesto, la violencia de género, la discriminación social y racial.

Esto es factible si se articulan debidamente los órdenes de gobierno y si, al mismo tiempo, en cada uno de ellos participan los tres poderes, mediante el diálogo y la colaboración permanente que se tenga entre todos los entes públicos competentes, pero también, entre las instituciones y los actores políticos con la sociedad y/o comunidad mexicana. 

Veremos y diremos, si la estrategia de Sun Tzu triunfa o fracasa.