Chihuahua, Chih.
En varios momentos de la historia reciente del neoliberalismo en México, Ciudad Juárez se ha convertido en un laboratorio urbano en el que se experimenta de manera dolosa con la precariedad, la pobreza y la muerte. En la década de 1990, esta ciudad fronteriza fue señalada como el icono de los feminicidios. En Juárez se han hecho presentes un conjunto de factores económicos, sociales, políticos y culturales, que fueron detonantes de los feminicidios.
A su vez, en los primeros años del siglo XXI, Juárez ha quedado marcada por una oleada de asesinatos relacionados con el crimen organizado. El hecho de ser frontera con los Estados Unidos, el avance creciente del narcotráfico, la corrupción gubernamental y las condiciones de marginación socioeconómica, han sido el caldo de cultivo de miles de asesinatos que no se detienen todavía.
En el caso de los feminicidios en Juárez, se ha señalado una correlación directa con la industria maquiladora. De los feminicidios cometidos en esta ciudad entre los años 1993 y 2010, se identifican 46 mujeres que laboraban en la maquila (“Geografía de la violencia en ciudad Juárez, Chihuahua”, Cervera Gómez y Monárrez Fragoso, 2013).
En los meses de la pandemia, de nueva cuenta la industria maquiladora en ciudad Juárez es uno de los principales factores que se conectan con la muerte. Son numerosas las denuncias en la prensa y las redes sociales, que han dejado en claro las responsabilidades de la industria maquiladora en los contagios y las muertes causadas por el Covid 19.
Este comportamiento no es exclusivo de Juárez. En el estado de Baja California, del total de 532 fallecidos por Covid 19, las autoridades de salud reconocen que 432 casos eran trabajadores(as) de la industria maquiladora. (“Suman 432 muertes por Covid-19 en maquiladoras de BC”, La Jornada, 16 de mayo 2020). En Tamaulipas, las autoridades de salud reconocen 45 muertes de obreros(as) de la maquila por causa del Covid-19 (“Salud confirma 45 casos de covid-19 en maquiladoras de Tamaulipas”, Milenio, 25 de mayo de 2020). Es muy factible, que ante la relatividad de las cifras informadas, los números sean mucho mayores.
En el estado de Chihuahua, las cifras de obreros(as) de la maquila fallecidos por Covid 19 son imprecisas. El 12 de mayo pasado, los trabajadores(as) de la maquila en ciudad Juárez se movilizaron para exigir a las autoridades que se diera a conocer el número real de muertes por Covid 19 entre los obreros(as). Una semana después, los trabajadores(as) de esta industria se movilizaron por segunda ocasión, exigiendo transparencia en la información oficial y respeto a sus derechos laborales. De manera extraoficial se ha denunciado que en Juárez, las muertes de obreros(as) de la maquiladora son alrededor de 200. Pero no hay datos confiables.
En los mecanismos legales que las autoridades federales y locales establecieron para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores de la maquila durante la pandemia, se hicieron presentes contradicciones que permitieron que esta industria siguiera activa.
El Decreto Federal publicado el 31 de marzo de 2020, no considera que las maquiladoras sean una “actividad esencial”, salvo que se ocuparan de la fabricación de insumos médicos o farmacéuticos, que se dedicaran al sector energético o alimentario, o que se relacionaran con la prestación de los servicios básicos de subsistencia.
Por su parte, el Decreto del Gobierno del Estado el 25 de marzo de 2020, considera en su cuarto punto que “se permitirá la operación” de la “Industria de manufactura”. El decreto emitido localmente autorizó de manera generalizada que las empresas maquiladoras y otras dedicadas a la manufactura, siguieran trabajando
Es obvia la contradicción entre el Decreto Federal del 31 de marzo y el Decreto Estatal del 25 de marzo, sobre permitir o no permitir, que la industria maquiladora continuara laborando en el estado. Para dejar en claro esta contradicción, bastaba con asumir que una norma federal posee un rango de aplicación que se sobrepone a una norma estatal.
El gobierno local rectificó con un segundo decreto publicado el 19 de abril. Esta segunda norma de aplicación local, reconoce las “actividades esenciales” y deslinda las “actividades no esenciales”, tal como quedaron precisadas en el Decreto Federal del 31 de marzo. De esta forma, casi un mes después, quedó resuelta la contradicción entre la normatividad federal y la normatividad estatal sobre las empresas que se dedican a las actividades no esenciales. 
Pero, más allá de la formalidad legal establecida en las normas federales y estatales, es notoria una actitud política permisiva y displicente, tanto del gobierno de López Obrador como del Gobierno de Javier Corral. En los hechos, un número considerable de maquiladoras instaladas en ciudades del norte del país, siguieron trabajando y dieron lugar a la proletarización de los contagios y de la muerte por Covid 19.
Para obligar a que se aplicara la suspensión de actividades no esenciales en Chihuahua, un particular interpuso un amparo reclamando que las autoridades locales actuaran para que este tipo de empresas dejaran de trabajar: “Ana Luisa Herrera Laso, secretaria del Trabajo y Previsión Social, informó que se atendió el amparo promovido por un particular en contra de omisiones por parte de esta dependencia respecto a las medidas sanitarias que se debe cumplir en centros laborales y, sobre todo, al cierre de actividades no esenciales.” (“Suspende Secretaría del Trabajo a 102 negocios no esenciales”, El Heraldo de Chihuahua, 28 de abril de 2020).
El hecho de que un particular reclame mediante un amparo que el gobierno local o federal cumpla con la aplicación de un decreto que emitió días atrás, es un comportamiento kafkiano en la aplicación de la justicia, que hace visibles dos cosas: la situación paradójica de un gobierno que emite una norma que luego incumple y, la presencia de la impunidad que se convierte en un lugar común a la vista de todos.
Hacia finales de abril pasado, la Secretaría del Trabajo en Chihuahua detectó 102 empresas en el estado dedicadas a actividades no esenciales que desobedecieron los decretos emitidos. En Juárez, se detectaron 28 empresas de actividades no esenciales que continuaron trabajando. En esta ciudad fronteriza, de los 300 mil obreros(as) que laboran en el sector manufacturero, 140 mil que trabajan en empresas que se dedican a actividades no esenciales siguieron trabajando (“Continúan abiertas en Juárez 28 fábricas con labores no esenciales”, La Jornada, 18 de abril de 2020).
Durante el mes de mayo, a pesar del amparo que se interpuso para que las autoridades de la Secretaría del Trabajo en el estado obligaran a las empresas no esenciales a cerrar, un considerable número siguieron funcionando en las ciudades de Chihuahua y Juárez.
Hasta el momento, se desconocen los datos certeros sobre los efectos que ha causado el Covid 19 en las maquiladoras que siguieron trabajando en Chihuahua.
No se saben con certeza:
A) El número de trabajadores de la maquila que se contagiaron de Covid 19 y lograron recuperarse.
B) El número de familiares de obreros(as) de la maquila que resultaron contagiados y afectados.
C) El número de obreros(as) de esta industria que se enfermaron y murieron a causa de este padecimiento.
Es obvio que las autoridades locales y federales están ocultando información. Desde luego, que también se desconoce el sufrimiento y el dolor que esta situación ha generado entre miles de obreros(as) y sus familias en Juárez y en otras ciudades del país.
En la proletarización de la enfermedad y de la muerte a causa del Covid 19, hay una responsabilidad directa de los gobiernos federal y estatal. La negligencia gubernamental se puede interpretar como una omisión de responsabilidades que resulta dolosa.
En lo que sigue, quedan un cúmulo de incertidumbres. ¿Si los gobiernos estatal y federal, fueron incapaces de cumplir con la normatividad que emitieron en los meses más duros de la pandemia en México (abril y mayo), serán capaces de cumplir con la normatividad en los meses en los que se plantea el retorno a una “nueva normalidad” (junio, julio, agosto…)?